AFINANDO LOS CONTROLES

La academia apoya ampliar controles sobre SA de entes

Proyecto en el Parlamento incorpora buenas prácticas de gobierno y más.

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Alur: le vende biocombustibles a Ancap para que los mezcle con nafta y gasoil. Foto: Presidencia

Académicos especializados en temas de gobierno de empresas públicas de las principales universidades del país respaldaron una propuesta a estudio del Parlamento para ampliar los controles sobre las Sociedades Anónimas (SA) propiedad de entes estatales, que entre otras disposiciones establece que el Poder Ejecutivo debe autorizar expresamente su creación.

Citados por la Comisión de Hacienda del Senado para opinar acerca del proyecto de ley presentado por el legislador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, tanto Omar Paganini (ingeniero, vicerrector de Gestión y Desarrollo) de la Universidad Católica como Ignacio Munyo (economista, director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM) de la Universidad de Montevideo, apoyaron la exigencia de buenas prácticas de gobierno a este tipo de sociedades.

También el contador Fernando Lorenzo, que acudió en representación de la Universidad de la República y como integrante de un grupo que trabajó en el marco jurídico de las empresas públicas, avaló fijar mayores controles, aunque sostuvo que el foco debe ponerse en las empresas públicas y no en sus firmas subsidiarias.

La iniciativa de Delgado se centra en las SA de los entes que funcionan bajo el derecho privado —como ALUR o Ducsa en el caso de Ancap o la firma Gas Sayago que pertenece a la petrolera estatal y UTE—, que son unas 30 actualmente y escapan a los controles del Tribunal de Cuentas. A la vez, su creación es de-cisión exclusiva de la "empresa madre", que no tiene necesidad de un aval del gobierno de turno.

Por eso propone establecer que el Poder Ejecutivo las autorice a funcionar y deba informar del trámite a la Asamblea General, además que las SA tengan que adoptar obligatoriamente un catálogo de buenas prácticas de gestión y gobierno corporativo (como mínimo las exigidas por el Banco Central a las empresas para cotizar en bolsa) y que un porcentaje minoritario de las acciones deban abrirse mediante suscripción pública en el mercado de valores. Al comparecen hace unas semanas en el Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respaldó el proyecto a estudio.

"Cuando hablamos de privatizar o pasar al derecho privado, a veces nos da la sensación de que lo que estamos haciendo es darle muchísima libertad a quien la gestiona. De hecho, es lo que ha pasado. No hay un marco estructurado sobre cómo se rinden cuentas" bajo el esquema normativo actual, analizó Paganini. Definió la situación como "el peor de los dos mundos" porque se pierde transparencia en relación a una entidad estatal ante la flexibilidad de las normas al tiempo que "tampoco disponemos de los mecanismos de control modernos de derecho privado que existen en las corporaciones".

El académico de la Universidad Católica consideró "sano que se avance en la definición de marcos de acción para las sociedades anónimas" de entes que funcionan bajo el derecho privado, y aclaró que la solución no es prohibir esta práctica porque "obedece a la necesidad de tener agilidad, tiempos de respuesta y capacidad de gestión" por parte de las empresas del Estado.

Por su parte, Munyo citó un trabajo que realizó en el pasado tomando los principios básicos de buen gobierno corporativo avalados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde concluyó que "la enorme mayoría —diría que más del 90%— ya están establecidos en las normas del Uruguay, pero muchas veces no se terminan de cumplir". En base a ello, sostuvo que "hay un primer problema de voluntad, más que de cambios legales" para enderezar la conducción de las empresas públicas.

El profesor de la Universidad de Montevideo apoyó que parte del paquete accionario de las SA de los entes coticen en bolsa, porque "las empresas que son propiedad del Estado comparten características" con las firmas con diversos accionistas: sus dueños están muy diluidos y por tanto es necesario que cumplan con prácticas de buen gobierno para asegurar resultados.

El control y monitoreo de los entes que realiza actualmente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) fue evaluado como "indicativo" por Munyo, ya que "si no se cumple con lo que plantea (el gobierno), no pasa nada". Por eso pidió mayores capacidades para las tareas de contralor y añadió que "debería existir una penalidad explícita" para los directores de las empresas públicas o sus firmas subsidiarias que se apartan del catalogo de buenas prácticas de conducción.

En el mismo sentido, Lorenzo subrayó que "resulta necesario poner algún contrapeso o algún elemento de premio-castigo" para los controles de la OPP.

El representante de la Universidad de la República indicó que le parece "oportuna la preocupación" por el funcionamiento de las SA de los entes pero pidió "un abordaje más amplio" del tema. "La causa de algunas de las dificultades que se tienen con las empresas o sociedades anónimas con participación accionaria es el funcionamiento de las empresas públicas. Entonces, empezar a cuestionar las subsidiarias es comenzar por las consecuencias y no por las causas", manifestó.

Lorenzo dijo que "más que cuestionar el pasaje al derecho privado de las empresas, lo que debemos hacer es preguntarnos cuál es el marco jurídico" adecuado dentro del derecho público para que los entes puedan cumplir sus cometidos y funcionar bajo mayor flexibilidad. También Munyo y Paganini hicieron planteos en esa línea.

Rol y funciones bajo discusión.

El debate en la sesión atravesó temas políticos vinculados a las empresas públicas, sus inversiones y subsidiarias. En la Comisión está el expresidente José Mujica, quien planteó que "a veces los roles que les asignamos a las empresas públicas son contradictorios con el interés de un inversor privado" que no ve rentable por ejemplo electrificar un poblado alejado, y la compañía estatal sí lo realiza. Sobre esos casos, el oficialista Rafael Michelini dijo que "hay cosas que debería hacer el Estado y si la ejecución la hace una empresa pública pagarles desde Rentas Generales" para dejar en claro las funciones de cada uno. Para Mujica, esa frontera difusa también se debe a "que le hacemos cumplir a la empresa pública (un rol) que es socorrer a la caja central más allá de lo deseable".

N. de. la R: Por error en la nota original se refirió al contador y representante de la Universidad de la República, Fernando Lorenzo, como exministro de Economía y Finanzas cuando no lo es. El equívoco fue corregido en la versión actual.

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