ALERTAN SOBRE EL SECRETO PROFESIONAL

Abogados critican nuevas exigencias antilavado

Denuncian que se convertirán en delatores de sus clientes.

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Argumento: el proyecto mina la relación entre clientes y abogados. Foto: Shutterstock

Es inconstitucional, dinamitaría la relación entre los clientes y sus abogados y transformaría a estos últimos en Sherlock Holmes. Estos fueron algunos de los conceptos que se escucharon el miércoles en la Comisión Especial por los Panamá Papers que funciona en la órbita del Senado cuando concurrieron el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, César Pérez Novaro, y los especialistas en Derecho Tributario Alberto Varela y en Derecho Penal, Germán Aller. Los abogados estaban allí para dar su visión sobre el proyecto de ley a estudio del Parlamento que los convertirá en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero. Esto, argumentan, se haría a costa de violar la confidencialidad con sus clientes, convirtiéndolos en delatores.

Pérez Novaro indicó que el "Colegio de Abogados ha estado y está absolutamente en contra de toda limitación al secreto profesional o a la confidencialidad en la relación entre abogado y cliente". La suerte que correrá el nexo con los clientes en caso de aprobarse esta ley fue uno de los puntos en los que se hizo hincapié. Quienes necesitan los servicios de un abogado, agregó el presidente de la gremial, "deben tener la seguridad de poder acudir a él sin el menor peligro de que sus asuntos trasciendan a terceros en daño de sus intereses".

De acuerdo a Pérez Novaro, con esta iniciativa lo que se busca es establecer la "obligación del abogado defensor de delatar", y además "disimulando esa situación frente a su cliente, lo que viene a ser claramente una traición".

A su turno, Varela apuntó que "es imposible perforar el secreto profesional sin romper el derecho de defensa".

El profesional también fustigó las "profundas pesquisas y averiguaciones" relacionadas a diferentes aspectos de los clientes que este proyecto propone caiga en las manos de los abogados. Es, calificó, "una tarea digna de Sherlock Holmes".

Varela también expresó que el proyecto a consideración sostiene que el abogado deberá denunciar a su representado ante el Banco Central (BCU) "cuando sospeche que el cliente o sus bienes, o sus familiares, o los bienes de sus familiares pueden estar directa o indirectamente conectados con alguno de los más de 40 delitos que están previstos en el artículo 33". La sospecha aparecerá si la consulta planteada por el cliente involucra transacciones que son "inusuales", poseen una complejidad "inusitada" o no parecen tener justificación económica, explicó.

"En 32 años de ejercicio profesional casi todas (...) las consultas que me han hecho los clientes me han parecido inusuales, complejas y, además, de acuerdo a mi estropeado olfato para los negocios, estaban todas condenadas al fracaso; así que yo llevo tres décadas lidiando con operaciones sospechosas", señaló, y agregó que, de haber estado en vigencia esta ley, hubiera denunciado a muchas personas "honestas".

"El GAFI le pone un nombre a esto. Quiere que seamos gatekeepers, que en inglés suena bárbaro, pero en español quiere decir: portero, patovica, gorila o sacaborrachos. Ese es nuestro futuro", comentó. La posición del Colegio de Abogados, dijo, es que esta norma es inconstitucional, además de "evitable", porque no es cierto que Uruguay "sufrirá sanciones internacionales si no pone a cargo de profesionales las mismas obligaciones de control que fueron pensadas para los bancos".

En tanto, Aller comentó que si el proyecto se aprueba como está, llevará a los abogados a violar la Constitución. "Desde ya adelanto y advierto que no lo voy a cumplir y, de ser así, cesaré en el ejercicio de la abogacía, porque no nací para violar los deberes propios de mi profesión", dijo.

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