ASSE

Acusaciones por competencia en residuos sanitarios

Fueron desestimadas por la Comisión de Defensa del MEF.

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Residuo: ASSE había licitado servicio de recolección y tratamiento. Foto: F. Flores

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia desestimó una denuncia por "precios predatorios" contra una empresa que se presentó en una licitación de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sanitarios peligrosos.

La comisión —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas— concluyó que "no se ha acreditado la existencia de prácticas anticompetitivas cometidas por la empresa denunciada".

La denuncia la presentaron conjuntamente las empresas Ducelit S.A. (Aborgama), Trenal S.A. y Olecar S.A. (Ecogestiones) contra Distiklos S.A. (Ecotecno, del grupo del empresario argentino Franco Macri). En ella, decía que esta última "habría ofrecido precios de carácter predatorio, abusando de su posición de dominio", según la resolución de la comisión. El órgano desconcentrado de Economía realizó un informe económico que "analiza el mercado y descarta la existencia por parte de la empresa denunciada (Ecotecno) de una posición dominante, lo que no avalaría la existencia de una práctica de precios predatorios aplicada por su parte", afirmó.

A su vez, el informe jurídico "respalda las conclusiones económicas y remarca (...) que incluso ni siquiera fue Distiklos S.A. (Ecotecno) el principal adjudicatario de la licitación, la que constó de diferentes ítems, y la mayor cuantía le correspondió a Ducelit S.A. (Aborgama), por lo que se descarta la ocurrencia de las prácticas ilegales denunciadas", agregó.

En su defensa, Ecotecno contraatacó "sobre la presunta confesa colusión entre denunciantes", indicó la comisión. Pero, "entiende que debieran ser objeto de una eventual presentación independiente, sin perjuicio de ya haberse investigado por nuestra oficina una denuncia sobre similar extremo", añadió. En mayo de 2016 la comisión no encontró ilegalidad en esa denuncia previa.

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