estudio

Entes pusieron US$ 350 millones en empresas "satélites"

Muchas de las funciones de las empresas públicas "se han complejizado notoriamente y se hace cada vez más difícil cumplirlas con éxito desde instituciones que operan de forma completamente independiente", sostiene el informe —al que accedió El País— "Empresas del Estado y eficiencia" elaborado por los analistas del IEEM Ignacio Munyo y Pablo Regent para Pharos, un think tank de la Academia Nacional de Economía.

A la complejidad de las funciones de las empresas del Estado se suma "la existencia de múltiples empresas de propiedad estatal que se rigen por el derecho privado", indican los autores.

"La inversión de las empresas de propiedad del Estado en S.A. ha venido creciendo de forma sostenida", agregan y señalan que según las notas de los estados contables, en los últimos 10 años, Ancap ha invertido US$ 249,5 millones, UTE US$ 87,2 millones y Antel US$ 11,9 millones "en capitalizar empresas satélites que operan bajo su órbita" (ver gráfico). Esto es US$ 348,6 millones en total. "A su vez, existen ocho empresas satélites de las satélites, cinco de Ducsa, una de Ancsol y dos de Central Puerto", explican.

Según Munyo y Regent, "no se puede desconocer que gran parte de estas empresas satélites surgen como alternativas para eludir al derecho público concentrado en el control de procedimientos, para, idealmente, poder operar en el derecho privado basado más en control de resultados y rendición de cuentas".

Pero, "por otro lado, este tipo de institucionalización dentro del sector público deja el campo fértil para el uso de subsidios cruzados dentro de las empresas estatales, a través de distribución interna de costos o las transferencias de compras entre empresas y satélites. Por lo tanto, se podría dar el caso de que decisiones relevantes queden camufladas en operaciones internas que no figuran de forma explícita en los balances de las empresas estatales. Así, el componente de rendición de cuentas, que es clave cuando capitales del Estado operan bajo las reglas del sector privado, parece estar debilitado", añaden.

Para tener una idea de lo que implican estas tres empresas estatales en la economía, los autores recuerdan que "Ancap, UTE y Antel explican un 8% de la inversión (la mitad del total de la inversión pública), un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 2% del empleo del Uruguay".

"Si bien ya hace más de 20 años que la privatización de las empresas del Estado está afuera de la agenda política en Uruguay, muchos de los mercados en los que operaban han dejado de ser monopólicos", expresan y ejemplifican que "el 70% de las ventas de Antel se produce en segmentos donde existe competencia (el 50% de los ingresos se explican por telefonía celular y el 20% por transmisión de datos)".

Los autores afirman que el retorno sobre capital invertido (ROE), es "una forma de medir la rentabilidad de los recursos invertidos por los ciudadanos uruguayos" y en la última década el ROE promedio de Ancap fue 0,3%, el de UTE fue 2,7% y el de Antel fue 10,3%.

"La entidad de propiedad pública debe rendir una tasa de retorno sobre el capital consistente con lo que se pediría en el mercado cuidando de tener una visión de largo plazo. No se debe exigir menos retorno debido a lo que aporta la entidad de propiedad pública a objetivos sociales pues esto debe ser pagado explícitamente por separado", afirman.

"Solo para tener alguna referencia, en el mismo periodo un bono soberano de las economías emergentes tuvo un retorno promedio de 6,6% y un bono brasileño tuvo un retorno promedio de 6,1%", mencionan.

Munyo y Regent apuntan a que para ver la eficiencia de las empresas públicas, "una alternativa es realizar comparaciones internacionales sobre alguna medida de productividad" como las ventas totales anuales por cada empleado de empresas que operan en sectores similares a las empresas estatales de Uruguay. En ella "las empresas públicas uruguayas quedarían por debajo de sus pares tanto a nivel internacional como latinoamericano", dicen (ver gráfico).

Advierten que "la existencia de economías de escala (Uruguay es el mercado más pequeño) con impacto positivo en la productividad pone en tela de juicio cualquier conclusión contundente".

"Los peores de América Latina".

"Existe evidencia de que mejoras en el gobierno corporativo de las empresas de propiedad estatal son claves para lograr una mejor gestión y así incrementar la capacidad de generar valor económico y social", dice el estudio de Pharos. Pero, Ancap, UTE y Antel, "se encuentran al final de la tabla" de América Latina "con los peores registros de calidad de gobierno corporativo", añade. Uno de los problemas mencionados en Uruguay es que "como principio el Estado no debe dar una garantía automática a los créditos de las entidades de propiedad pública", sin embargo "la práctica usual termina encontrando atajos" para hacerlo.

Si no puede ver la gráfica y el interactivo haga click aquí y aquí 

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