PLAN ESTRATÉGICO

Auditoría Interna busca saber cuántas cooperativas hay

Está encargada de su control, pero tiene registradas la mitad que Inacoop.

Auditoría: ha empezado una serie de innovaciones metodológicas. Foto: Archivo
Auditoría: ha empezado una serie de innovaciones metodológicas. Foto: Archivo

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) es la institución estatal encargada de controlar a las cooperativas. Sin embargo, no conoce el número real de entidades de este tipo que funcionan en Uruguay, buena parte de ellas “no da señales” ante sus intimaciones y no tiene capacidad sancionatoria cuando constata irregularidades.

Así fue expuesto por la titular de la AIN, María del Carmen Rúa Villamarín, al comparecer ante el Parlamento la semana pasada, donde repasó una serie de acciones que se están llevando a cabo desde 2015 para revertir esta situación y mejorar los controles.

El plan estratégico para este año tiene como primer objetivo “identificar nuestro universo de control”, señaló la funcionaria. Es que “al 31 de agosto de 2017 teníamos 474 cooperativas inscriptas, pero cuando cruzamos información con Inacoop (Instituto Nacional del Cooperativismo), que es nuestro órgano de promoción, teníamos una discrepancia porque ellos contabilizaban 805”, reveló.

En los registros de la AIN hay inscriptas 281 cooperativas de trabajo, 90 de ahorro y crédito, 79 agrarias y 24 de consumo. “Hoy por hoy estamos en un proceso de cruce de datos y trabajo para complementar información” con el Inacoop y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), ya que “si hay cooperativas que no están inscriptas, es difícil que nosotros podamos ejercer el control”, manifestó Rúa Villamarín.

Debido a ese trabajo para detectar las entidades que quedan por fuera de la fiscalización estatal, desde marzo “han venido 31 cooperativas a inscribirse” lo que demuestra que “algo ha funcionado y se ha movido”, sostuvo la funcionaria. También añadió que “sabemos que muchas (cooperativas inscriptas en Inacoop) no están en funcionamiento”.

Asimismo, la auditora señaló que tiempo atrás se inició una “revisión de la metodología de trabajo”. Subrayó que “no estaba bien controlar lo mismo en una cooperativa de trabajo, con cinco integrantes, que en una de ahorro y crédito, con otros volúmenes y mercados”, por lo que se debió comenzar a atender “los volúmenes de ingresos y el número de asociados”, entre otros aspectos.

En ese camino se marcaron dos prioridades: la difusión del nuevo método de trabajo a las instituciones controladas y la aplicación de notificaciones preventivas. “Frente al incumplimiento, veíamos que sistemáticamente había cooperativas que no comunicaban y que no estaban al día en sus obligaciones. Por lo tanto, empezamos a realizar intimaciones”, contó Rúa Villamarín.

De un total de 214 entidades que fueron intimadas desde enero hasta el 31 de agosto, hay seis que solo respondieron al aviso, 43 que presentaron documentación y las restantes 165 “no han dado señales”. La auditora reconoció que “la respuesta todavía no ha sido buena”.

Otra de las innovaciones que implementó el organismo estatal es el trámite en línea, que está completamente operativo desde 2016. De diciembre a la fecha “se han realizado 731 expedientes, de los cuales 90 han sido en línea, cifra que ha venido incrementándose porque es una forma de no incurrir en gastos de traslados o asesoramientos”, detalló la funcionaria.

Ahora se trabaja para ampliar la central electrónica de datos y permitir que cualquier institución pueda subir sus estados financieros. Rúa Villamarín remarcó que esos datos no serán públicos sino que podrán “ser utilizados (por las cooperativas) en forma interna en el procesamiento y en el análisis a través de ratios y de otros indicadores de alertas” para prevenir dificultades económicas.

CONSUMO.

La responsable de la AIN informó que hay inscriptas 24 cooperativas de consumo y el Inacoop tiene registradas 44. En los últimos meses han surgido noticias sobre que algunas de ellas se encontraban con problemas económicos.

Al respecto, Rúa Villamarín dijo que “de esas 24 cooperativas, 13 están con el certificado de regularidad vigente, dos lo tienen vencido y nueve no lo tienen o no lo han solicitado. A su vez, 14 vienen con pérdidas acumuladas y, en el último ejercicio, solo cinco han tenido utilidades o han manifestado tener resultados positivos a través de los estados financieros”.

En ese sentido, analizó que “el nivel de riesgo que puede tener una cooperativa que esté en problemas financieros es mayor, porque puede afectar a muchas partes interesadas, y estamos tratando de asumir un rol de advertencia en ciertas cuestiones, para que sea la propia cooperativa la que se haga responsable de su gestión”.

Revisión normativa y más poder de sanción

La responsable de la AIN indicó que es “un camino necesario a recorrer” la implementación de un proceso sancionatorio para las cooperativas que incumplen sus obligaciones, así como también una “revisión” de la normativa vigente. “Si estamos poniendo todo a disposición -estamos comunicando y tratando de acercarnos (a las cooperativas)- y queremos preservar la sanidad, debemos ponerle alguna sanción a aquel que no cumple para que lo haga”, subrayó.

Es que actualmente existe una situación paradójica con el Certificado de Regularidad que brinda el organismo a las entidades que cumplen sus obligaciones y tiene vigencia por un año. “Si bien la norma dice que si hacemos una fiscalización, el certificado se puede negar, no prevé la posibilidad de la suspensión (si se constatan irregularidades) luego de otorgado ”, reveló la funcionaria y añadió que “una de nuestras propuestas de mejora tiene que ver con que nos den la facultad de suspender el certificado”. Como medida momentánea y para enfrentar esto, la AIN está otorgando “certificados provisorios” a las cooperativas.

A propósito de temas legales, la comparecencia de Rúa Villamarín ante la Comisión de Hacienda de Diputados se debió a que sus integrantes analizan un proyecto de ley que otorga a las cooperativas de consumo la facultad de retención de ingresos (hasta 40% del sueldo de los trabajadores y hasta 33% en el caso de los pasivos). Al cierre de la sesión, los legisladores decidieron aprobar la autorización para una cooperativa de Fray Bentos que había solicitado acceder a la facultad legal de retención pero continuar analizando el proyecto general que habilita en ese sentido al resto de las entidades. El diputado oficialista Alfredo Asti dijo que el proyecto “peca de alguna falta en cuanto a temas de control” y señaló que “podría ser una tentación para crear cooperativas que realmente no tengan fines de economía social”.

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