EL BANCO CENTRAL ALERTÓ POR “RIGIDEZ”

Informe jurídico de bancos fustiga proyectos de tarjetas

Los de Peña y De León son “confusos”, y con artículos inconstitucionales.

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El proyecto que regula tarjetas de débito y crédito favorece el efectivo según informe. Foto: Archivo

El proyecto de ley —a estudio de Diputados— que fija diferencias y topea los aranceles máximos que se pueden cobrar por tarjetas de crédito y débito a los comercios que las acepten, es "confuso", "impreciso", "empeora" normas generales del derecho, "beneficia al efectivo sobre los medios de pago electrónicos", y contiene una disposición "doblemente inconstitucional".

Eso es lo que señala un informe del socio de Guyer & Regules, Juan Manuel Albacete, elaborado para la Asociación de Bancos Privados (ABPU) —al que accedió El País— y presentado ante la comisión de Hacienda de Diputados.

El proyecto en discusión es del diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. En el Senado, hay uno similar —con los mismos artículos casi en su totalidad— de Leonardo de León (Frente Amplio, Lista 711) que genera polémica a la interna del partido de gobierno.

Albacete realiza un análisis general y también artículo por artículo del texto. El abogado aseguró que "el proyecto es impreciso en cuanto la utilización de los términos. Muchas veces utiliza la expresión emisor cuando debió referirse a otros participantes del sistema".

Además, "se obliga a visar contratos ante organismos que están atorados de trámites y que además no son competentes para ello, se pretende cristalizar, regulando al detalle, relaciones que deben estar caracterizadas por la fluidez y el dinamismo. Se dificulta y se impide el desarrollo de nuevos productos bene- ficiosos para el consumidor", sostuvo.

Según Albacete, a través del proyecto "se intenta de manera poco sistemática y a veces confusa, regular de forma integral el mercado de las tarjetas de crédito. En algunos casos, el proyecto introduce algunas novedades normativas absolutamente negativas, como ser la necesidad de aprobación previa de contratos con los proveedores (artícu-lo 3) o la fijación de aranceles máximos a comercios (artículo 7), etc.".

El texto de Peña establece que la diferencia de aranceles cobrados a diferentes comercios por tarjetas de crédito no podrá superar el 2% y que en el caso de tarjetas de débito no podrá superar el 1%. El de De León fija en 1,5% el arancel máximo cobrado a comercios por tarjeta de crédito y en 0,5% el máximo para tarjetas de débito.

Un acuerdo entre los bancos, los emisores de tarjetas y el gobierno, prevé llevar a 1,5% el arancel máximo para tarjeta de débito y a 3,5% el máximo de crédito.

Al respecto, Albacete apuntó que la "limitación" a los aranceles por vía legal "resulta doblemente inconstitucional". Señaló que "infringe: la libertad de comercio y contratación consagradas en el artículo 36 de la Constitución, y el requisito ineludible de la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de fijación de precios conforme lo dispone el artículo 133 de la Constitución". En ambos proyectos la iniciativa es del Poder Legislativo. Dice el artículo 133 de la Constitución: "requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada".

Albacete agregó que "obviamente en este caso la ley pretende fijar precios a productos (en su más amplia expresión) de la actividad privada lo que requiere necesariamente iniciativa del Poder Ejecutivo. Iniciativa con la que no cuenta este proyecto".

De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha manifestado contrario a ambas iniciativas. "Uno puede tener un objetivo muy loable, pero cuando regula precios termina con el resultado contrario", había afirmado el asesor del MEF, Martín Vallcorba.

Otras críticas.

El proyecto "en otros casos, realiza aplicaciones al sistema, de normas generales del derecho que son de todos modos aplicables, pero empeorándolas o haciéndolas excesivamente rigurosas para el sistema de tarjetas de crédito como si de un castigo se tratara. Ello sucede en materia de relaciones de consumo, defensa de la competencia y usura", afirmó el asesor de la ABPU.

"Pretende pasar al ámbito de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia asuntos y materias que no le corresponden, creando además un entorpecimiento en la aprobación de contratos entre privados", añadió.

"En los restantes casos, otorga rango legal a algunas disposiciones ya aplicables al sistema en virtud de la normativa del Banco Central (BCU). Este último aspecto que parece inocuo es también negativo por cuanto eleva a rango legal normativa que debería ser naturalmente de rango reglamentario. Esto inhibirá al BCU, como ente regulador especializado, de modificar sus disposiciones para acompasar los cambios en el mercado y las necesidades de los operadores", aseguró Albacete.

De hecho, el presidente del BCU, Mario Bergara, cuando concurrió a la comisión de Hacienda de Diputados a mediados de abril, fue crítico de estos aspectos. La fijación de aranceles máximos "implica una rigidez enorme" para el negocio de los bancos y sellos emisores, expresó Bergara.

"Si el precio es demasiado bajo no va a haber agentes que provean el servicio", mientras que "capaz que un número de hoy puede llegar a quedar demasiado alto dentro de pocos años, pero en la medida en que esté establecido en una ley como precio máximo, el proceso de negociación favorecerá a quienes pretendan mantenerlo", afirmó en esa ocasión.

"Múltiples reparos".

El proyecto de ley que regula las tarjetas de crédito y débito, "beneficia el efectivo sobre los medios electrónicos de pago", afirmó el estudio del texto realizado por el abogado de Guyer & Regules, Juan Manuel Albacete para la ABPU. Eso "no condice con la ley de Inclusión Financiera ni con las normas tributarias (artículos 5 y 36). Las normas tributarias buscan que las transacciones se realicen con medios de pagos electrónicos ya que normalmente, como en este caso, estarán sujetas a retención y control", añadió. A su vez, "desde el punto de vista de la normativa en materia de defensa de la competencia, el proyecto de ley merece múltiples reparos, al incurrir en contradicciones e irregularidades que entendemos hacen injustificada su adopción", afirmó.

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