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Gobierno quiere que más firmas presenten balances

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Pablo Ferreri, 2010. Foto: El País
Pablo Ferreri, director de la DGI, foto Borrelli, nd 20100408, Archivo El País
Archivo El País

Para eso bajará gradualmente nivel que lo hace obligatorio.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto con la Auditoría Interna de la Nación presentaron ayer la nueva Central de Balances Electrónicos, que permitirá digitalizar la presentación de los estados contables de las empresas.

Según la normativa vigente, deben cumplir con este trámite las sociedades comerciales —cualquiera sea su estructura legal— con ingresos anuales superiores a 26.300.000 Unidades Indexadas (UI), lo que equivale a US$ 2.858.000. La norma también incluye a sociedades y asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entidades no residentes que actúen en territorio nacional y fideicomisos y fondos de inversión no regulados por el Banco Central.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, informó que tras la puesta en marcha de la Central de Balances Electrónicos, el gobierno analizará bajar el monto límite para la presentación de los estados contables de forma de abarcar a más empresas.

"El umbral irá bajando paulatinamente año a año", señaló y agregó que la primera modificación será "seguramente en los primeros meses del año que viene".

El jerarca manifestó que esta decisión se tomará "en función de cómo vayamos trabajando" con el nuevo sistema y sostuvo que al reducir el monto límite se tendrá una Central de Balances Electrónicos "con más potencia y más datos".

Con los requisitos actuales, son unas 5.000 las empresas obligadas a presentar sus balances ante la Auditoría Interna de la Nación. Ferreri explicó que la exigencia para realizar el registro de forma digital rige para las firmas que hayan cerrado sus balances luego del 13 de junio —cuando quedó en funcionamiento el nuevo sistema—, quienes tendrán un plazo de 180 días para efectivizar el trámite.

También anunció que se pondrá énfasis para "cumplir con el esquema de sanciones" previstas en casos de incumplimiento, que incluye una multa de 2.000 UI —unos $ 6.000— y la suspensión del certificado único de vigencia anual que emite la Dirección General de Impositiva (DGI).

Las empresas tampoco podrán distribuir utilidades y en caso que lo hagan se les aplicará una multa de 125.000 UI —unos $ 405.000—. El nuevo sistema de presentación de balances incorpora la firma digital electrónica, tanto para las empresas como los contadores públicos, lo que "mejorará los esquemas de seguridad".

El subsecretario de Economía indicó que los cambios introducidos "están alineados con los conceptos más modernos de contabilidad a nivel internacional".

Además, detalló que la inversión para la modernización del sistema vino de "préstamos de organismos multilaterales y recursos presupuestales propios", aunque no brindó números.

Compra.

A través de la web de la Auditoría se podrá observar las empresas que registraron sus balances y también acceder a dichos documentos, mediante el pago de una tasa monetaria.

Esto último ya se encontraba vigente con la presentación no digitalizada, pero las autoridades prevén que crezca la cantidad de compañías que adquieran estados contables.

La adquisición de balances es "información fundamental para la toma de decisiones de los agentes económicos", dijo Ferreri. Añadió que el nuevo sistema permitirá que estos datos "se divulguen mucho más de lo que ocurre hoy en día".

La titular de la Auditoría, Carmen Rúa, informó que la compra de tres balances tiene un costo de 1 UR ($ 905,96 actualmente) y luego "en función del volumen (de registros contables adquiridos) el precio va bajando".

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Pablo Ferreri, 2010. Foto: El País

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