El ministro brasileño de Hacienda, Joaquim Levy, afirmó ayer que el ajuste fiscal implementado por el Gobierno para equilibrar las cuentas públicas debe ser "rápido" si se quiere recuperar la confianza del país.

"Si tenemos coraje, no va a ser difícil. Si lo hacemos rápido, vamos a tener resultados rápidos. Si tenemos miedo, nos paralizamos. Ahora es hora de tener confianza", aseguró Levy, durante una intervención ante la Asociación Comercial de Sao Paulo.

De acuerdo con el ministro, el gobierno trabaja para evitar un escenario económico que justifique la rebaja de la nota del país por parte de las agencias de calificación de riesgo.

Levy defendió el cese de las medidas de estímulo a las empresas que habían sido tomadas en la primera gestión de Rousseff (2010-2014) como políticas contra-cíclicas con el argumento de enfrentar la crisis internacional.

"Son insostenibles", subrayó el ministro en San Pablo, ciudad que fue el epicentro de las protestas contra el Gobierno del domingo.

Levy añadió que "la presidenta Dilma Rousseff dice que el mundo cambió no porque sea una excusa, sino porque necesitamos adaptarnos: de no ser así, resulta imposible continuar con la política anti-cíclica".

Para Levy, el gobierno tiene que demostrar confianza y poner "en orden" sus cuentas públicas.

Desde que asumió el cargo, el pasado 1° de enero, el ministro de Hacienda ha anunciado diferentes medidas de ajuste fiscal con el objetivo de llegar a un superávit primario del 1,2 % del Producto Interno Bruto.

La eliminación de incentivos impositivos, una de las medidas del paquete de ajuste, fue rechazada por el Congreso, mientras que otras decisiones, como alterar beneficios sociales, entre ellos el plazo del seguro de desempleo, están en vigor pero son resistidas por los sindicatos, incluso los aliados al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

"El objetivo de las medidas es dar tranquilidad a los negocios, ya que el mercado cambió. Y si nosotros no cambiamos tendremos problemas", alertó.

El domingo, casi dos millones de personas se manifestaron en más de una decena de ciudades de Brasil para protestar contra el gobierno de Rousseff, la corrupción en la empresa estatal de petróleo en Petrobras y el rumbo de la economía.

Algunos también pidieron la destitución de la presidenta e incluso un sector pedía una "intervención militar".

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