CUENTAS PÚBLICAS

Hay escasas alternativas para aplicar si se debe profundizar el ajuste

Analistas apuntan a incrementos de las tarifas públicas y renta empresarial.

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El ministro Astori dispuesto a profundizar el ajuste si el crecimiento es menor. Foto: F. Ponzetto

El equipo económico de gobierno se comprometió ante los analistas de la calificadora de riesgo Moody’s a tomar nuevas medidas de ajuste en caso que el crecimiento de la economía en los próximas años esté por debajo de las proyecciones oficiales.

Analistas privados consultados por El País coincidieron en que la actividad crecerá menos de lo esperado por el gobierno y que se utilizarán las tarifas públicas como forma de aumentar la recaudación. Pero entienden que esto no será suficiente para corregir el desfasaje de las cuentas públicas, por lo que se podría recurrir a aumentar la renta empresarial, ante la imposibilidad de reducir el gasto.

En la Rendición de Cuentas enviada días atrás al Parlamento, el Poder Ejecutivo corrigió a la baja las proyecciones de crecimiento para el período: prevé una expansión de 0,5% este año, de 1% para 2017, de 2% para 2018 y de 3% para 2019. Anteriormente esperaba crecer 2,5% en 2016 e incrementar la actividad año a año, hasta llegar a 3% en 2018 y 2019.

"En términos de probabilidad, el balance de riesgo está inclinado hacia que haya cifras menores más que mayores (a las proyectadas por el gobierno) en términos de crecimiento", dijo a El País el economista Aldo Lema, de la consultora Vixion. En la misma línea se manifestó su colega Pablo Moya de la consultora Oikos: "Es muy probable que se crezca menos".

Mientras que el economista Javier De Haedo expresó que el equipo económico "no reconoce toda la realidad junta, la va reconociendo de a poco", en referencia a lo que demoró en modificar las proyecciones.

Esto determina que se "vaya haciendo un ajuste en cuotas", según el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Por su parte, el analista Marcelo Sibille de KPMG señaló que "el estancamiento de la economía uruguaya será duradero", lo que llevará a menores ingresos para el Estado producto de la reducción en la recaudación de impuestos y en ese escenario "no podemos descartar que sea necesario un ajuste adicional".

Como forma de paliar el déficit fiscal —que llegó a 4% del PIB en el acumulado de 12 meses a abril— el gobierno anunció un paquete de medidas impositivas con las que prevé incrementar la recaudación en US$ 460 millones y reducir en un punto del PIB el negativo de las cuentas públicas.

"Estamos viviendo un ajuste fiscal en cuotas. La primera fue el recorte de las inversiones el año pasado, luego la modificación del IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales) a fin de año, el tarifazo de enero y el reciente ajuste fiscal", analizó De Haedo.

Impuestos.

Lema consideró que "son pocas las herramientas con las que cuenta el gobierno" para enfrentar un eventual segundo ajuste fiscal, en el entendido que ya atacó las rentas del trabajo gravadas por el IRPF. Al respecto, Sibille descartó una nueva suba de este tributo porque "políticamente sería un costo demasiado grande" para el gobierno y el Frente Amplio.

Entonces, el economista de KPMG consideró "probable que se mire más hacia el lado del IRAE o de algún impuesto indirecto" para incrementar la recaudación. Una visión similar manifestó Moya, quien remarcó que "la alternativa que le queda al gobierno es ir por la renta empresarial".

Según Lema, otra alternativa para el gobierno podría ser "dosificar o hacer más lenta la reducción del IVA que anunció dentro del proceso de inclusión financiera". Es que junto con los cambios impositivos, el ministro de Economía, Danilo Astori, informó que se implementará desde 2017 una rebaja de 2% del IVA para los pagos con medios electrónicos, que se suma al 3% ya vigente y que en agosto bajará a 2%.

Tarifas.

"El próximo paso (del gobierno) seguro que es un aumento importante de las tarifas públicas", sostuvo De Haedo.

En la misma línea se expresó Sibille, quien señaló que el aumento de los servicios que brindan las empresas del Estado será "el primer recurso al que apelará" el equipo económico ante la necesidad de un nuevo ajuste.

"Antes que pasar una suba de impuestos por el Parlamento, es mucho más rápido y más disimulado hacer un ajuste por la vía de las tarifas públicas", agregó el analista de KPMG.

Al tiempo que Lema vaticinó "un manejo de tarifas adicional al que ya se realizó el año pasado" por parte de las autoridades.

Gasto.

Los analistas ven poco probable que se reduzca el gasto público ante la necesidad de un nuevo ajuste. Sibille explicó que "es muy difícil ajustar por ese lado debido a que la mayor parte del gasto es endógeno o sujeto a compromisos contractuales". Como ejemplo mencionó la obligación de pagar intereses de la deuda, abonar pasividades y los aumentos salariales de los funcionarios públicos.

Consultado sobre la probabilidad de una reducción del gasto público, De Haedo analizó que "hasta ahora el gobierno ha manifestado claramente una tendencia a no hacerlo" y añadió que hacia el futuro las autoridades "no parecen tener ninguna intención de ir por ese lado" para combatir el déficit.

Para Moya, en el mensaje de la Rendición de Cuentas "quedó demostrado que la reducción del gasto no está en los planes del gobierno".

Mientras que el analista de Vixion aportó otra variante que podría utilizar la conducción económica: "El ajuste fiscal podría venir a través de tolerar una mayor inflación que licúe el gasto por el efecto (del aumento de precios) más que por recortes".

El "tarifazo" de principio de año.

Los analistas coinciden en que el gobierno probablemente utilice las tarifas públicas como forma de aumentar su recaudación. Una decisión de este tipo ya se tomó a principio de año, cuando se privilegió las arcas públicas por sobre el combate a la inflación —que cerró 2015 en 9,44%— a la hora de ajustar los servicios de electricidad, luz y agua. En efecto, UTE subió 9,85% sus tarifas y por primera vez desde 2010 determinó un ajuste anual por encima de la inflación. Mismo porcentaje de incremento resolvió OSE, mientras que Antel subió los servicios de telefonía 9,4% en promedio (en línea con la inflación). A estas resoluciones debe sumarse la no reducción del precio de los combustibles que determinó Ancap, cuando el precio del barril del petróleo llegó a estar más de 30% por debajo del valor de referencia.

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