SINDICATO: ¿QUÉ INVERSIONES SE HICIERON?

Ley de puertos: los pros y contras 25 años después

Autoridades y empresarios la defienden; sindicato la critica.

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Actores portuarios analizaron ley madre de 1992 y señalaron críticas y virtudes. Foto: Somos Uruguay

Un evento a 25 años de la Ley de Puertos realizado ayer mostró posiciones divididas: las autoridades y los sectores empresariales (navieras y despachantes) elogiaron la normativa y la presentaron como relevante para la modernización de la actividad, mientras que el sindicato portuario cuestionó varios puntos vinculados a las condiciones laborales que promovió.

"La ley fue creada por sectores que defendieron sus intereses y es lógico que hoy la aplaudan", dijo el presidente del Sindicato Único Portuario, Ricardo Suárez, al recordar que los trabajadores no fueron consultados cuando se redactó el texto en 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional). "Se quiso sacar las ganancias del Estado y moverlas al sector privado", agregó.

En el ciclo "Desayunos Útiles" de Somos Uruguay, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, valoró como "una virtud de la ley" el hecho de "quitarle presión al presupuesto para que las inversiones las hagan los privados" mediante concesiones que luego de un período de tiempo quedan en poder del Estado. Aunque aclaró que en algunas áreas la ANP debió intervenir con obras porque no había interés de participar por parte de las empresas.

El jerarca destacó que durante el cuarto de siglo que lleva vigente la ley, la actividad en los puertos nacionales creció 10 veces y se incrementó la cantidad de operadores de 18 a unos 350. "Las navieras nos toman en cuenta porque aquí se opera bien, tenemos la infraestructura adecuada y trabajadores calificados", expresó Díaz.

Respecto a esto último, Suárez planteó que exista un requisito "de habilidades mínimas" para entrar a trabajar en el puerto pero a cambio exigió un mínimo de 13 jornales mensuales, porque hoy "no hay una sola empresa con trabajadores mensuales y estables, más del 50% son jornaleros". Además, criticó las condiciones de seguridad laboral en el sector y que existan ciertas áreas de la actividad (como los puertos en zonas francas) que están fuera de los controles de la ANP.

A su vez, cuestionó a las dos empresas que acaparan el movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo: Montecon (el mayor usufructuario de los muelles públicos) y Terminal Cuenca del Plata (TCP) que tiene bajo concesión una terminal especializada de contenedores —80% es de la firma belga Katoen Natie y 20% de la ANP. "¿Qué inversiones hicieron en el puerto? Es como que un almacén diga que invirtió en la balanza y la caja registradora. No, esas son herramientas de trabajo", indicó Suárez.

En su alocución, el secretario del Centro de Navegación, Álvaro Toledo, recogió el guante sobre los reclamos sindicales y dijo que viven "administrando tensiones", aunque aclaró que "hay voluntad y ámbitos para negociar con los trabajadores".

Por su parte, el gerente general de la Asociación de Despachantes de Aduana, Enrique Martínez, destacó la agilidad con que se realiza actualmente el trámite y señaló que "un día de demora en la gestión aduanera, por los costos, significa un punto más de arancel".

Tras el evento, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, manifestó que "la Ley de Puertos ha sido muy discutida desde su origen pero se ha ido imponiendo en la marcha del país y se ha convertido en referente para la comunidad portuaria y el sistema económico nacional".

Como remate, Suárez manifestó: "A nosotros esta ley nos costó muchísimo. Esperamos no festejar los 50 años, sino los cinco o 10 años de una nueva ley que nos sirva a todos". Sus palabras generaron algunos aplausos y silencio del lado del auditorio donde estaban las mesas de las empresas portuarias.

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