EL GOBIERNO MUEVE SUS PIEZAS

Según analistas, tiene 12 meses para mostrar resultados antes de la elección.

Según explicitó el gobierno, el objetivo es que todas esas iniciativas sean aprobadas antes de fin de año.

"El gobierno no perdió tiempo: cuenta con 12 meses para aprobar reformas antes de que la disputa política vuelva a crecer por las elecciones presidenciales de 2019. Serán meses fundamentales porque en Argentina se discutirán temas que no se debatieron por años", dijo Juan Germano, director de Isonomía Consultores.

Pero la urgencia de la administración Macri no solo obedece a una estrategia política dirigida a aprovechar el desconcierto de la oposición tras su derrota en las elecciones, sino también a la necesidad de empezar a dar respuestas a las dificultades que genera el actual esquema económico.

"El objetivo es que la baja de impuestos y de las cargas laborales a las empresas le otorguen más atractivo a las inversiones y mayor competitividad a sectores que están sufriendo el alza de costos por el atraso del tipo de cambio", dijo Miguel Zielonka, director asociado de la consultora Econviews.

Descartada la opción de un ajuste fiscal abrupto —política y socialmente inviable en un contexto con casi el 30% de la población por debajo de la línea de la pobreza—, al gobierno de Macri le queda un sendero estrecho por donde avanzar.

Por un lado, para incentivar las inversiones, apuesta a reducir la presión impositiva, que pasó durante la gestión kirchnerista del 24,3% del PIB en 2004 al 32,1% en 2015, un nivel similar al vigente en los países más ricos del mundo y diez puntos más que el promedio de América Latina.

Pero, por el otro lado, esa baja de impuestos debe ser gradual para no profundizar más el rojo de las cuentas públicas, que este año será el equivalente al 4,2% del PIB.

Un ejemplo de ese lento camino elegido por el gobierno es la reducción del 35% al 30% de la alícuota del impuesto a las Ganancias para empresas que reinviertan sus utilidades a partir del año próximo. La alícuota bajará al 25% a partir de 2020, según el proyecto enviado al Congreso.

También habrá una disminución gradual de las alícuotas de Ingresos Brutos, un impuesto que encarece todas las etapas de producción y comercialización.

Este paulatino recorte de los costos a las empresas buscará ser compensado con un alza de los gravámenes a la renta financiera y a los patrimonios, además de la suba de tributos a productos "no saludables", como las bebidas alcohólicas y azucaradas.

"La reforma tributaria es una baja gradual de impuestos a las empresas financiada con una suba de impuestos a las personas. Argentina está en una situación en la que no se puede dar el lujo de bajar los tributos. La presión impositiva es alta, pero el déficit fiscal también lo es", señaló Zielonka.

Con subas y bajas en los gravámenes que tendrán un efecto casi neutro sobre las cuentas públicas, buena parte de los recortes para alcanzar la meta de reducción del déficit fiscal al 3,2% en 2018 recaerá en la baja de los subsidios a la energía y al transporte —con la consiguiente suba de tarifas—, y en un cambio a la fórmula automática con la que se aumentan las jubilaciones y los planes sociales desde 2009.

Con ajustes que pasarían a ser indexados por el índice de precios al consumidor más las variaciones salariales, el aumento de las jubilaciones en marzo próximo sería del 5,7%, lejos del 12% que tendrían de mantenerse la actual fórmula de ajuste. Con esta modificación, el gobierno se ahorraría el año próximo el equivalente a 0,4% del PIB.

Al igual que la reforma tributaria, los cambios en materia laboral también buscan reducir cargas para las empresas con el objetivo de impulsar las inversiones. En ese sentido, habrá rebajas de cargas y aportes patronales en un plazo de cinco años, además de modificaciones en el régimen de indemnizaciones por el que los trabajadores pueden reclamar por las prestaciones ajenas al salario básico. Cuando presentó la reforma semanas atrás, Macri dijo que había "una mafia" dedicada a los juicios laborales.

La interrogante es si los cambios propuestos serán suficientes para compensar el incremento de los costos de producción dado el creciente atraso del valor del dólar frente a la inflación.

Desde la llegada de Macri al gobierno, el plan de reducción gradual del déficit fiscal viene siendo financiado con emisiones de deuda en el exterior. En los últimos dos años, las colocaciones en los mercados internacionales de bonos del gobierno nacional, sin contar a las provincias, sumaron US$ 42.000 millones. Con eso, el gobierno evitó la adopción de una estrategia de shock para corregir los severos desequilibrios heredados del kirchnerismo.

No obstante, esa medicina también tiene efectos colaterales. Para que la oleada de divisas que ingresa a Argentina por las emisiones de deuda no atrase más el tipo de cambio, el Banco Central (BCRA) emite pesos y compra dólares al Tesoro. Pero, para que esa emisión no complique los ambiciosos objetivos fijados por la autoridad monetaria de reducción de la inflación (17% para este año y 10% para 2018), el BCRA retira esos pesos del mercado mediante la oferta de títulos públicos con tasas de interés muy elevadas. Esas tasas (28,75% anual frente a una proyección inflacionaria del mercado de 17,3% para los próximos 12 meses) atraen inversiones especulativas que se posicionan en pesos para sacar rédito del dólar planchado, lo que termina retroalimentando el círculo.

En lo que va del año el dólar acumula una suba de 10%, mientras que la inflación ya subió 19,5%. Si la comparación se extiende a diciembre de 2015, tras la apertura del cepo, el atraso cambiario alcanza al 38,2%, según el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), de la Universidad de Belgrano. Las consecuencias son evidentes. Entre enero y octubre, por ejemplo, el déficit comercial fue de US$ 6.196 millones, récord histórico para ese período impulsado por la suba del 18,9% de las importaciones.