La telefónica Oi, mayor operadora de telefonía fija de Brasil, y seis filiales solicitaron ayer protección por bancarrota en una corte de Río de Janeiro, tras no obtener el apoyo de los accionistas a un plan para reestructurar la deuda de 65.400 millones de reales (US$ 19.300 millones).

La solicitud es la mayor en la historia de Brasil, según datos de Thomson Reuters. La semana pasada, Oi reconoció que su estructura de capital "no era sostenible" y que sin una reestructuración de deuda casi el 92% de su efectivo se agotaría antes de fin de año.

En un documento presentado al regulador de valores, Oi dijo que la solicitud de protección judicial deriva de "obstáculos que enfrentó la administración para hallar una alternativa viable con los acreedores".

La compañía buscará mantener su nivel de calidad de servicio durante el proceso y preservar su efectivo, dice el texto.

Las preocupaciones sobre un inminente plan de bancarrota de Oi ganaron fuerza el 10 de junio, cuando el presidente ejecutivo Bayard Gontijo renunció después de que la mayoría del directorio objetó a la dirección que llevaba las negociaciones de reestructuración.

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