TODOS CONTRA EL AUMENTO DE TARIFAS

"Ajuste fiscal lamentable", la crítica a la suba de tarifas

Empresarios y el Pit-Cnt cuestionan decisión de aumentar UTE, OSE y Antel.

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UTE

Rara vez sectores empresariales y trabajadores coinciden en criticar una decisión del gobierno, pero así ocurrió luego de conocido el aumento de precio que tendrán las tarifas públicas este mes. Los empresarios definen al ajuste como otro elemento que se suma para seguir perdiendo competitividad y lo calificaron como un ajuste fiscal y una decisión lamentable e injustificada. La central sindical rechazó que las empresas públicas sean utilizadas como entes recaudadores y que el gobierno tenga dos criterios.

"El Estado tiene sus necesidades, pero tiene que apoyar a las empresas que son las que pagan los impuestos, los salarios, al Banco de Previsión Social (BPS). Hay industrias que ya tienen muy poca rentabilidad. Esto es como querer matar a la gallina de los huevos de oro", dijo a El País el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Corallo, refiriéndose al aumento de las tarifas de UTE, OSE y Antel.

El industrial señaló que se preveía un aumento en el precio de la energía, aunque no que fuera por encima del Índice de Precios del Consumo (IPC). La tarifa eléctrica —y también la de agua— tendrá un incremento este mes de 9,85% cuando la inflación anual fue de 9,44%. La suba de Antel es de 9,4%-9,5% en promedio.

Corallo indicó que los ajustes repercutirán en la competitividad de las industrias en un escenario ya afectado por caída de las exportaciones y con menos puestos de trabajo.

"El Estado no puede cargar todas sus necesidades en el sector productivo y en las familias. Se van a complicar las cosas", dijo. La gremial solicitará una reunión a la ministra de Industria, Carolina Cosse, para que fundamente las causas de los incrementos.

AJUSTE FISCAL.

Los empresarios entienden a los ajustes como una medida para combatir el déficit fiscal. La intención es que ese déficit termine el quinquenio en 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 3,6% de 12 meses a noviembre y previsto para el cierre de 2015 (dato aún no disponible).

En ese sentido, el presidente de la Asociación Rural (ARU), Ricardo Reilly, dijo a El País que la medida adoptada fue lamentable. "Nuevamente se utilizan las tarifas como brazo recaudador y evidentemente estamos frente a un ajuste fiscal constante que apunta a cubrir el abultado déficit de las cuentas públicas", afirmó. "Estamos pasando de ser un país de carga fiscal elevada a excesiva", criticó.

Por un lado, señaló que los ciudadanos se ven impedidos de verse beneficiados por la baja del precio del petróleo porque "Ancap está fundida y no pueden trasladarse al precio de los combustibles". Por otro, tampoco llegan beneficios por la incorporación de energía eólica —de menor costo— al sistema energético y por las buenas condiciones de hidraulicidad que hubo el año pasado.

"En ese escenario estaban todas las condiciones dadas para poder bajar de una vez por todas el costo país. Sin embargo vemos que en vez de bajar, las tarifas suben de manera constante o no bajan como en el caso de los combustibles. Pero no, capitalizamos Ancap y aumentamos las tarifas. Vamos a contramano", indicó Reilly.

Por su parte, el presidente de la Unión de Exportadores (UEU), Álvaro Queijo, fue tajante. "Acá lo que hay es un ajuste fiscal y nos parece injusto porque el mal manejo de las empresas publicas se soluciona con aumento de tarifas cuando se tiene que trabajar en eficiencia y productividad", sostuvo. "Pienso que sería sensato llamar a la reflexión al país en su conjunto de que con este tipo de medidas, que son las más fáciles, de aumentar las tarifas el camino va a ser perder posibilidades de generar trabajo", añadió.

A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Perera, dijo a El País que el aumento de la tarifa de electricidad "va a impactar en todo; la energía impacta en todo. Se va a trasladar a precios, sin duda, a la industria, a la producción, al campo, en lo que sea. Es una locura".

Agregó que el gobierno le pide esfuerzos al sector privado, pero no toma medidas en contrapartida.

"Se pide acuerdos de precios y que los privados se ajusten los cinturones y te hacen esto. Siempre se le pide al sector privado y después le importa tres cominos. Esto va a impactar en los precios y las familias, sin dudas", remarcó Perera.

Por último, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, también rechazo el aumento de tarifas mediante un comunicado. Allí, se manifestó en contra de la utilización de las empresas públicas como "entes recaudadores".

"Las dificultades fiscales que puedan existir se resuelven grabando (sic) más a los sectores más ricos de la sociedad y no desparramando los costos sobre la totalidad de la población en particular los sectores más vulnerables", añadió.

A su vez, el Pit cuestionó que "el Poder Ejecutivo a la hora de definir sus criterios para la negociación salarial pretende desvincular los aumentos de salarios de la inflación (desindexación) y para aumentar las tarifas de las empresas públicas les carga la inflación más puntos por encima".

PROMESA INCUMPLIDA.

Varios de los consultados se refirieron a declaraciones realizadas por Roberto Kreimerman en 2014 cuando era ministro de Industria. En un artículo publicado en el portal de Presidencia, Kreimerman había estimado que habría una rebaja progresiva en el precio de la tarifa eléctrica que llegaría hasta 20% a fines de 2015. En septiembre de 2013, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, había dicho a El País que en la empresa pública se estimaba una baja de precio de 15% en la tarifa eléctrica en 2016. Para lograr la reducción tarifaria estimada debía cumplirse la previsión de generar 1.200 megavatios de eólica, que funcionara la central de ciclo combinado de UTE (que lleva un año de retraso) y estuviera operativa la planta regasificadora (proyecto aún sin finalizar).

"inadmisible decisión política del gobierno"

n El senador del Partido Nacional Álvaro Delgados señaló a El País que los aumentos anunciados son "una acción política del gobierno de usar las tarifas para recaudar, injusta, inadmisible y confiscante para la gente". Añadió que los "uruguayos estamos indignados por la actitud del gobierno de meter un tarifazo que termina siendo un fiscalazo". El senador nacionalista sostuvo que "esto impacta en menor poder adquisitivo de la gente porque el ajuste salarial no va a compensar el ajuste los servicios".

La inflación en enero puede ser la mayor desde 2002

n Los analistas y las cámaras empresariales coinciden que el ajuste tarifario impactará en los precios generales próximamente. Según la proyección del economista de la consultora Oikos, Pablo Moya, el Índice de Precios del Consumo (IPC) de enero marcará una suba de 2,5%. De concretarse, ese dato sería el mayor incremento mensual desde septiembre de 2002 (3,12%) y el registro más alto para enero desde 1995 (3,22%). Además, la inflación interanual (últimos 12 meses) alcanzaría 9,7% y sería superior al total del año pasado (9,44%).

Moya explicó que normalmente la medición de enero se ubica en valores altos porque además de los ajustes tarifarios se producen subas de precios por el pasaje a costos de los acuerdos salariales. En efecto, el IPC en enero de 2015 registró un aumento de 2,2%, el año anterior la suba fue de 2,4% y en 2013 alcanzó un incremento de 1,9%.

Para el economista de Oikos, la decisión del Poder Ejecutivo de incrementar las tarifas tiene un fin recaudador y busca revertir el déficit fiscal. "No va con el objetivo explícito del gobierno que era mantener la inflación entre 3% y 7%", indicó y agregó que se debería apuntar a mejorar la gestión pública para combatir el déficit.

Mientras que la consultora CPA Ferrere divulgó en su cuenta de Twitter una proyección de inflación interanual para enero con un piso de 9,6%. Además, señaló que crece el riesgo de pasar la barrera del 10% de inflación.

Por su parte, el economista Javier de Haedo manifestó en la red social que "con el fuerte aumento de tarifas de UTE, OSE y Antel y la no rebaja de Ancap, el gobierno arriesga una mayor inflación y mejora lo fiscal" y que ello "puede facilitar el ajuste fiscal y el ajuste de los precios relativos, que son imperiosos".

Además, dijo que "vuelve a cobrar relevancia la trinchera del 12% establecida en las pautas salariales como límite último a la inflación".

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