PREOCUPACIÓN POR PROYECTO

Colegio de Abogados cree que ley perfora su secreto

Temen que DGI pueda solicitarle información de los clientes.

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El gobierno pretende aumentar sus ingresos con los cambios tributarios. Foto: F. Ponzetto

El Colegio de Abogados (CAU) rechaza el proyecto de ley del gobierno que flexibiliza el secreto bancario —entre otras medidas— porque entiende que "la generalidad" en la redacción de uno de sus artículos hace peligrar el secreto profesional y podrían quedar obligados a brindar datos de sus clientes a la Dirección General Impositiva (DGI).

La preocupación de los abogados pasa por el artículo 17 del proyecto, que enumera una serie de leyes vinculadas al secreto profesional y sostiene que estas "o cualquier otra disposición que consagre un deber de secreto, reserva o confidencialidad no será oponible a la DGI".

El presidente del CAU, Eugenio Xavier de Mello, dijo a El País que "la generalidad con que está formulada la expresión hace temer que mañana la DGI pueda pretender que se ha consagrado la inoponibilidad del secreto profesional de los abogados". Explicó que la confidencialidad en el contacto con los clientes, no es "un privilegio de los abogados sino una garantía" para el funcionamiento del sistema judicial también consagrada en tratados internacionales suscriptos por el país.

Indicó que esa interpretación afectaría "el derecho de defensa de los ciudadanos ante la DGI", ya que se le podría solicitar información al abogado sobre una eventual defraudación tributaria de un cliente en litigio contra el fisco. "Sin la protección irrestricta de ese derecho se afecta el debido proceso y por tanto el propio Estado de derecho", agregó Xavier de Mello.

Por estos aspectos es que la gremial piensa que el proyecto podría ser inconstitucional y quiere hacer pública su posición para "alertar a los legisladores sobre la forma en que la norma está redactada".

En esa línea, ayer el CAU expresó en un comunicado su "radical oposición a todo disposición que como lo hace en forma genérica el artículo 17 limite o desconozca, ya sea directa o indirectamente, el secreto profesional de los abogados".

El texto elaborado por el gobierno fue remitido el 11 de julio al Parlamento y se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda de Diputados. De aprobarse, la nueva normativa entraría a regir el 1° de enero de 2017.

"El secreto profesional no puede ser excluido, es un principio constitucional y es oponible ante la DGI como lo fue siempre", sentenció de Mello.

Según dijo el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, ante la Comisión Especial creada en el Senado a raíz de los "Panamá Papers", el proyecto da "un golpe casi mortal al secreto bancario que, a decir verdad, lo vemos con buenos ojos".

Es que la iniciativa establece la obligación de las instituciones financieras a informar anualmente a la DGI los saldos y rentas acreditadas en cuentas bancarias de residentes y no residentes. Además, los bancos deberán identificar la residencia fiscal del titular de las cuentas y en algunos casos los beneficiarios finales, misma obligación que corre para fideicomisos y fondos de inversión.

En la exposición de motivos que acompaña el proyecto, el gobierno explica que esta flexibilización del secreto bancario tiene por objetivo no quedar al margen de corrientes globales sobre transparencia fiscal y combate a la evasión, en especial las promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Luego de conocido el texto, el legislador del Partido Nacional, Jorge Gandini, también había advertido sobre sus consecuencias sobre el secreto profesional. "El secreto bancario, que ha sido una tradición, una regla de juego muy estable, quedará abolido por los hechos y hay que tener mucho cuidado", señaló. Además, adelantó que la Comisión de Hacienda deberá convocar a expertos "no solo en materia tributaria sino también en materia constitucional y de derechos" para analizar los alcances del artículo 17.

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