EL GOBIERNO ESPERA RECUPERAR US$ 20.000 MILLONES

Argentina promulgó la ley de blanqueo de los capitales

Con eso financia a la regularización de las jubilaciones.

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Macri promete cambios para el segundo semestre. Foto: AFP

El gobierno argentino promulgó ayer la ley que establece el reajuste de las jubilaciones para unas 2,5 millones de personas que no reciben la pensión que deberían y que incluye la regularización del blanqueo de capitales que se usará para financiarlo, a través de su publicación en el Boletín Oficial.

Mediante la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, el Ejecutivo de Mauricio Macri busca "implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas" con las personas mayores para que reciban ingresos en función de su coste de vida.

En Argentina, existen cientos de miles de juicios iniciados en los últimos años por los jubilados en ese sentido.

Según el texto de la ley, que lleva la firma del presidente argentino y de su jefe de Gabinete, Marcos Peña, podrán celebrarse acuerdos tanto en los casos en los que haya un proceso judicial iniciado, con o sin sentencia firme, como en los que no.

La norma, aprobada por el Congreso argentino el pasado 29 de junio, declara la emergencia "en materia de litigiosidad previsional" durante tres años y establece una pensión universal "para el Adulto Mayor", personas de más de 65 años, de carácter vitalicio y no contributivo que supone un ingreso mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima garantizada.

La financiación de estos pagos saldrá del fondo de garantía de la Seguridad Social argentina y de lo que se recaude con el blanqueo de capitales, llamado "régimen de sinceramiento fiscal", que está incluido en el mismo texto.

Sobre este último, se detalla que el "sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior" estará vigente desde que entre en vigencia la ley hasta el 31 de marzo de 2017. La intención del gobierno de Macri es recuperar unos US$ 20.000 millones a través de un blanqueo que no incluye a personas condenadas y procesadas ni a funcionarios ni exfuncionarios públicos.

La norma establece que aquellos magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes del Fisco argentino que no mantengan el "más absoluto secreto" sobre quienes se sumen a la regularización de sus ingresos, podrán ser sancionados con inhabilitaciones, multas o hasta dos años de prisión.

Los periodistas, "por motivos de interés público" finalmente estarán exceptuados.

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