CHOQUE DE FUERZAS

Se instala el debate en Uruguay: convenios colectivos o más flexibilidad

Argentina y Brasil ya hicieron reformas.

La industria automotriz es una de las ramas que se contrae. Foto: Archivo El País
Foto: archivo El País

Cuando Argentina se resfría, Uruguay estornuda". Eso versa un dicho popular que también en materia comercial podría ampliarse a Brasil, y resume el escaso margen de maniobra que muchas veces tiene el país ante la posición dominante de los dos grandes vecinos.

En los últimos meses, los gobiernos de ambas naciones anunciaron reformas en sus regímenes laborales —Brasil ya lo efectivizó y en Argentina aún está en etapa de negociación— bajo la premisa que les aportará una ganancia en términos de competitividad y en busca de hacerse más atractivos para los inversores. Ante ello surge la pregunta de si es correcto seguir el camino de los vecinos, o por el contrario la diferenciación regional favorece a Uruguay.

"Las últimas políticas (laborales) de Uruguay han tendido a dar mayor protección a los trabajadores y su poder de negociación. En los países vecinos, por el contrario, se busca quitarle peso a la negociación colectiva y a los sindicatos, para darle mayor validez a los acuerdos privados y más potestades a los empleadores", explicó el abogado Ignacio López Viana del Departamento de Servicios Legales de PwC.

Los cambios en la legislación laboral son reclamados desde hace tiempo por las cámaras empresariales y rechazados de forma inmediata por los sindicatos. Hasta el momento, la posición del gobierno ha sido cercana a los trabajadores, con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que cuestionó la flexibilización que emprendió Brasil ("voc abusó", dijo).

El punto central de la discusión parece ser la posibilidad de permitir acuerdos individuales o por empresas, por fuera de los regímenes de trabajo acordados por ramas de actividad en la negociación colectiva.

Hasta hace un tiempo, Uruguay integraba junto a Brasil y Argentina el grupo de países latinoamericanos con mayor tendencia a acuerdos laborales centralizados, es decir negociados para cada sector por los empleadores organizados y el sindicato (en el plano local la resolución es tripartita, con el gobierno incluido). "En gran parte de los países de América Latina hay sindicatos por empresa y domina la negociación por empresa, al menos en el sector privado. Y en lugares como Chile y Colombia se habilita la negociación con grupos de trabajadores no sindicalizados", analizó para el diario La Nación el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Luis Campos.

Pero los vecinos salieron de ese grupo (o están en vías) y los empresarios locales pretenden que se continúe por el mismo camino. Así lo manifestaron los titulares de las principales gremiales en un evento que los nucleó a fines de octubre y lo reafirmó en diálogo con El País el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo: "Dentro del paraguas de la negociación colectiva, si la persona quiere trabajar las 40 horas (semanales) en cuatro días o decir no voy el lunes y recupero las horas entre martes y viernes, o si quiere tomar su licencia en tres veces, que pueda hacerlo".

Corallo enumeró una serie de casos de este estilo que están impedidos hoy por la legislación vigente y planteó que a futuro se deberá avanzar hacia un debate entre empleadores, empleados y el gobierno sobre las relaciones laborales. Sostuvo que los cambios deben hacerse pensando "sobre todo en los chicos jóvenes, para que puedan decir yo trabajo en las horas que me conviene, fijo mis condiciones; no tomar la licencia cuando lo decidan otros o comer entre la cuarta y quinta hora (de la jornada laboral), entre tantas otras cosas".

Desde el Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, su director, Milton Castellano, respondió que la negociación colectiva fija "un piso mínimo para todos los sectores de actividad logrado en base a acuerdos, lo que brinda certezas y permite una mayor equidad en las relaciones laborales". Acerca de los planteos de reformas o flexibilización, dijo a El País que "no hay nada que lo justifique", porque en los últimos años Uruguay ha mantenido niveles de crecimiento económico y social, y "volver a una desregulación como en los 90 es un peligro".

Por su parte, Corallo señaló que "la negociación colectiva a veces favorece a las grandes empresas" de cada sector, pero "el 87% del aparato productivo de Uruguay son pymes" que pueden verse perjudicadas. A su vez, propuso que "si los trabajadores de una empresa están contentos sin sindicato, que puedan negociar en forma libre" y que dicho acuerdo sea avalado en los Consejos de Salarios, algo hoy no permitido.

Según Castellano, si existen problemas de representatividad en los sectores empresariales deben resolverlo a la interna de cada rama y subrayó que hoy día "son una realidad" los acuerdos para flexibilizar los horarios, pero aclaró que no es lo mismo "si se pretende abolir las ocho horas y trabajar 10 o 12 horas por día".

Los abogados Matías Pérez del Castillo y Gerardo Cedrola del estudio Pérez del Castillo & Asociados, expresaron en diálogo con El País que la legislación laboral es un aspecto clave que tienen en cuenta las empresas extranjeras a la hora de invertir en el país u otro sitio. En ese sentido, Cedrola dijo que "la negociación colectiva por empresas está más cercana a las necesidades" de cada compañía por ejemplo para aproximarse a indicadores como la productividad, y su colega agregó que este tipo de sistema brinda "un traje a medida" a nivel laboral para cada firma.

El director del Cuesta Duarte señaló que hay factores "que muchas veces están por encima de las relaciones laborales" para definir una inversión, como las certezas jurídicas o la transparencia del país. Añadió que la segunda planta de UPM no se haría "si el cuco de la negociación colectiva fuera una traba".

Asimismo, Cedrola aclaró que muchas veces el debate sobre una reforma laboral se encara "con una connotación negativa y se asocia con desregulación o pérdida de derechos, cuando no necesariamente es así", sino que se trata de analizar las reglas "que regulan el mercado de trabajo para hacerlo más eficiente".

El plan argentino para reducir los costos.

El director de la consultora argentina Abeceb, Dante Sica, dijo a El País que la reforma laboral presentada días atrás por el presidente Mauricio Macri apunta mayormente "a los costos extrasalariales que encarecen el mercado de trabajo: baja de aportes patronales para resolver el empleo informal, reducción de los costos por indemnización y una serie de medidas para bajar la litigiosidad y los juicios laborales (ante despidos), y un banco de horas que permite bajar el costo de las horas extras". Subrayó que el paquete de cambios legales "atiende cuestiones que de alguna manera generan esa dicotomía en el mercado argentino de tener costos laborales altos y salarios que muchas veces no cubren la línea de pobreza".

El especialista señaló que "hay un contexto bastante favorable" para la aprobación de la reforma ya que "podría contar con el aval de los sindicatos" y auguró que con su implementación "Argentina puede empezar a atenuar el impacto de la reforma brasileña en la captación de nuevas inversiones".

Entre otros puntos, la propuesta de Macri incluye reducir los beneficios a cobrar por los trabajadores a la hora del despido (ver cuadro) y reduce a un año —hoy día son dos— el plazo para iniciar demandas laborales. Según Sica, estos puntos "eran una fuerte preocupación del sector empresarial" y el nuevo panorama dejaría "en cierta condición de igualdad a trabajadores y patrones en los juicios laborales".

En el tema de los despidos también hay fuertes diferencias entre Uruguay y la región. El abogado Ignacio López Viana de PwC destacó que Uruguay planea adherir en 2018 a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "que obliga a los empleadores a justificar" cualquier cese unilateral de la relación laboral. Esto lo transformaría en el único país del continente en contemplar eso en su legislación.

Washington Corrallo, titular de la Cámara de Industrias, aclaró que la cuestión de las indemnizaciones por despido no es un tema que pretenda discutir en el marco de una reforma laboral. En el mismo sentido, opinó el abogado Gerardo Cedrola, quien dijo que "no hay problemas por ese lado" en la legislación local e incluso planteó que en la comparativa las leyes uruguayas en materia de despidos "podrían estar un poco rezagadas" respecto a la región.

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