Será un control "amistoso" que buscará darle libertad a las plataformas de economía colaborativa. Las aplicaciones deberánobtener autorizaciones o licencias empresariales.

La Comisón Europea (CE) fijó este jueves directrices y presentó recomendaciones a los países miembros de la Unión Europea (UE) que facilitan el desarrollo de la economía colaborativa y de empresas que han suscitado en los últimos años polémica, como la plataforma de transporte alternativo Uber o la de alojamientos entre particulares Airbnb.

El vicepresidente de la CE para el Empleo, el Crecimiento, la Inversión y la Competitividad, Jyrki Katainen, señaló que los "modelos de economía colaborativa surgirán de todas formas" y que "ahora la pregunta es si Europa está abierta a nuevas innovaciones o "si aleja a personas y negocios por ser demasiado restrictiva y por proteger modelos de negocio existentes".

"Debemos alentar un entorno regulador que permita el desarrollo de nuevos modelos de negocios y a la vez proteger a los consumidores y una fiscalidad y unas condiciones de trabajo justas", dijo.

La comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, sostuvo que estas plataformas "ofrecen posibilidades y no son una amenaza".

"En algunos países existe una prohibición absoluta y en otros son más que bienvenidas. No es un enfoque del mercado único", subrayó.

Las directrices no son legalmente vinculantes, pero sí guiarán a la CE en su papel como guardiana de los Tratados, incluido ante el Tribunal de Justicia de la UE. Bienkowska explicó además que no van dirigidas a una u otra empresa específica, en referencia a Uber y Airbnb.

Bruselas explica que en virtud de la legislación comunitaria, solo se debería obligar a los proveedores de servicios a obtener autorizaciones o licencias empresariales cuando sea absolutamente necesario para cumplir objetivos de interés público relevantes.

Estas plataformas no deberían tener que obtener autorizaciones o licencias si solo actúan como intermediarios entre consumidores y los que ofrecen el servicio final, por ejemplo servicios de transporte o de alojamiento, señala la CE.

Bruselas considera asimismo que los países miembros deben diferenciar entre ciudadanos individuales que ofrecen servicios de manera ocasional y proveedores profesionales, por ejemplo mediante la fijación de umbrales basados en el nivel de la actividad y los ingresos que genera, como han hecho varios Estados de la UE.

Algunas ciudades permiten alquileres y servicios en los que se comparte vivienda de corta duración sin autorización o licencia si se limita la oferta a una serie de días al año, y otras diferencian entre la primera vivienda y otras propiedades, estableciendo que la residencia principal no puede ser alquilada nunca ocasionalmente.

La CE especifica que los proveedores finales pueden quedar sujetos a reglas sectoriales que gobiernen estos servicios, siempre y cuando éstas estén justificadas y proporcionadas.

Si una plataforma colaborativa provee estos servicios finales debe ser establecido "caso por caso" y por criterios tales como la manera en que se establecen los precios y otros términos contractuales claves, mirando la propiedad de activos esenciales o si existe una relación laboral.

Otro factor que aborda la Comisión es la responsabilidad cuando surge un problema.

La CE aclara que las reglas nacionales se aplican a la economía colaborativa, por ejemplo en relación a una mala ejecución de contratos o violaciones de los términos contractuales.

Al mismo tiempo, la Directiva de comercio electrónico prevé que plataformas digitales pueden, bajo ciertas circunstancias, quedar eximidas por la información que almacenan en nombre de aquellos que ofrecen un servicio.

Pero no deberían librarse de la responsabilidad por cualquier servicio que ofrecen ellas mismas, tales como servicios de pago.

En cuanto a la protección del consumidor, la CE recomienda a los países que aseguren un alto nivel de protección ante prácticas comerciales injustas, pero que no impongan obligaciones desproporcionadas a personas privadas que solo ofrecen servicios de manera ocasional.

En materia laboral, la Comisión considera que los países miembros deben considerar criterios como la relación de subordinación a la plataforma, la naturaleza del trabajo y la remuneración a la hora de decidir si alguien puede ser considerado un empleado.

En cualquier caso, la legislación laboral y social de la UE fija estándares mínimos, recuerda.

Por último, la CE considera que los países miembros deben aplicar obligaciones tributarias a los proveedores de economía colaborativa similares a las que han establecido para empresas que ofrecen servicios parecidos.

Un portavoz de Uber señaló que la Comisión "ha dejado claro que las leyes europeas protegen a los servicios de economía colaborativa de las restricciones desproporcionadas e insta a los Estados miembros a revisar las regulaciones que atentan contra su desarrollo".

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