BALANCE Y DEBES

Década de competencia bajo lupa

Expertos y gobierno sugieren cambios a la ley que “fomenta el bienestar del consumidor”.

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Desde 2012, la producción local cae año a año. Foto: Archivo El País

Una década atrás el Parlamento aprobó la ley Nº 18.159, de "promoción y defensa de la competencia". El texto establece en su primer artículo cuál es su objetivo: "fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados". ¿Quién aplicaría las disposiciones de esta ley? Un nuevo actor, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC). La ley se sancionó en julio de 2007 y la CPDC comenzó a trabajar en marzo de 2009.

A 10 años de la ley, El País consultó a expertos en el área para conocer qué análisis hacen del trabajo de este órgano desconcentrado del Ministerio de Economía (MEF) y qué cambios se podrían introducir para mejorar su funcionamiento.

Para el economista Sebastián Fleitas —quien se ha especializado en temas de competencia— el balance en estos 10 años es "muy positivo", pese a lo cual "existen cosas en las que es importante mejorar en el corto plazo".

En este diagnóstico coincidió el abogado y socio del estudio Guyer & Regules Juan Manuel Mercant, que ha participado en varios casos de esta naturaleza. "El balance es positivo", indicó, pero la comisión necesita "más recursos y más autonomía".

Un estudio confeccionado a pedido de Uruguay por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por su sigla en inglés) y que se presentó en octubre de 2016 en Ginebra ya había marcado el magro presupuesto de la CPDC. En 2015, contó con alrededor de US$ 446.000. Esta cifra no es "suficiente", dijo una de las autoras de este trabajo.

"Tiene recursos muy limitados para una tarea que naturalmente es muy importante", sostuvo Mercant.

En relación al otro punto, Fleitas —que también hizo alusión al "escaso presupuesto" de la comisión— planteó que la dependencia "directa" que tiene del MEF vuelve "relevante avanzar sobre darle mayor autonomía y más fortalecimiento institucional".

Por su parte, Javier Gomensoro, integrante de la comisión, apuntó que el hecho de que una resolución de este órgano "pueda ser anulada por un ministro y no haya otras instancias en ese caso, resulta un elemento que objetivamente (...) no presenta la mejor forma".

En tanto, Mercant también mencionó el rol que el diseño actual brinda al titular de la cartera de Economía y recordó algunos episodios recientes en este línea. El abogado dijo que el cometido de la comisión no es "proteger intereses que son totalmente ajenos a temas de defensa de la competencia" y agregó que "no es un instrumento para la inflación ni para el control de precios".

En abril de 2016, cuando la inflación había superado el 10%, el titular del MEF, Danilo Astori, había dicho que daría "armas" a la comisión para que tuviera "una intervención relevante" en la escalada de precios. Una manifestación de este tipo es para Mercant un "error".

Regulados.

Más allá de los recursos y la autonomía, para Gomensoro la "debilidad" más "importante" hoy es que hay sectores —telecomunicaciones, financiero, y de energía y agua— que tienen como órganos de aplicación de la ley no a la CPDC sino a los propios reguladores (Ursec, BCU y Ursea, respectivamente). "En los sectores regulados es una cosa reconocida que no funciona la aplicación de la ley de la libre competencia", dijo.

Para Mercant, estos reguladores no han sido "todo lo proactivos que tienen que ser para aplicarles estas normas a las empresas públicas".

Sobre este debate Fleitas planteó que si la CPDC asume las actividades de estos otros reguladores "es importante saber con qué recursos extra contaría". De no haber más presupuesto "sería difícil pensar que la comisión pudiera desarrollar correctamente estas tareas", agregó.

TRES VISIONES.

J.M. Mercant - Abogado que actúa en la materia.

Las decisiones de la comisión se pueden recurrir ante el Poder Ejecutivo, que normalmente ratifica lo que dice la comisión. Después hay que ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que tiene un millón de casos, y este es un tema bastante técnico. De cara al futuro Uruguay debería plantearse tener un tribunal especializado en defensa de la competencia, que el TCA no sea el órgano que revise estas cosas".

Javier Gomensoro - Com. Defensa de Competencia.

Un tema importante tiene que ver con las concentraciones económicas. La legislación estableció un umbral de casi imposible realización para que sea obligatorio y de precepto que nuestra comisión se pronuncie sobre si el negocio se hace o no. Otro tema tiene que ver con las facultades en materia probatoria y el sistema de presunciones, que pudiéramos contar con diligencias invasivas probatorias de mayor alcance".

S. Fleitas - Economista focalizado en la temática.

Debe impulsarse por parte de la comisión (...) una mejora a la cultura de competencia y la información que tienen los consumidores. En mi opinión, uno de los factores que contribuye a que Uruguay tenga un menor nivel de competencia que el deseado es la falta de información. El Estado puede y debe generar información relevante y ponerla a disposición de los consumidores de una forma accesible".

EXPERIENCIA.

Sanciones: entre los tomates y la cerveza.

Desde su constitución en 2009, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) multó a 16 empresas, otras 10 tuvieron un apercibimiento por no haber cumplido con la ley, se investigaron 78 denuncias de prácticas contrarias a la ley 18.159, hubo 12 actuaciones de oficio y las sanciones que se aplicaron sumaron alrededor de US$ 3,5 millones. Estas cifras fueron consignadas por el semanario Búsqueda en su edición de la semana pasada, en el marco de una entrevista con Luciana Macedo, integrante de la comisión. Dentro de la lista de casos que este órgano desconcentrado del MEF ha tratado, uno de los que tuvo mayor visibilidad fue la sanción que aplicó en 2014 a cinco empresas que formaron un cartel y pactaron la producción y el precio de venta de salsa de tomate. Barraca Deambrosi fue sancionada con una multa de 4 millones de Unidades Indexadas (por entonces $ 11.357.200), Gibur y Domingo Ghelfa con 2,6 millones ($ 7.382.180) cada una y Pancini Industrial del Sauce y Vulcania con 100.000 UI en cada caso ($ 283.930). Timopel, que participó del acuerdo en primera instancia, fue exonerada de sanciones ya que apeló a la figura del "arrepentido", prevista en la normativa que pena las prácticas anticompetitivas. Otra resolución que tuvo amplia repercusión fue la multa que aplicó a Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en abril de 2013 por 10 millones de UI (equivalían a US$ 1,3 millones) por "abuso de la posición dominante" al "limitar el acceso de la cerveza marca Heineken" al "comercio minorista, en particular, en el sector de miniservicios". Este mayo El País informó que la CPDC tenía en gateras otra sanción para esta misma compañía, también por abuso de posición dominante. Prevé —falta completar el proceso previsto en la ley— la multa más alta de su historia: casi US$ 2 millones.

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