“Podemos hacer procedimientos más eficaces”, dijo el director de Rentas

La información que usa DGI para salir a "cazar" evasores

Cada mañana, economistas, informáticos, contadores y abogados de la Dirección General Impositiva (DGI) analizan información que proviene de empresas con facturación electrónica que llega en tiempo real a la administración tributaria.

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Cuando van a una zona a fiscalizar, ya tienen los comercios con mayor riesgo de evasión.

Esos documentos se cruzan a su vez con bases de datos de terceros (como colegios y clubes deportivos) y organismos públicos (el consumo de electricidad es un indicador de actividad) y también con el monitoreo de Google, redes sociales y páginas de Internet (para detectar ofertas de productos y servicios informales).

Recientemente han sumado otro indicador de riesgo: la no aceptación de tarjeta de débito y crédito para realizar pagos.

Eso y el cambio en la plantilla de funcionarios (ver aparte) constituye la base para que la DGI pueda ser más certero a la hora de detectar a evasores de impuestos.

"En la medida que disponemos de mucha más información, son procedimientos que podemos hacer de una manera mucho más eficaz y utilizando menos recursos", dijo en diálogo con El País el director general de Rentas, Joaquín Serra.

La evasión del IVA cerró en 2014 en el 10,5% de la recaudación potencial. "Da la impresión que sí" respondió Serra al ser consultado sobre si se llegó a un nivel "estructural" de evasión. "El haber reducido la evasión a ese porcentaje tiene que ver con distintos sistemas de retención y percepción que se han establecido en el IVA y con la capacidad de contralor que la DGI ha desarrollado", afirmó Serra. Aunque, "también con un cambio en la cultura tributaria de los uruguayos que están más afines a contribuir. Esto debería enorgullecer a todos los uruguayos", agregó.

Con una evasión de ese nivel, la DGI tiene que ser cada vez más analítica y contar con mayor cantidad de datos para detectar a los que incumplen con el pago de impuestos.

"En el 85% de los controles que estamos haciendo, estamos reliquidando impuestos. Eso significa que estamos logrando focalizar adecuadamente en el caso de los incumplidores", dijo el funcionario.

Un cambio es el de la factura electrónica, que le permite al organismo tener la información en tiempo real de la facturación de las empresa y a partir de allí poder detectar incumplimientos. En 2012 cuando comenzó el sistema eran siete empresas que emitieron 3.130.927 documentos. En ocho meses de 2015, eran 654 firmas que habían emitido 211.947.121 documentos.

"Eso da mejores posibilidades de control, en la medida que tenemos información de calidad y mucho más oportuna", dijo Serra.

La pregunta que se hacen los contribuyentes es si el organismo no se está convirtiendo en un "Gran Hermano" que todo lo ve. Eso "es una caricatura. Muchas veces lo que hay atrás (de esa afirmación) es una resistencia a ser controlado", respondió Serra. "Todas las administraciones tributarias en el mundo lo que hacen es manejar y analizar información. Hay países desarrollados y democráticos donde las administraciones tributarias disponen de mucha más información de la que dispone la DGI uruguaya. Aquel contribuyente que cumple adecuadamente con sus obligaciones no debe preocuparse. Pero hay una cuestión de igualdad en el trato a los contribuyentes, si la DGI no tiene información no puede ir a controlar a quien, en base al no pago de impuestos, compite deslealmente con aquel que paga en forma adecuada", enfatizó el director de Rentas.

Todo los años, la DGI elabora un plan de control. "Quizás lo más visible son los operativos masivos geo-localizados que hacemos" apuntó Serra en referencia a cuando los inspectores del organismo desembarcan en comercios previamente identificados con mayor riesgo de evadir de una zona (los últimos han sido en Carrasco y los shoppings).

"Pero además de ese tipo de operativos hacemos otra cantidad de controles: los distintos tipos de impuestos, distintos riesgos según los distintos tipos de contribuyentes", agregó.

La "DGI ha modificado la forma de inspeccionar. Uno de los cambios que ha hecho es incorporar lo que llamamos auditorías de escritorio. Cuando desde nuestro sistema se detectan inconsistencias, se cita a los contribuyentes a la oficina para que aclaren si hay un problema de mala calidad de la información o si hay un problema de impago de impuestos y deben reliquidarlos. La información obtenida a través de factura electrónica es muy útil para este tipo de controles", explicó el director de Rentas.

"Casi en la totalidad de los casos que utilizamos información de este tipo, reliquidamos el impuesto. Hemos controlado el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y también de empresas con esta información", añadió.

También la ley de Inclusión Financiera (que hace obligatorio la realización de ciertos pagos por vía bancaria o de dinero electrónico) es una herramienta para la DGI.

"Hace unas semanas, hicimos un control en Montevideo en el área de servicios y gastronomía de establecimientos que no aceptaban medios de pago electrónico. Entendimos que eso era un indicio de riesgo y junto con otra información disponible identificamos 50 establecimientos que pasamos a controlar y efectivamente había problemas de cumplimiento. Vamos a determinar clausuras, estamos pidiéndolas ante el Poder Judicial y hubo reliquidación de impuestos en la casi totalidad de los casos", recordó.

"Como es un procedimiento que resultó efectivo, es uno de los indicios que estamos incorporando en nuestro análisis de riesgo", dijo Serra.

A partir del 1° de diciembre, el pago de alquileres será obligatorio vía bancaria. "Nos va a permitir mejorar el control del IRPF por parte del propietario (debe pagar 10,5% de lo obtenido por el alquiler) y mejorar el control de la devolución de los créditos en el caso de los inquilinos (que reciben el 6% de lo abonado por el alquiler como crédito para descontar del IRPF), puntualizó.

Incorporar funcionarios que no tenía el organismo.

Una de las claves para utilizar mejor la información, es el cambio en la plantilla de funcionarios. "Hemos procurado seguir incorporando personal con habilidades nuevas: economistas, informáticos, una serie de recursos humanos que la DGI no tenía en otros momentos pero que son los que hoy permiten el poder manejar los grandes volúmenes de información que recibimos por medios digitales, hacer sus análisis y el manejo correspondiente de esa información", dijo el director general de Rentas, Joaquín Serra.

Impuesto de Primaria rural recaudó $ 165 millones en mes.

El director general de Rentas, Joaquín Serra adelantó a El País que al vencimiento de la primera cuota del Impuesto de Primaria para inmuebles rurales —que fue reimplantado este año—, se recaudaron $ 165 millones.

La Dirección General Impositiva (DGI) "está recaudando los impuestos de aquellos inmuebles rurales en los cuales hay explotación, que son la mayoría. Con los datos al 30 de septiembre se recaudaron $ 165 millones", dijo Serra. A fin de ese mes venció la primera cuota del impuesto, mientras que el 6 de noviembre lo hará la segunda y el 15 de diciembre la última.

"Se estimaba que se iban a recaudar por concepto de este impuesto $ 400 millones", recordó Serra. Si bien lo obtenido por la primera cuota puede llevar a pensar que se superará esa cifra, el director de Rentas afirmó que "no es lineal" la estimación "porque hay contribuyentes que pueden haber pagado tres cuotas o dos cuotas en esta primera" y la DGI está "haciendo ese análisis con la Administración Nacional de Educación Primaria (ANEP)".

"Nuestra proyección es que se van a lograr recaudar los $ 400 millones estimados", agregó Serra.

Recordó que "la DGI firmó un convenio con Primaria para cooperar en la recaudación de este tributo" que financia "gastos de mantenimiento, alimentación de los niños, traslados de los niños".

"Es una satisfacción poder decir que hemos podido cumplir con el objetivo de recaudar el impuesto en los montos que se habían estimado", afirmó Serra y añadió que "la ley que prevé que a partir del año 2018, la DGI se haga cargo del impuesto" para todos los inmuebles, no solo rurales.

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