A PARTIR DE 2018, LA CLAVE ES CÓMO

Analizan camino para debilitar algo más el secreto bancario

Gobierno evalúa posibilidades tras firmar Convención de asistencia tributaria.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Será la 10° vez que se flexibilice el secreto bancario desde que se instauró. Foto: G. Pérez

En el gobierno analizan cómo seguir "en la senda del debilitamiento del secreto bancario" —al decir del presidente del Banco Central Mario Bergara— a raíz de las nuevas exigencias que provienen del acuerdo multilateral de intercambios de datos tributarios.

El miércoles, Uruguay firmó la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y eso implica que la Dirección General Impositiva (DGI) deberá colaborar con un fisco extranjero cuando este lo solicite. Entonces el secreto bancario de los no residentes deberá ser levantado sin necesidad de autorización judicial como hasta ahora.

Además, Uruguay se comprometió el año pasado a que a partir de septiembre de 2018 intercambiará información tributaria en forma automática con otros fiscos. Esto implica que la administración extranjera no le requerirá los datos, sino que la DGI deberá enviar periódicamente la información.

Para adecuarse a ello, el Poder Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley que autorice el levantamiento del secreto bancario de no residentes sin autorización judicial previa.

El análisis en el gobierno es si ese levantamiento sin pasar por la Justicia, también se le da a la DGI para los residentes en Uruguay. Una línea de debate es que si se otorga la potestad a un fisco extranjero del levantamiento exprés del secreto bancario, también debería dársele a la DGI.

La otra tesis, es la de primero otorgar el levantamiento exprés como pide la normativa internacional para no residentes y luego analizar con más tiempo si también se otorga la posibilidad a la DGI para con los residentes, dijeron a El País fuentes del gobierno. Lo concreto es que en 2017, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento un proyecto para realizar una nueva flexibilización del secreto bancario (sería la 10ª desde que se instauró en 1982) al menos para los no residentes.

En octubre de 2015 el director para el Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pascal Saint-Amans, dijo a El País que "el secreto bancario para no residentes está llegando a su fin" aunque aclaró que "el secreto bancario para los uruguayos no es nuestro tema".

Para el profesor de Derecho Financiero y Tributación Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza, el levantamiento del secreto bancario "para colaborar solo con otros fiscos sería discriminatorio". Explicó que el cambio normativo debe permitir a la DGI "obtener información y utilizarla con residentes locales para impuestos en Uruguay".

En la misma línea se expresó el especialista en temas tributarios Leonardo Costa, socio del estudio Brum-Costa Abogados. Además, consideró que la eliminación del secreto bancario junto con otras reformas relacionadas que debe encarar Uruguay en el corto plazo, son "desde el punto de vista legal financiero el cambio más importante desde 1982 (cuando se implementó por ley el secreto bancario)".

Las reformas complementarias a la flexibilización del secreto bancario que se aproximan en Uruguay son la incorporación a la legislación del delito fiscal como precedente del lavado de activos y la decisión de eliminar o no las acciones al portador.

Convención.

El abogado del estudio Bergstein, Guzmán Ramírez, dijo a El País que "como está planteado" el intercambio automático incluye solamente información financiera de los bancos y no otros datos como los inmuebles que poseen los extranjeros en nuestro país.

"Uruguay estará en contacto no con Argentina o España (con los que tiene acuerdos de intercambio tributario) sino con 77 países por ahora y potencialmente pueden ser más de 90", explicó sobre el número de Estados que suscribieron a la Convención. Otros países que se comprometieron a implementar al intercambio automático, optaron por no firmar este convenio multilateral y realizar acuerdos individuales.

Ramírez añadió que el intercambio será una vez por año y se efectuará en los nueve primeros meses del calendario. Esto implica que los datos que transferirá Uruguay en 2018, corresponderán a cuentas bancarias de 2017.

Al respecto, Costa advirtió que al momento le resulta "difícil de contestar" si los bancos y corredores de bolsa estarán en condiciones de cumplir con el pasaje de información para 2018. "El gobierno tiene intención de cumplir con estos tiempos, pero no será sencillo", manifestó Loaiza y apuntó que aparte de modificar el secreto bancario, se deberá reglamentar un nuevo sistema que elaboró la OCDE para unificar la transferencia de datos.

Otro aspecto que señaló Ramírez es que la Convención permite el intercambio espontáneo de datos tributarios.

Loaiza prevé que en Uruguay se avecina un debate acerca de la efectividad de flexibilizar el secreto bancario y adherir a los planes de transparencia fiscal de la OCDE, un fenómeno que también ocurre a nivel internacional.

Respecto a las críticas por la vulneración de derechos que implica levantar el secreto bancario, Loaiza explicó que los defensores de las políticas de la OCDE argumentan que aunque no hay intervención previa de la Justicia sí puede haberla posteriormente mediante la interposición de recursos administrativos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Asistencia para cobros fiscales.

Dentro de las múltiples instancias de cooperación que prevé la Convención a la que adhirió Uruguay aparece la asistencia en el cobro de créditos fiscales. Guzmán Ramírez de Bergstein Abogados explicó que la DGI deberá "cobrar las deudas que tenga un contribuyente o empresa extranjera" con el fisco de su país mediante el embargo de los bienes de su propiedad. "El fisco uruguayo hace suyo el crédito" de los fiscos extranjeros que también firmaron la Convención, detalló. Según los expertos, este tipo de cooperación tributaria no tiene hasta el momento una aplicación práctica en ninguna parte del mundo. El tributarista Leonardo Costa agregó que más que la efectividad real de la medida, se busca "transmitir una percepción de riesgo" a los evasores.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)