Presidente del BCU dice que fijar aranceles por ley es una “rigidez enorme”.

Para el Banco Central (BCU) no hay necesidad de regular los aranceles que se cobran a los comercios por los pagos con tarjetas mediante una ley porque el sistema funciona "sin mayores problemas", y advirtió que fijar un límite sumaría riesgos al negocio de los bancos.

Además, precisó que el texto a análisis del Parlamento podría ser inconstitucional, porque el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva en proyectos de ley que establezcan precios máximos de adquisición de bienes o servicios.

El tema de los aranceles que cobran los bancos y sellos emisores de tarjetas a los comerciantes, tomó relevancia en las últimas semanas con el reclamo de varias gremiales empresariales del interior. Esto derivó en que la Comisión de Hacienda de Diputados retome el tratamiento de un proyecto de ley que había sido aprobado parcialmente en la legislatura pasada y luego se frenó porque el gobierno acordó con los bancos un cronograma de rebaja gradual de los aranceles —también hay una propuesta en el Senado que presentó el oficialista Leonardo De León (Lista 711).

Actualmente, el arancel máximo para las tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico es 2,2% (2% en el caso de los pequeños comercios), y para las tarjetas de crédito se ubica en 4% en compras del rubro alimentación, 4,5% para las restantes ventas en modalidad contado, y 4,9% para las ventas en modalidad crédito. Según el cronograma acordado, cuando crezca el volumen de pagos con plástico el arancel máximo convergerá a 1,5% para débito y 3,5% para crédito.

El proyecto a estudio de Diputados propone reducir los topes de los aranceles al 0,5% para las tarjetas de débito y al 1,5% para las de crédito.

Al comparecer el miércoles ante la Comisión de Hacienda, el presidente del BCU, Mario Bergara, dijo que "no advertimos la necesidad de tener una pieza legislativa específica" sobre los aranceles porque "muchas de las soluciones respecto a la relación entre el emisor y el usuario, en buena medida ya están recogidas en la normativa bancocentralista".

Aparte destacó que "no se han visto problemas relevantes a nivel del funcionamiento en el mercado" de tarjetas. Bergara reconoció que pueden haber "cuestiones adicionales que puedan plantearse como problemáticas actuales en el funcionamiento" del sistema de pagos con plástico, pero "su solución no requiere la consagración de una norma legal, sino que (debe hacerse) por vía de negociación o reglamentación".

La fijación de aranceles máximos "implica una rigidez enorme" para el negocio de los bancos y sellos emisores, expresó Bergara. "Si el precio es demasiado bajo no va a haber agentes que provean el servicio", mientras que "capaz que un número de hoy puede llegar a quedar demasiado alto dentro de pocos años, pero en la medida en que esté establecido en una ley como precio máximo, el proceso de negociación favorecerá a quienes pretendan mantenerlo", explicó.

El titular del BCU también sostuvo que los cambios propuestos "afectan al conjunto de las variables que están siempre sobre la mesa" a la hora de analizar la rentabilidad del negocio. En respuesta a los planteos que sostienen que el proceso de inclusión financiera favorece a los bancos, Bergara dijo que "no visualizamos ninguna explosión positiva en la rentabilidad del sistema bancario", porque los beneficios derivados de los aranceles se equilibran con la obligación de brindar de forma gratuita varios servicios que antes cobraban.

El jerarca también se refirió a la posible inconstitucionalidad de la iniciativa a estudio del Parlamento, algo que ya había planteado previamente en la Comisión la Asociación de Bancos Privados. "El arancel que cobran las entidades emisoras de tarjetas de débito por su intervención en los pagos es por su naturaleza, ontológicamente, el precio por un servicio que prestan dentro de la cadena de pagos. Puede entenderse comprendido en la previsión del inciso segundo del artículo 133 de la Constitución" que establece la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materia de proyectos de ley que fijen precios máximos de adquisición de bienes o servicios, expresó Daniel Artecona, gerente de Asesoría Jurídica del BCU.

El presidente del Banco República (BROU), Jorge Polgar, informó en la Comisión de Hacienda que el año pasado el negocio de los pagos con tarjetas de crédito y débito dejó ingresos brutos de "entre el 70% y el 80% del arancel que los sellos le cobran al comercio", que significaron unos US$ 21 millones.

Indicó que la cifra representa las ventas brutas sin deducir ningún costo de ventas por el procesamiento de la transacción, y explicó que "no es tan fácil hacer la cuenta de cuánto es la ganancia o la pérdida neta" por los variados servicios que se ofrecen con plástico, aunque aclaró que el número "no mueve la aguja".

El monto se compone de US$ 14 millones de débito y US$ 7 millones de crédito. Asimismo, destacó que la institución sumó 150.000 clientes nuevos en el marco del proceso de inclusión financiera y alcanzó un total de 900.000 cuentas destinadas a trabajadores y jubilados.

Respecto al proyecto de ley que busca regular el arancel máximo para el pago con plástico, Polgar señaló que "es visto con preocupación desde el BROU" por su impacto sobre la rentabilidad de la institución y por ende en el apalancamiento del sistema productivo uruguayo. Subrayó que aunque el negocio en la actualidad deja "poca plata" al banco, es clave "para rentabilizar todas las inversiones y las transformaciones" realizadas en los últimos años, aparte de que implica una ganancia "el hecho de que el sistema de pagos se modernice en la economía uruguaya".

"¿Cómo no lo vamos a mirar con preocupación cuando tenemos que dirigir una empresa? Y esta no es una empresa monopólica que puede trasladar a tarifas sus costos. Nosotros estamos en competencia", concluyó Polgar.

INNECESARIO E INCONSTITUCIONAL