El discurso presidencial generó una fuerte sorpresa en todos los analistas de la economía cuando anunció el compromiso de llevar la inflación al 5% en un horizonte de 18 meses.

Es un quiebre en una de las características de la política económica de los últimos cinco años, en los que la inflación promedio se ubicó en el 8,3% anual. Es un objetivo que puede enlentecer el nivel de actividad en los próximos dos años y profundizará la pérdida de competitividad exportadora.

En los hechos el rango de inflación oficial no formó parte de las expectativas de los analistas, de la población y tampoco de los sindicatos. El rango "popular" se ubicó, sin formalismos, entre el 7% y el 9%, siendo este último el nivel de inflación que siempre disparó acciones gubernamentales de control.

Las reglas de juego con que se formaron las expectativas hasta el momento se modificaron y con seguridad la próxima encuesta de inflación que realiza el Banco Central (BCU) reflejará la lectura de esta iniciativa.

Con la información hasta el fin de febrero las previsiones registraban una expectativa mínima de 7,1% y una máxima de 8,1% para los próximos 18 meses. La mediana de estos resultados se considera como la medida representativa y arrojó el 7,9%.

Como medidas a utilizar, el ministro de Economía, Danilo Astori no descartó la realización de acuerdos de precios como en el pasado.

De todas formas no será suficiente y en el contexto actual habrá que profundizar la política monetaria contractiva que se aplica desde mediados del 2013.

La medida que se tomó en aquel entonces fue bajar gradualmente la tasa de crecimiento en la cantidad de dinero hasta llegar al 8% anual a mediados de este año. El próximo Comité de Política Monetaria (Copom) del Copom deberá ratificar el objetivo anunciado por el presidente, Tabaré Vázquez y corregir la meta cuantitativa en la cantidad de dinero a la nueva realidad y al objetivo de ir al 5%.

La contracción monetaria actúa generando una menor demanda agregada y por lo tanto presionando los precios a la baja. Una resultante de la menor cantidad de dinero es el alza en las tasas de interés reales.

Esta situación puede movilizar capitales que están en dólares hacia inversiones en pesos o frenar inversiones que están en pesos y que quieren pasar al dólar. De esta forma, hay un exceso relativo de dólares que genera una contención de la posible expansión del tipo de cambio en relación al dólar.

Como el mundo se encuentra en contexto deflacionario o de niveles de inflación muy bajos, el impacto sobre los transables (aquellos bienes y servicios cuyos precios se determinan por la evolución del mercado internacional y el tipo de cambio en plaza), se refuerza y aportan poco a la inflación.

Como un componente importante del Índice de Precios del Consumo (IPC) son las tarifas públicas se podría recurrir a una mezcla de política monetaria contractiva y fijación administrativa de tarifas a la baja. Se trata de un nivel de decisión político en el que hay que considerar que la situación financiera de las empresas no es holgada y que hay un atraso en los precios que viene del año pasado, salvo en el caso de Ancap donde la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales le otorga un espacio para jugar administrativamente con este precio en los próximos meses.

Ya se hizo el año pasado y por lo tanto el impacto en la inflación a 12 meses pasados será baja. Todo da a indicar que el esfuerzo monetario para llegar al objetivo planteado deberá ser considerable.

Los bienes y servicios no transables internacionalmente y que tienen precios que se fijan en el mercado doméstico son los que en su conjunto tienen el mayor peso en la canasta que conforma el IPC (42% del total).

En los últimos 12 meses registraron una variación de 9,1%. El componente salarios es importante en las estructuras de costos y en la fijación de precios de este sector. Para contenerlos es necesario que la política monetaria pegue por el canal de transmisión crediticio en la demanda agregada por estos bienes y servicios. Eso exige más a la tasa de interés.

Los salarios están indexados y el impacto de bajar la inflación de golpe determina un incremento real del 1% por año en los costos salariales por encima de lo ya acordado. Para fijar este concepto se pude ver que los convenios a mediados del año pasado dieron un ajuste por inflación equivalente a la inflación del año anterior a junio del 2014. Si en junio de 2015 la inflación baja al 7% entonces habrá un crecimiento del salario real.

El año próximo va a acontecer algo similar. El aumento del 7% que se daría en julio de este año contrastará con una inflación a junio del 2016 que se deberá encontrar entre 5% y 5,5% de acuerdo a los objetivos anunciados.

No se pretende entrar en consideraciones respecto a la justicia o no de la cláusula desde el punto de vista del trabajador, pero sí señalar que si la inflación es estable con leve tendencia a la baja no hay grandes dificultades pero si se baja en forma abrupta se pueden generar problemas.

Si se mide el salario real proyectado por indexación, se observa que hay entre 0,8% y 1% de incremento en relación al aumento general de precios.

Esto es presión sobre los costos de las empresas. ¿Quienes los sufren? Las de productos y servicios transables porque ni siquiera tienen la demanda interna como consuelo.

Al bajar la inflación de golpe, se suman tres efectos negativos para la competitividad de las empresas: a) se pierde el amortiguador de la inflación por el cual los ajustes de valores nominales permiten cierto margen para ajustar desvíos reales; b) aumentan los costos por la indexación de hecho existente y c) cae la demanda agregada doméstica.

Como colateral se frena el ajuste que se esté produciendo en el tipo de cambio por exceso de demanda de pesos o caída en la demanda de dólares al existir una tasa en pesos alta y atractiva.

Lo positivo en la comunicación de la política es que hay un preanuncio con un horizonte de año y medio que permite a los agentes económicos lograr una adaptación.

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