Presentó informe crítico y cuestionó costos por seguridad y marco laboral.

Con la competitividad como eje, buscando alternativas de mediano y largo plazo a aspectos marcados como álgidos de la actual coyuntura, la Confederación de Cámaras Empresariales presentó ayer su primer documento de análisis desde su conformación. Quizás, el capítulo más novedoso fue el referido a la seguridad, aunque no faltaron las fuertes críticas al sistema de relaciones laborales —impuesto desde 2005 por la primera administración de Tabaré Vázquez— y el cuestionamiento a la política fiscal y el gasto público realizado.

Dentro del amplio concepto de competitividad, el documento de la supergremial —la integran las principales cámaras empresariales— se refirió a la inserción internacional, la política macroeconómica, las empresas públicas, la infraestructura, la educación y capacitación, la innovación y las políticas activas, la regulación laboral, los trámites y la burocracia y la seguridad pública.

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Sobre este último punto, el documento indicó que la seguridad pública también es un factor que incide en el nivel de competitividad del país, ya que el aumento de los niveles de criminalidad genera un incremento en los costos de las empresas locales, ya sea asociados a la protección de la propiedad, como a la valoración monetaria de los bienes sustraídos. Y bajo esa premisa la Confederación solicitó una serie de beneficios fiscales para las empresas que inviertan en seguridad o hayan sido víctimas de hechos ilícitos.

Pidió exoneración de IVA y deducción ampliada en IRAE para los gastos e inversiones en seguridad. Agregó la exoneración de tributos fijos como el aporte patronal al Banco de Previsión Social (BPS) por dueños o socios, así como del IVA mínimo o monotributo a establecimientos empresariales víctimas de asalto, particularmente cuando implique la pérdida de facturación por el cierre del local durante algunos días.

Por último, solicitó la eliminación de las retenciones de impuestos para pequeños comercios por ventas realizadas con pagos a través de medios electrónicos.

El actual sistema de relaciones laborales fue otro de los aspectos mencionados por la gremial empresarial. Se indicó que representan un pilar fundamental en el desarrollo de las economías, siendo la cooperación, el equilibrio y la confianza, factores esenciales de esas relaciones.

El escrito expresó que "es necesario que las diferentes normativas que regulan las relaciones laborales se encuentren integradas, de forma que sean eficaces, equilibradas y que contemplen los derechos y responsabilidades de los actores sociales involucrados (tanto a trabajadores, como a empleadores) y del Estado".

Durante la presentación del estudio —que se efectuó con la exhibición de un video— se indicó que "no es posible pensar en un país con crecimiento sostenible, productividad, inversión y competitividad si no somos capaces de asumir que el actual sistema de relaciones laborales no solo no contribuye a alcanzar esos objetivos, sino que conspira decididamente contra ellos". El audio del video añadió que "se está comprometiendo el futuro del país, incluso de quienes hoy puedan sentirse beneficiados por las actuales reglas de juego".

En este capítulo, el listado de aspectos a modificar fue más extenso. La Confederación solicitó derogar el decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo (165/06) por tratarse de "un acto ilícito que excede el derecho de huelga y viola derechos fundamentales como el de la propiedad privada, la libertad de empresa, y la libertad de trabajo de los trabajadores que no comparten la medida de conflicto". Allí, añadió la reivindicación de salvaguardar en la práctica el derecho y la libertad de los no huelguistas y del empresario.

También reclamó que la negociación tripartita se utilice solamente para definir los salarios mínimos por categoría (en armonía con normas internacionales ratificadas por Uruguay) y la bipartita para los aumentos o ajustes de salarios y otras condiciones de trabajo.

Una nueva solicitud fue la de "propender" a una negociación que atienda las dinámicas sectoriales y facilite los descuelgues de los convenios colectivos firmados en los Consejos de Salarios. Además, pidió la inclusión en los convenios de cláusulas de salvaguarda automáticas, tanto para empresas como para sectores. En la primera fila de asistentes, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, escuchó las críticas al actual sistema de relaciones laborales.

Sobre este punto, el documento empresarial sostuvo que el diseño e implementación de una regla fiscal favorecería la gestión macroeconómica ya que limitaría la discrecionalidad en el manejo de las finanzas pública. "De esta manera, la política fiscal se vería fortalecida en su rol estabilizador. Una regla fiscal anti cíclica permitiría generar el ahorro necesario en épocas de bonanza para poder utilizarlo como estímulo en fases más moderadas del ciclo económico", dijo.

Expresó que el creciente desequilibrio de las finanzas públicas obligó a utilizar las tarifas públicas como mecanismo de recomposición fiscal, particularmente a partir del año 2015. Ello se "materializó, por un lado, sobre el precio de los combustibles, situándolos muy por encima de su paridad de importación y generando sobrecostos para el sistema productivo. Por otro lado, los ajustes de tarifas públicas en enero de 2016 también operaron como mecanismos de compensación de los desequilibrios fiscales dado que los incrementos de precios fueron en general superiores a los costos de los servicios", señaló.

En otro orden, indicó que el deterioro del resultado primario que se registra desde 2011 perforó el balance fiscal hasta un déficit en torno al 4% del PIB a comienzos de 2016, lo que determinó la necesidad de introducir un ajuste fiscal para evitar una dinámica creciente del ratio deuda/producto.

"De este modo, el sector público no sólo agotó su margen de reacción para contrarrestar la desaceleración de la actividad con medidas de política contracíclica (como podría ser un shock de infraestructura o una rebaja impositiva), sino que se ve obligado a introducir correcciones que afectan directamente la dinámica de la demanda interna", concluyó el documento.

Los comentarios del documento fueron realizados por el exministro de Economía, Alejandro Atchugarry; el exdirector de la OPP, Javier de Haedo; el socio de Deloitte, Pablo Rosselli y el director del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica, Roberto Horta.

Otro de los capítulos al que se refirió el documento empresarial fue el de las compras gubernamentales. Allí, planteó mejorarlo estableciendo con carácter obligatorio que en todas las compras públicas que realice el Estado se disponga de una reserva para el mercado interno para el abastecimiento por parte de proveedores nacionales cuando acrediten estar en condiciones de suministrar el producto. Solicitó además aprobar un procedimiento instructivo para comparar las ofertas nacionales y extranjeras para que los organismos públicos que realizan la compra utilicen similares criterios de comparación. Sobre la inserción internacional expresó que se debe continuar con las negociaciones conjuntas con el Mercosur, buscando alcanzar el acuerdo con la Unión Europea, pero además avanzar en diálogos bilaterales.

"Tenemos una rigidez. No importa que los precios de exportación hayan caído, que el empleo esté cayendo. Aún así pensamos que el salario real no puede bajo ninguna circunstancia bajar. Ni siquiera un 1%", dijo Rosselli. Añadió que la actual negociación colectiva afecta la libertad individual, ya que dos grupos, empresarios y trabajadores, pueden por sí solos obligar a terceros a tomar decisiones.

El economista sostuvo que en realidad existe una regla fiscal en Uruguay. "La hay, pero es horrible", afirmó. Esa regla, según De Haedo, incluye que nunca haya superávit fiscal y que en años electorales se registre un significativo aumento del gasto público. "No avanzamos por no hacer las cosas que tenemos que hacer", afirmó el exjerarca de la OPP.

"Como buen anarco liberal no me gusta que la gente esté presa, pero a veces no hay más remedio", dijo Atchugarry. Sobre la seguridad pública añadió que se debe mejorar la respuesta en los barrios. "Estamos camino a los ghettos ricos y los ghettos pobres", indicó el exministro de Economía. En otro orden, expresó que la burocracia "tiene vida propia y no responde a ningún partido político".

RELACIONES LABORALES Y COMPETITIVIDAD