La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —un órgano desconcentra- do del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— analiza una licitación convocada por UTE ante la posibilidad de que incumpla con la ley de Promoción y Defensa de la Competencia, según dijeron a El País fuentes empresariales.

Se trata de una licitación pública abreviada convocada por UTE para el "suministro y sustitución de los sistemas de detección temprana de humo y/o interface de comunicación".

Según las fuentes, una empresa del rubro, se vio impedida de participar del llamado por mediar la exigencia en el pliego licitatorio de que las empresas que se presenten se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior (Renaemse).

Ejecutivos de la empresa entienden que se trata de un requisito que no se exige por la ley 15.896 y el decreto 222/010, ya que esta normativa establece que la prevención y combate de incendios son de resorte de la Dirección Nacional de Bomberos. Por tanto, entienden que no corresponde entonces detentar la calidad de empresa de seguridad inscripta en Renaemse para participar de una licitación de sistemas de detección temprana de humo, afirmaron los informantes.

Con esos datos sobre la mesa, presentaron su caso ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia ante la posibilidad de que el ente esté incumpliendo con la normativa.

El País consultó al respecto al comisionado de Defensa de la Competencia, Javier Gomensoro, quien manifestó que el expediente se encontraba en una etapa reservada por lo que no podía brindar información específica sobre el punto.

De todas maneras, Gomensoro aclaró que no se trata de una denuncia sino de una consulta y que será estudiada.

Ahora la comisión recabará la versión de la empresa pública y formulará un análisis de la normativa y la situación planteada, para luego dar respuesta a la consulta.

Solo si la situación lo justifica, es decir, si se advierte que se vulneran las disposiciones vigentes en materia legal y reglamentaria sobre libre competencia, la comisión podrá disponer el inicio de acciones de oficio para profundizar el conocimiento de esta situación, ya que en las consultas solo se brinda un asesoramiento general, sin la profundidad de una investigación.

No es la primera vez que el órgano desconcentrado del MEF investiga al Estado.

En una actuación de 2010, la oficina dispuso el "cese preventivo" a la Intendencia de Maldonado de una resolución que establecía requisitos para que empresas de tours turísticos puedan ofrecerlos a los pasajeros de cruceros.

Esa fue la primera oportunidad que la Comisión emitió una resolución contra una medida de un organismo público y para hacerlo consideró pertinente una denuncia presentada por agencias de viaje.

En 2012 el órgano de con-tralor encontró que "no se configuran (...) prácticas ilegales" por parte del Banco de Seguros del Estado (BSE) en una promoción que lanzó que ofrece servicios de auxilio mecánico para algunos clientes que tienen contratadas pólizas de seguros globales.

En esa ocasión, la comisión decidió iniciar una investigación de oficio sobre "ventas atadas" en el mercado de seguros tras una denuncia que presentó el Automóvil Club del Uruguay (ACU) ante la misma por una presunta práctica anticompetitiva del BSE en una licitación.

Anteriormente, la comisión también había recomendado al Ministerio de Salud Pública que derogara algunos decretos —sobre servicios que brindaban emergencias médicas móviles— que violaban la ley.

Firma impedida de participar consulta por posible ilegalidad