MÁS HERRAMIENTAS PARA FISCALIZAR

DGI con más datos para los controles tributarios

Accederá a saldos bancarios por nueva ley y así fiscalizará el Impuesto al Patrimonio.

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DGI recaudó US$ 596 millones por Impuesto al Patrimonio en 2016. Foto: F. Flores

La Ley de Transparencia Fiscal aprobada a final del año pasado en el Parlamento y recientemente reglamentada, establece profundos cambios en diversas áreas y la Dirección General Impositiva (DGI) será el organismo más beneficiado porque incrementará la cantidad de datos en su poder para las fiscalizaciones.

La novedad principal de la normativa es que obliga a las entidades financieras a reportar al fisco cada año el saldo, promedio anual y rendimientos de los depósitos bancarios por encima de cierto límite. Esos depósitos en bancos locales, sean de uruguayos o extranjeros, están gravados por el Impuesto al Patrimonio (IP) y el reporte de datos permitirá a la DGI constatar las declaraciones juradas presentadas para liquidar el tributo con el monto que efectivamente está en la cuenta.

El abogado Guzmán Ramírez del estudio Bergstein puntualizó en la situación de las sociedades o empresas extranjeras con cuentas bancarias en Uruguay. El umbral de reporte para dichos casos es US$ 50.000 (por encima de eso deben informar) pero el estándar internacional para cumplir con el intercambio automático de información tributaria lo establece en US$ 250.000. Esto significa que "la DGI informará a los fiscos extranjeros solamente aquellas cuentas abiertas por empresas extranjeras antes de 2017 que superen el monto de US$ 250.000" pero tendrá la información de las cuentas superiores a US$ 50.000, explicó.

Ramírez añadió que "con la fijación de un umbral bajo, la DGI evidencia su objetivo de fiscalizar que las empresas extranjeras declaren y paguen el correspondiente Impuesto al Patrimonio". Es que debido a las normas de secreto bancario que rigen en Uruguay, la DGI no puede acceder a la información de las cuentas salvo que exista una sospecha de evasión.

Ya el año pasado previo a la aprobación de la nueva ley, el director de Rentas, Joaquín Serra, había dicho que la DGI estaba alistando los "sistemas y procedimientos" internos para recibir la información bancaria y controlar el IP. "Estamos preparando la forma de recibir esta información pero también cómo la vamos a usar y disponibilizar en nuestros sistemas de análisis de riesgo y control", dijo Serra según informó el diario El Observador.

El abogado de Bergstein remarcó que "el mismo propósito fiscalizador surge de la obligación de los bancos de reportar las cuentas pertenecientes a personas y empresas residentes en Uruguay", dado que esos datos no entran dentro del reporte automático.

En 2016, la DGI recaudó en total $ 17.937 millones (US$ 596 millones) por concepto de IP, con un incremento de 1,5% respecto al año anterior. El tributo aplica tasas progresionales (desde 0,7% a 2,45%) al patrimonio en cuenta, es decir la diferencia entre activos y pasivos en poder del contribuyente.

Escribanos deben actuar como agentes de retención.

La Ley de Transparencia Fiscal incrementó los impuestos a las sociedades radicadas en paraísos fiscales, aunque estableció una "ventana" hasta el 30 de junio en donde la venta de sus inmuebles en Uruguay estarán exoneradas del pago de tributos —Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) e Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP). Pero una resolución de la DGI estableció que pese a la exoneración, los escribanos que intervengan en dichas ventas deberán retener esos impuestos.

Guzmán Ramírez de Bergstein Abogados explicó que los profesionales que actuarán como agentes de retención "no deberán volcar inmediatamente a la DGI el dinero retenido, sino que deberán tenerlo consigo hasta por un período de 40 días corridos" en los que la sociedad deberá acreditar la clausura de sus actividades en Uruguay (tanto ante DGI como el BPS). Luego de ese trámite el escribano podrá devolver el dinero retenido a la sociedad, además del monto correspondiente al ITP del comprador —que también está exonerado.

Ramírez dijo que "los montos que los escribanos deberán guardar y conservar por más de un mes no son para nada insignificantes", siendo aproximadamente un tercio del precio total de la compraventa (30,25% por concepto de IRNR y 4% por ITP).

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