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Flexibilizan norma de quien actúa para bancos

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El Poder Ejecutivo emitió un decreto que flexibiliza la normativa en seguridad para empresas que actúen como corresponsales financieros de bancos y que esa no sea su actividad principal.

El decreto señala que uno anterior de 2015 estableció que cuando los servicios como corresponsal financiero no impliquen el movimiento de efectivo, no se requerirá certificado de habilitación emitido por las oficinas del Ministerio del Interior.

Ahora, el nuevo decreto establece que "tampoco se requerirá la emisión del mencionado certificado cuando la prestación de servicios como corresponsal financiero no constituya la actividad principal de quien presta esos servicios".

El corresponsal financiero es un establecimiento que hace un acuerdo con el banco o emisor de dinero electrónico para brindarle en sus mostradores un conjunto de servicios a la institución, que pueden ir desde realizar depósitos, extracciones de efectivo, pagar un crédito, realizar trámites, firmar contratos, entre otros. Las redes de cobranza y El Correo son ejemplos de corresponsales financieros al haber firmado acuerdos con bancos.

En septiembre pasado, el coordinador del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Mar-tín Vallcorba había dicho a El País que se buscaba "potenciar" la figura del corresponsal financiero.

En aquella ocasión, Vall-corba admitió que había reclamos provenientes sobre todo del interior del país acerca de la disponibilidad de cajeros automáticos para extraer dinero. Pero aclaró que este mecanismo "no es el único disponible para acceder al efectivo", sino que también se aspira a "potenciar" la figura del corresponsal financiero. "Tienen la característica de que permiten llegar con puntos de extracción de efectivo a lugares que sería imposible hacerlo con un cajero", explicó y señaló que el gobierno "está desarrollando acciones y estrategias" para incrementar su presencia en especial en las localidades más pequeñas del país.

Además, había dicho que se trabajaba junto al Ministerio del Interior para "racionalizar las exigencias en materia de seguridad" que tienen las redes de pago.

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