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Reclaman cambios en Ley de Inclusión Financiera para equipararse a cooperativas de consumo

El nivel de endeudamiento de las familias en relación a sus ingresos ronda el 27%, según información del Banco Central del Uruguay (BCU), que incluye préstamos con bancos, administradoras de crédito y créditos hipotecarios.

Si bien esta cifra no ha registrado incrementos importantes en los últimos años, una de las principales acciones del actual Gobierno es que se mantenga en estos niveles.

Entre las iniciativas que implementó para lograrlo, estableció en la Ley de Inclusión Financiera que se modifique el porcentaje intangible del sueldo o jubilación -monto que no es pasible de retención-.

En concreto, se estipuló que aumente gradualmente el mínimo de cobro de las personas de un 30% a 50% para las cooperativas no incluidas dentro del u201cacto cooperativou201d u2014concepto jurídico que define la relación entre los socios y la cooperativau2014, como las de ahorro y crédito.

Ante el planteo de la cooperativa Cossac, junto con la Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización (Cucacc) y el sindicato bancario (AEBU), se logró revertir este escalonamiento en la Cámara de Diputados y Senadores. Lo estipulado era que el monto del 30% del intangible en 2015 subiera 5% cada año hasta llegar al 50% en 2018.

No obstante, el Banco de Previsión Social (BPS), institución encargada de descontar directamente de las jubilaciones los préstamos tomados por pasivos, se retrasó en la implementación  e hizo un aumento único en febrero al subirlo al 45%.

Esto acarreó importantes consecuencias tanto para los tomadores de préstamo como para las cooperativas de ahorro y crédito. El Parlamento entendió lo perjudicial de este incremento y, consultando al Ministerio de economía, aceptó reformar el cronograma original para volver al primer escalón del 35%, aumentando recién en 2019 al 40%, 2020 al 45% y 2021 al 50%.

CONSECUENCIAS
u200bPara graficar su magnitud, la maestra y gerente de marketing de la cooperativa Cossac, Karina Spósito, señaló a El País que en febrero (mes en el que el BPS aumentó el porcentaje a 45%) pasaron de recibir $ 15 millones por préstamos otorgados a socios jubilados a $ 11 millones, lo que significa una pérdida de US$ 5 millones. u201cEsta diferencia es por los socios que se atrasaron o directamente no podían pagarlou201d, puntualizó.

El hecho de que se haya accedido a cambiar los plazos para elevar el intangible es un alivio para las cooperativas, aunque Spósito lo definió como u201cuna muerte anunciada, pero a un plazo más largou201d.

A pesar de este logro, las cooperativas de ahorro y crédito siguen luchando por la equidad entre las de su clase. u201cEl acto cooperativo por definición es una relación entre un asociado y su cooperativa, ya sea de consumo como de ahorro y créditou201d, explicó la gerente de marketing de Cossac. Diputados aprobó esa solicitud, pero la Cámara de Senadores aún no. Es por eso que se sigue reaccionando en defensa del cooperativismo, remarcó Spósito.

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CUIDAR LAS TASAS
Spósito comparte la idea del Gobierno de proteger a las personas para evitar el endeudamiento, pero considera que esta no es la mejor forma para hacerlo.

La aprobación de este inciso es muy importante porque así como está la ley expulsa del sistema cooperativo a muchos jubilados y pensionistas, pues no se les puede otorgar un préstamo con su salario. Esto provoca que en vez de solicitar un crédito en Cossac -con una tasa de interés de alrededor del 45%- recurran a otras entidades del mercado que cobran más del 135%.

u201cEntonces, esto es una diferencia notable y más en lo que refiere a sueldos bajosu201d, puntualizó. Agregó además que las personas que en su gran mayoría recurren a este tipo de servicios lo utilizan para pagar cuentas de luz o agua y no para darse lujos.

En este momento, están a la espera de que le habiliten la participación en la Comisión de Hacienda de Senadores para defender los principios y valores del cooperativismo.