SUPERMANIOBRA DETECTADA

DGI detecta otra trama de evasión con facturas truchas

Fue en Paysandú tras haber desbaratado la “mayor maniobra de la historia”.

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DGI estima que la estafa alcanza como mínimo los $ 78 millones. Foto: F. Ponzetto

Tras desbaratar "la maniobra defraudatoria más grande de la historia" con boletas truchas que ya le reportó ingresos por $ 1.200 millones (que aumentará porque las actuaciones continúan), la Dirección General Impositiva (DGI) detectó una nueva trama de evasión fiscal mediante facturas adulteradas.

Por este último caso la Justicia procesó sin prisión a una persona por un delito continuado de defraudación tributaria. Se trata de dos casos independientes según aclararon en la DGI a El País, aunque admitieron el modus operandi utilizado en ambos fue "similar".

Esta nueva trama de defraudación ocurrió en Paysandú y tras una investigación de la DGI se trasladó el caso al Juzgado Especializado en Crimen Organizado.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron a El País que el implicado utilizaba documentación de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL), donde tenía participación, para registrar operaciones de compraventa no reales por un lado, y además falsificaba las facturas de esa empresa para documentar otras operaciones inexistentes.

Estas maniobras ficticias permitían reducir la carga impositiva a pagar por el contribuyente al fisco, permitiendo una evasión que se estimó en $ 3,9 millones (US$ 138.745 a la cotización de ayer).

En la investigación a cargo de la jueza Helena Mainard, aparte de los datos recabados por la DGI se les tomó declaración a varias personas que habían tenido contacto con las facturas truchas utilizadas para la evasión.

Maniobra histórica.

Por otro lado, la defraudación comprobada el mes pasado terminó con el envío a prisión de dos individuos, que crearon desde 2010 más de 1.000 "socieda- des de papel" (falsas) para obtener facturas que luego ven- dían a empresas que las utilizaban para evadir impuestos. Además, tres personas fueron procesadas sin prisión por esta maniobra.

El martes el subdirector de Rentas, Álvaro Romano dijo al programa Claves Económicas de Nuevo Siglo que ya se cobraron "más de $ 600 millones por impuestos (reliquidados) y otro tanto por multas y recargos". Es decir, $ 1.200 millones (US$ 42,7 millones) hasta el momento. Romano, la calificó como "la maniobra defraudatoria más grande de la historia", pero también "el operativo más grande" y la mayor recaudación de la "historia" emanada de un operativo.

Además hay unas 130 actuaciones inspectivas en curso sobre empresas que utilizaron las facturas apócrifas, en las que el jerarca tiene "cifradas esperanzas que rindan de manera muy interesante" en términos recaudatorios.

Por otro lado, "para aquellos que tenían un nivel bastante menor de créditos fiscales originados en esta documentación apócrifa", la DGI les envío "cartas" en "las que les decimos: sabemos que en tal mes usted tuvo este crédito fiscal, este crédito fiscal no es legítimo, le pedimos que regularice su situación y si no pase por la administración a demostrar que fue un adquirente de buena fe", indicó Romano. "También estimamos que ese paquete de medidas nos va a reportar unos cuantos millones de pesos", añadió.

El subdirector general de Rentas contó cómo llegó la DGI a detectar la maniobra. El organismo "en el año 2014 obligó a más de 15.000 empresas a informar por lo menos el 90% de todo su IVA de compras y todo su IVA de ventas, de dónde proviene y hacia dónde va", indicó el jerarca.

"A partir de esa información empezamos a constatar que una parte importante del IVA de compras de determinadas empresas, provenía de empresas que a su vez no pagaban IVA. Esa fue la punta del iceberg a partir de la cual empezamos a analizar, y empezamos a delinear un esquema que precisamente fue lo que se desbarató y por suerte la Justicia actuó diligentemente", añadió.

La maniobra involucró a dos estudios jurídicos que utilizaban los servicios de cuatro escribanos que otorgaban certificaciones falsas y 13 testaferros.

Mediante esa modalidad, los estudios crearon "una fábrica de defraudar" mediante sociedades anónimas (SA) y sociedades de responsabilidad limitada (SRL) en formación.

Los dos estudios, cuyos titulares fueron procesados con prisión el pasado viernes 10 por la jueza Mainard, armaron una estratagema con las facturas que eran utilizadas para "inflar" compras y gastos, para documentar operaciones "en negro", entre otras. Además vendían sociedades ya creadas que no pagaban impuestos.

"Panamá Papers" ya generan $ 100:

El año pasado, la recaudación de la DGI por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por activos mobiliarios en el exterior "pegó un salto importante, un incremento muy relevante que consideramos que es fruto de las actuaciones emanadas a partir de lo que popularmente se conoció como los Panamá Papers", señaló el subdirector de Rentas, Álvaro Romano, en el programa Claves Económicas de Nuevo Siglo.

"Las actuaciones de la administración tributaria vinculada a los Panamá Papers significaron aproximadamente al día de hoy —porque no han culminado— una recaudación de más de $ 100 millones, en unas noventa y pico de actuaciones, lo que nos da en promedio que cada actuación que la DGI hace en esta causa nos reporta aproximadamente $ 1 millón", afirmó.

"Más allá de eso, lo importante no es lo que estamos recaudando por esas actuaciones en sí, sino que lo importante es tomar en cuenta que a partir de estas actuaciones los pagos voluntarios por estos conceptos aumentaron de forma más que considerable", añadió.

Según Romano, esa mayor recaudación por IRPF de activos mobiliarios en el exterior "es debida a una mayor percepción de riesgo, porque los contribuyentes saben que la administración cuenta con información derivada de todo el affaire de los Panamá Papers".

Los "Panamá Papers" refieren a la filtración de más de 11 millones de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca que se dedicaba a crear sociedades offshore que en buena parte eran utilizadas para evadir impuestos u otras actividades ilícitas. Uruguay apareció como uno de los países con mayor cantidad de sociedades. Los clientes uruguayos de la firma adquirieron más de 5.000 compañías en el período de casi 40 años reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

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