El déficit fiscal en el orden del 3,6% del PIB en el año terminado en noviembre pone un piso muy alto a la programación financiera del gobierno entrante.

Es un problema que requiere una solución inicial si es que se desea mantener un espacio fiscal para los proyectos propios sin llegar a cifras deficitarias que comprometan la credibilidad sobre el futuro.

En tal sentido el gobierno saliente, en sus últimos meses de gestión, está tomando medidas que habían sido postergadas en el año electoral. Se trata de medidas que pueden hacer que se llegue a una situación fiscal más adecuada a finales del primer trimestre del año que viene y posiblemente alivianen la carga del nuevo equipo económico.

Hay que tener en cuenta que la próxima administración deberá enfrentar un contexto internacional muy complejo y poco amigable con estancamiento global y regional y una marcada deflación en dólares. Una vez que se incorpora esta realidad surge claramente que hay una necesidad de mayor recaudación o de ajustar el gasto público a la baja.

Uno de los ajustes realizados por el actual gobierno es el aumento de los ingresos impositivos por medio de instrumentos administrativos. En efecto, hay parámetros en la liquidación de impuestos que pueden incrementar la recaudación como es el caso de los mínimos no imponibles para el pago de impuestos, tarea que es potestad del Poder Ejecutivo.

Un caso concreto es la fijación de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), en función de la cual se establecen las distintas franjas a los efectos del pago del impuesto a las rentas personales (IRPF). La normativa establece que cada vez que se ajusten las remuneraciones en el sector público, también debe actualizarse la BPC, en función de la situación financiera del Estado.

Es así que se otorga al gobierno al posibilidad de ajustarlo en función de la variación del IPC o del índice medio de salarios entre ajustes (uno u otro, variación que a su vez puede modificarse en más menos 20%).

A lo largo de 2014, el IPC se incrementó 8,26% y los salarios promedio de la economía aumentaron 12,63% (doce meses a noviembre).

El Poder Ejecutivo ajustó la BPC un 8,5%, valor más cercano al del IPC. Claramente fue una decisión basada en la situación financiera del erario público, que registra un déficit elevado.

Ello tendrá implicancias positivas en la recaudación, ya que al subir la BPC en un porcentaje inferior al incremento de los salarios, nuevos contribuyentes, cuyos ingresos previo al ajuste eran inferiores al mínimo no imponible ($ 19.485), seguramente luego del ajuste que hayan recibido en sus remuneraciones enero, o que reciban en los próximos meses, estarán por encima del nuevo límite ($ 21.143).

Pero no sólo habrá un aumento de recaudación por los nuevos contribuyentes, sino también por los saltos de franja que se producirán, ya que éstas también se ajustan por el valor de la BPC.

Durante todo el año pasado se puso énfasis en el deterioro financiero que ocurría en las empresas públicas (EE.PP.). En el comienzo del año la discusión de política económica se está centrando en los ajustes de las tarifas públicas debido a que se está corrigiendo esa situación procurando mejorar los ingresos de caja de las empresas.

El caso de los combustibles es el más emblemático, dada la magnitud del descenso que registró en los últimos meses el precio del petróleo y la sensibilidad que despierta el tema en la población.

En buena medida la política de tarifas públicas estuvo condicionada en los últimos años por los intentos del gobierno tendientes a evitar una escalada de la inflación. La buena recaudación que experimentó la DGI permitió compensar deterioro en el resultado de las EE.PP..

El nuevo contexto económico ya no da más margen para que ello siga así. Brasil está atravesando por un proceso similar y el nuevo ministro de Economía ha anunciado un cambio en la política, a partir del cual las tarifas reflejarán la realidad comercial de las empresas y ya no seguirán un objetivo anti inflacionario.

Pese a que el barril de petróleo cayó a la mitad en los últimos meses, las tarifas de los combustibles apenas disminuyeron un 4%. Actuaron aquí dos fuerzas contrapuestas que resultaron en una disminución prácticamente imperceptible para el bolsillo del consumidor. Por un lado el ajuste del Imesi a los combustibles (del orden del 12%), y por el otro el descenso del precio de Ancap en aproximadamente 14%.

El ajuste del Imesi merece los mismos comentarios que el de la BPC. Por su parte, las autoridades del ente petrolero establecieron una nueva paramétrica para la fijación del precio de los combustibles, y señalaron que lo revisarán cada tres meses. La rebaja actual pudo haber sido mayor, pero dadas las pérdidas acumuladas, se entiende que la empresa deba recomponer sus cuentas.

El punto de partida mejorará algo en relación a lo que puede ser la proyección pasiva de las finanzas públicas. De todas formas el desafío sigue siendo el mismo y el entorno de la elaboración y del trámite presupuestario del próximo presupuesto seguramente presentará restricciones que no tuvieron los dos anteriores.

TEMA DE ANÁLISIS