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Free shops en alerta por nuevo régimen brasileño

Vecino prepara puesta en marcha; gremial pide cambios.

Brasil bajará a US$ 150 el monto que sus ciudadanos pueden comprar. Foto: Archivo
Brasil bajará a US$ 150 el monto que sus ciudadanos pueden comprar. Foto: Archivo

Solo faltan los toques finales para que Brasil ponga en marcha un nuevo régimen de "tiendas francas", que se podrán instalar en las denominadas "ciudades gemelas" con sus países limítrofes, entre otros, Uruguay. El vecino norteño inició este camino en 2012, cuando su Congreso aprobó la ley que habilita la apertura de este tipo de comercios, y que se reglamentó dos años después.

De este lado de la frontera, los propietarios de las tiendas libres de impuestos (conocidas como free shops) aseguran que el régimen brasileño es una amenaza para su negocio. Las asimetrías entre el sistema uruguayo y el de la nación fronteriza son múltiples, dicen, pero la más preocupante y urgente es el hecho de que las autoridades brasileñas permitirán que los ciudadanos de ese país gasten hasta US$ 300 por mes en estas tiendas y recortarán hasta US$ 150 (desde los US$ 300 actuales) el monto que pueden gastar en los free shops uruguayos. De hecho, otra de las asimetrías señaladas es que, mientras el régimen nacional no permite que los uruguayos adquieran bienes en estos comercios, el brasileño sí permitirá que los suyos lo hagan en su país.

Brasil argumenta que esta decisión —que todavía no ha entrado a regir pero que, se estima, se efectivizará en los próximos meses— responde a que los países del Mercosur nunca subieron hasta US$ 300 la cuota de franquicia para el equipaje acompañado (como lo llama la normativa del bloque) sino que la mantuvieron en US$ 150 (el monto mínimo posible establecido por la normativa).

Una vez que estos comercios abran sus puertas al otro lado de la frontera, entonces, los brasileños podrán comprar por hasta US$ 300 en las tiendas francas que se instalen en su país y la mitad de esa cifra en los free shops uruguayos.

Por esto, la Cámara de Empresarios de Free Shops del Uruguay ha solicitado al gobierno uruguayo que estudie la posibilidad de elevar desde los US$ 150 actuales hasta US$ 300 el tope de compra para los uruguayos en estos comercios en Brasil. El anhelo detrás de esto es que el vecino, en respuesta, suprima el recorte anunciado para sus ciudadanos.

La gremial sostiene que esta medida norteña pegará en los free shops uruguayos de manera notoria, dado que casi seis de cada 10 ventas que realizan oscilan entre los US$ 200 y los US$ 300.

El secretario general de la gremial, Carlos Loaiza Keel, dijo a El País que el tema ya es una "prioridad" en la agenda bilateral con Brasil, al tiempo que subrayó la "receptividad" que han percibido desde filas del gobierno respecto a su planteo.

Loaiza Keel señaló que si bien todavía no existen certezas respecto al momento en que Brasil eche a rodar este sistema de tiendas —el obstáculo ahora es el desarrollo del software que, entre otros, permitirá controlar que nadie compre bajo este régimen libre de impuestos más de una vez por mes— se especula que podría ser a principios del año próximo.

En esta línea, comentó que todos los municipios brasileños fronterizos con Uruguay ya adoptaron las normas necesarias para las instalación de estas tiendas, e incluso empezaron a promocionar un paquete de beneficios para atraerlas.

Entre otras, las "ciudades gemelas" con otras uruguayas que podrían recibir estas tiendas francas son Aceguá (vecina de la ciudad nacional de igual nombre), Barra do Quaraí (separada por un puente de Bella Unión), Yaguarón (junto a Río Branco), Santana do Livramento (ubicada junto a Rivera) y Chuí (vecina de la localidad rochense).

La inminencia de la puesta en marcha del nuevo régimen brasileño encuentra el sector en un momento difícil. "La situación no fue buena en los últimos años, ahora apenas está mejorando", dijo Loaiza Keel.

Según datos de la gremial, los free shops dan trabajo en Uruguay a más de 5.000 personas, y el sistema explica arriba del 10% de la recaudación aduanera y el 0,2% de la de la Dirección General Impositiva (DGI).

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