Régimen gradual a los que facturan hasta US$ 31.800 anual.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Poder Legislativo un proyecto de ley para "facilitar una transición gradual" entre regímenes tributarios a empresas de reducida dimensión económica que acepten tarjetas de débito, crédito y/o dinero electrónico como forma de pago.

Las empresas con ingresos anuales inferiores a 305.000 Unidades Indexadas ($ 986.004 a hoy, unos US$ 31.800) tienen regímenes tributarios simplificados como ser el literal E, el monotributo o el monotributo social. Esos regímenes implican pagar impuestos sobre un ficto y no sobre las ventas reales.

Muchos de esos pequeños comercios, si aceptaran tarjetas para el pago, deberían "blanquear" esa parte de sus ventas y seguramente superarían el mínimo para tributar por el régimen simplificado y pasarían a abonar impuestos de acuerdo al régimen general.

La idea del gobierno con esta medida es "que el obstáculo del costo de formalización no sea un impedimento para acceder a los beneficios de la utilización de medios electrónicos" de pago, dijo a El País una fuente del gobierno.

Por ello, el proyecto "habilita que los ingresos que se originen en operaciones" que se paguen con "tarjetas de crédito, tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico u otros instrumentos análogos, puedan ser computados parcialmente" para el "cálculo del tope previsto" según "los porcentajes que la reglamentación determine", se indicó en la exposición de motivos. La fuente indicó que esos porcentajes "aún no están definidos".

Lo que sí ya está previsto es que sean "porcentajes crecientes en el tiempo" en un "cronograma de tres años", para que a partir del cuarto año, la facturación con medios electrónicos compute por el 100% para establecer si el comercio queda debajo del tope o lo supera y debe cambiar de régimen tributario.

De esa forma, el MEF entiende que "el impacto del aumento del uso de los medios de pago electrónicos en la facturación declarada por las empresas de reducida dimensión económica (a efectos de su caracterización como contribuyente) se podrá procesar gradualmente, facilitando el proceso de formalización de estas empresas".

La exposición de motivos del proyecto sostiene que "uno de los objetivos principales" de la inclusión financiera es "la transformación del funcionamiento del sistema de pagos, volviéndolo más seguro, moderno y eficiente, incentivando el uso de medios de pago electrónicos en sustitución de efectivo entre otros aspectos".

Según el gobierno "esto supone ganancias de eficiencia para la economía en su conjunto y un aporte en el combate a la informalidad, así como también contribuye a mejorar las condiciones de seguridad pública y la calidad de vida de todos los uruguayos".

Añade que "si bien los resultados obtenidos en cuanto al uso y aceptación de los medios de pago electrónicos han sido muy favorables, es importante renovar esfuerzos (...) facilitando y promoviendo aún más la utilización de los mismos, en particular en los comercios de menor dimensión económica".

Además de la medida propuesta en el proyecto, a fines del año pasado ya se anunciaron otras con el mismo fin. Entre ellas están la "eliminación de las retenciones de impuestos asociadas a las compras con medios de pago electrónico para pequeños comercios". También una extensión de los regímenes promocionales (por el que se exoneran tributos) para la instalación de POS —el aparato por donde pasa la tarjeta para hacer el pago— y el subsidio para el arrendamiento de los mismos (de 70% de su costo en 2016 y 40% en 2017).

Adicionalmente, los bancos se comprometieron a reducir los aranceles que aplican a las ventas con tarjeta de débito de 2,5% a 2,2% y en el caso de pequeñas empresas en un régimen promocional para 2016 y 2017 a 2%.

para que empiecen a utilizar tarjeta