Empresas nacionales reclaman por competencia de “oficinas golondrinas”.

Representantes de la Cámara de Industrias (CIU) y de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) llegaron el miércoles hasta la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores para plantear un tema que los inquieta: las licitaciones públicas del Estado para adquirir medicamentos.

La Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estuvo en el centro del planteo que se escuchó en el Parlamento. La UCA es quien se encarga de la compra de "alimentos, servicios alimentarios, medicamentos, insumos médicos y afines, por cuenta y orden de los organismos integrantes del sistema, de acuerdo a la cantidad y calidad requerida por los mismos, en condiciones de transparencia y accesibilidad para los oferentes, en forma oportuna y a un precio ajustado a los valores de mercado", según describe en su sitio web.

De acuerdo al relato de los dirigentes gremiales, la UCA llama a una licitación pública para la compra de medicamentos una o dos veces en periodos de dos años. El último pliego, afirman, tuvo "varias variantes" respecto a los anteriores.

"Este es el pliego más leonino que vimos para la industria farmacéutica", dijo el vicepresidente de Desarrollo Institucional de la CIU, Ruben Donnangelo. "Acá son todas obligaciones para el oferente y el comprador no tiene obligación alguna, es totalmente injusto", agregó.

Entre otros, quienes concurrieron a la Comisión del Senado señalaron que el oferente se compromete a entregar una cantidad determinada de fármacos, "y la UCA se reserva el derecho de no comprar nada".

Ante la consulta del senador Andrés Berterreche (MPP) de por qué se hace una licitación y luego no se procede a la compra, el gerente ejecutivo de la ALN, Álvaro Martínez indicó: "realmente no lo sabemos. Creo que hay un cierto desorden".

Además, los representantes de los laboratorios criticaron que las reglas de juego actuales permiten que los fabricantes nacionales compitan "con más de 40 oficinas cuya actividad no es conocida fehacientemente" ni por ellos ni por el Ministerio de Salud Pública (MSP), en palabras de Donnangelo. Son, añadió el dirigente de la CIU, "oficinas golondrinas" que, una vez conocido el pliego "analizan cuánto les cuesta importar tal o cual producto de la India y, si van a obtener ganancia, lo importan".

Según Donnangelo, esta práctica no está permitida en los países de la región, puesto que para importar hay que tener un laboratorio instalado, así como un depósito propio.

"Acá no es así, y por eso existen estas oficinas que llamamos golondrinas, que importan una vez al año si ganan la licitación y, si no, esperan hasta la próxima", dijo el dirigente de la CIU.

"El resultado es que hoy los puestos de trabajo de la industria están en riesgo", señaló, al tiempo que pidió al "sistema político que reflexione sobre cómo defender" la industria nacional. "Es tan fácil competir con nosotros que está planteado el riesgo de la subsistencia de nuestra industria", alertó.

Donnangelo citó algunos ejemplos recientes de este fenómeno.

"Ya hay antecedentes en este sentido: no hace mucho cerró la empresa Galia, quedando más de 200 personas fuera de nuestra industria; hace muy poco la empresa Urufarma despidió a más de 20 personas, y Caillon & Hamonet también mandó personal al seguro de paro. Y si siguen migrando productos fabricados en el Uruguay a empresas importadoras, habrá más cierres de empresas y la mano de obra se va a resentir fuertemente", aseguró.

Por su parte, el gerente ejecutivo de la ALN, Martínez, insistió en este punto: "Estamos francamente preocupados por la evolución del mercado farmacéutico".

"Hay una norma Mercosur a partir de la cual Argentina y Brasil han establecido el requisito del laboratorio de control de calidad propio, que es algo por lo que nosotros venimos bregando desde hace mucho tiempo, sin éxito", dijo.

Para Martínez, esto deja a la industria nacional en inferioridad de condiciones frente a las "oficinas golondrinas".

"Acá cualquiera viene, se registra en el MSP, contrata un químico free lance, le paga un modesto honorario mensual y registra todos los productos que quiera", indicó.

El dirigente de la ALN indicó que la gremial no reclama "ningún tipo de proteccionismo", sino que pretende que "existan normas equitativas y razonables que permitan marcar la presencia de la industria nacional".

En esta línea, Martínez dijo que el miércoles, previo a la visita al Parlamento, se habían reunido con la ministra de Industria, Carolina Cosse, para comentarle de primera mano estas inquietudes.

Durante el gobierno pasado, cuando Roberto Kreimerman se desempeñaba como titular del Ministerio de Industria, se redactó un decreto (el 194/014) que fue calificado como "positivo" por Martínez.

"Ahora lo que pretendemos es que se aplique de acuerdo con el espíritu de la norma", pidió. Entre otros, este decreto contemplaba un "mecanismo de reserva de mercado" para los laboratorios nacionales que cumplieran con ciertos requisitos. Esto, advierten ahora las empresas, está en peligro.

Si esta reserva de mercado no se aplica, sostuvo Donnangelo, "se va a perder mucho trabajo nacional".

La Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) nuclea a 24 empresas de capital local y regional. El mercado doméstico es de alrededor de US$ 500 millones, de los que cerca de US$ 300 millones corresponden a ventas de laboratorios nacionales, según cálculos de la gremial. Son 3.000 los trabajadores que emplean estas empresas de manera directa (15% de ellos son profesionales universitarios), y otros 1.500 son contratados a través de servicios tercerizados. Al día de hoy, el 27% de lo que venden se coloca en el Estado, el 28% en farmacias y droguerías, y alrededor del 45% en el mutualismo, indicó el gerente ejecutivo de la gremial, Álvaro Martínez, el miércoles cuando concurrió a la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores.

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