LAS SUBSIDIARIAS BAJO LA LUPA

MEF apoya más control a las sociedades de los entes

Que el Poder Ejecutivo autorice su creación y la renovación de préstamos.

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MEF: colocó deuda en Unidades Indexadas y recibió buena demanda. Foto: D. Borrelli

Una iniciativa de la oposición para ampliar los controles sobre las Sociedades Anónimas (SA) propiedad de entes estatales y establecer que el Poder Ejecutivo deba dar su autorización para la creación de este tipo de sociedades fue apoyada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Se trata de un proyecto de ley del legislador del Partido Nacional Álvaro Delgado, que pone el foco en las SA de los entes que funcionan bajo el derecho privado, como ALUR o Ducsa en el caso de Ancap o la firma Gas Sayago que pertenece a la petrolera estatal y UTE. Son unas 30 las sociedades en esa condición dentro del Estado, las cuales escapan a los controles del Tribunal de Cuentas y su creación es decisión exclusiva de la "empresa madre" sin necesidad de un aval del gobierno de turno.

La propuesta incorpora varios cambios a la normativa vigente y el artículo inicial sostiene que "la constitución de las sociedades anónimas en las que directa o indirectamente tenga participación social un ente estatal industrial o comercial deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo e informadas a la Asamblea General dentro de los treinta días de su constitución". Delgado explicó que esto "daría al gobierno de turno y a todos, más garantías" sobre el funcionamiento de las SA.

Consultado respecto a este artículo en la Comisión, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que "nos es muy difícil oponernos cuando hay apoyo unánime", luego que este punto haya sido respaldado por los legisladores Luis Alberto Heber (Partido Nacional) y Rafael Michelini (Frente Amplio).

El jerarca del MEF señaló que el agregado legal debería tener "una suerte de equilibrio entre dos aspectos": por un lado lo que "burocratiza el proceso" de creación de una SA, la necesidad de contar con el aval del gobierno, "versus las ganancias de control que esto permite". "Podríamos decir que si se es eficiente para que esa burocratización no genere un perjuicio, la idea de generar el control es compartible", indicó Ferreri.

El proyecto presentado por Delgado también plantea que las SA de los entes deben adoptar obligatoriamente un catálogo de buenas prácticas de gestión y gobierno corporativo (como mínimo las exigidas por el Banco Central a las empresas para cotizar en bolsa) y que un porcentaje minoritario de las acciones deban abrirse mediante suscripción pública en el mercado de valores.

"Nos parece correcto el espíritu de este proyecto de ley, más allá de la duda de si esto (los nuevos controles a las SA) debe ser establecido en una ley o no", manifestó Ferreri. Al comparecer la semana pasada ante la Comisión, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, había sostenido que la tarea de control de este tipo de sociedades corresponde a "la asamblea ordinaria de accionistas de la cual forma parte la empresa madre".

Lo que no compartió el subsecretario de Economía es la obligación de apertura del capital accionario de las SA y detalló que pese a haber experiencias exitosas en ese sentido (como la salida de UTE al mercado de valores para financiar proyectos eólicos) "eso tiene que ver con la casuística y especificidad de cada empresa". Indicó que esa disposición "debería ser una facultad, un podrán, y no una obligación taxativa como está establecido" en el texto de Delgado. El senador blanco apuntó que la norma fija esa obligación "siempre que las condiciones lo permitan".

Préstamos.

Delgado consultó a Ferreri acerca del artículo 11 del proyecto, que obliga a que el Poder Ejecutivo habilite cualquier renovación de préstamos de los entes o sus SA que impliquen un endeudamiento superior a 85 millones de Unidades Indexadas —unos US$ 10 millones. Con la norma vigente "hay dos bibliotecas" según dijo el legislador, lo que quedó comprobado al investigar lo ocurrido en Ancap durante el período pasado ya que algunas de sus firmas satélite entendían que no necesitaban autorización para renovar los créditos.

Además, planteó que en esa instancia se recabaron opiniones de "departamentos jurídicos de los entes autónomos madre que entienden que para ellos es muy importante tener que elevar no solo los préstamos de las sociedades anónimas, para la autorización, sino también las renovaciones para tener un mayor nivel de control".

Ferreri reconoció que "es discutible" la situación actual respecto a la renovación de los préstamos que toman las empresas públicas y sus subsidiarias. A su vez, planteó que existen dos tipos de renovación: la que se da "en las mismas condiciones de tasa, de garantías, etcétera, donde podríamos decir que no hay cambios sustantivos; pero si estamos frente a una renovación que implica, por ejemplo, un aumento de tasas o garantías adicionales, eso cambia la realidad".

Entonces propuso avanzar hacia un nuevo esquema normativo donde no requiera autorización la renovación de préstamos bajo las mismas condiciones y sí se deba hacer cuando las características cambian. Esto fue aceptado por Delgado.

Por otra parte, la Comisión de Hacienda también tiene a estudio otro proyecto referido a las potestades de las empresas públicas que presentó el Frente Amplio y plantea sumar al área de acción de los entes la realización de proyectos de investigación e innovación en los campos de su especialidad. Ferreri respaldó la iniciativa al igual que el director de la OPP.

La lentitud del derecho público.

Ferreri dijo que la creación de SA bajo derecho privado es parte de la estrategia "que se ha ido generando por parte de las empresas públicas para que sean más rápidas algunas acciones, porque el derecho público las hace ser más lentas". Esta práctica viene siendo cuestionada por la oposición en especial por lo ocurrido con las subsidiarias de Ancap (son unas 20 las firmas dentro del grupo económico), dado que la encargada de los controles es únicamente la empresa madre y no el Tribunal de Cuentas como en el sector público. El jerarca expresó que a futuro se debería "pensar cómo el derecho público podría generar mecanismos más ágiles y eficientes sin perder los controles. De lo contrario, estamos atacando determinados síntomas pero no la enfermedad".

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