BAJO LA LUPA

"Mitos" en torno al debate sobre inclusión financiera

Algunas críticas lanzadas “no condicen con la realidad”, dijo Vallcorba.

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Foto: Fernando Ponzetto

Un grupo variopinto —que incluye, entre otros, al abogado Gustavo Salle, el excandidato a la presidencia del Partido Ecológico Radical Intransigente, César Vega; varias gremiales empresariales del interior del país y otras nacionales, como Cambadu— está detrás de dos iniciativas con un mismo objetivo: recolectar las firmas necesarias para celebrar un plebiscito junto a las próximas elecciones presidenciales que barra con aspectos de la ley de Inclusión Financiera, aprobada en 2014, mediante la incorporación de nuevos artículos a la Constitución. La iniciativa despertó el apoyo de algunos legisladores de la oposición (como los senadores blancos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga) y el rechazo de otros (es el caso de la senadora nacionalista Verónica Alonso, del senador independiente Pablo Mieres y del diputado colorado Fernando Amado).

Así, mientras unos empiezan a dar los primeros pasos para juntar las firmas del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico —requisito para la realización del plebiscito con los comicios de 2019—, la propuesta cosechó adhesiones y críticas en el Poder Legislativo y se volvió un tema de discusión.

Con este telón de fondo, la cara visible de esta política del gobierno, Martín Vallcorba, argumentó ayer nuevamente por qué sería un error echar por la borda las medidas que se han dado en esta dirección.

El coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo que la modernización del sistema de pagos es "ineludible" y que esto no es así "porque lo disponga una ley" sino porque "todos los países van en esa dirección, con ley o sin ley". Esto, agregó, se da a impulso de los cambios de hábito de las personas.

"Lo peor que podemos hacer es tratar de frenar ese proceso, porque es de alguna manera querer que Uruguay sea una isla en una trayectoria de modernización que sigue el mundo en general", planteó Vallcorba en el primer día del X Congreso nacional de graduados en Ciencias Económicas y Administración.

Vallcorba agregó que la preocupación tiene que estar centrada en que este proceso "no deje a nadie por el camino".

Además, deslizó que centrar las energías en regular el mercado de tarjetas resultará obsoleto en breve. Esto porque a nivel mundial la tendencia marca que estos plásticos se dejarán de lado. En cambio, "el celular está llamado a ser la herramienta principal, en el muy corto plazo, en la cual se base nuestro sistema de pagos", indicó el funcionario.

Más allá de defender las medidas que el gobierno ha tomado en este campo, Vallcorba mencionó que no se trata de un "proceso acabado" sino de uno "abierto y en construcción". Dijo, también, que se ha actuado con "gradualidad y pragmatismo" a la hora de implementar la ley y que su regulación e instrumentación se adaptó cuando así se lo consideró pertinente.

En esta línea, mencionó el caso de quienes viven y trabajan en el medio rural: si la localidad tiene menos de 2.000 habitantes y no tiene un punto de extracción de efectivo en tres kilómetros a la redonda, los pagos no deben hacerse con medios electrónicos, al menos hasta fin de año, cuando se volverá a evaluar la situación de cada lugar.

"Mitos".

Sobre el final de su exposición, el jerarca del MEF señaló que en los últimos tiempos surgió "una discusión legítima" sobre este programa del gobierno, marco en el que mencionó la recolección de firmas para reformar la Constitución.

"Me parece que es importante aclarar algunos aspectos, porque buena parte del debate sobre este tema se ha basado en problemas de información, mitos que no se condicen con la realidad del programa de inclusión financiera", dijo.

Entre otros, hizo referencia a la situación de aquellos que viven en el interior del país y que puedan estar lejos de un punto de extracción de efectivo (como se explicó antes).

Asimismo, enfatizó que los comercios no están obligados a aceptar medios de pago electrónicos como tampoco sus clientes tienen la exigencia de pagar con ellos si así no lo desean.

Por el contrario, añadió, sí ha habido ciertas "limitaciones" al uso del efectivo en algunas transacciones comerciales pero "vinculadas con la seguridad y con mejorar los controles en materia de lavado de activos", puesto que es el efectivo el "vehículo que se utiliza para realizar transacciones ilegales, de evasión y de lavado".

El economista sostuvo que "un cambio profundo necesariamente va a generar reacciones de alguna manera defensivas frente a una situación de confort" que se tenía previamente. Pese a que hay "aspectos que hay que seguir mejorando", admitió, los "cambios no se detienen y van a seguir profundizándose", planteó.

Retiros de pequeños montos en comercios.

"Estamos convencidos de que el camino para que cada uno de nosotros cada vez use menos efectivo es tener cada vez mayores posibilidades de obtener el efectivo cuando lo precisemos", comentó el coordinador del Programa de Inclusión Financiera del MEF. En esta línea, mencionó una de las novedades que surgieron bajo el paraguas de la ley de 2014: el cashback. Se trata de la posibilidad de realizar un retiro limitado de dinero en un comercio cualquiera: se paga con débito, por ejemplo, y el "vuelto" se recibe en efectivo. Vallcorba dijo que esto permite "reducir la acumulación de efectivo en las cajas". Si bien todavía son muchas las empresas que no conocen esta modalidad, señaló la experiencia de la cadena de farmacias Farmashop, que desde hace unos meses ofrece la posibilidad de efectuar retiros por debajo de determinados montos en sus 92 sucursales de todo el país con tarjetas del Santander y el Banco República. Es la primera empresa de porte que brinda este servicio.

Transferencias, cheques y la irracionalidad.

Durante su presentación ayer en uno de los salones del Radisson, Vallcorba recordó cómo era la situación previa a la ley de inclusión financiera, en 2014. El sistema de pagos era "absolutamente ineficiente", con una fuerte dependencia del efectivo y los cheques, dijo. Por el contrario, las transferencias y las tarjetas de débito eran "prácticamente inexistentes", añadió.

Antes, si un banco permitía realizar una transferencia a otra institución muchas veces su costo "era imposible" y podía llegar a US$ 60 por "algunos miles de dólares". Si se elegía realizar la operación con un cheque, salía por debajo de US$ 1, pese que para el sistema es más costoso procesar esto. Vallcorba dijo que en estos años los costos de las transferencias bajaron "sustancialmente". A pesar de esto, añadió que siguen siendo un "poquitito más caros" que los cheques. "Sigo insistiendo que es irracional, pero seguimos trabajando para que esa situación de alguna manera se revierta", expresó.

Los incentivos que la ley previó para alentar el menor uso del efectivo —como las rebajas de IVA, actualmente 4 puntos— hicieron que los uruguayos se volcaran más a estos medios de pago. Desde su impresión hasta su traslado, el dinero en efectivo tiene costos "elevadísimos" para un país. Además, su menor uso redunda en mejoras en la seguridad, indicó Vallcorba, quien puso como ejemplo el descenso de los robos que las estaciones de servicio experimentaron tras la prohibición de recibir efectivo entre las 22 y las 6 de la mañana. También el jerarca del MEF hizo alusión al impulso que la ley dio a nuevos jugadores, como los emisores de dinero electrónico y los llamados "fintech".

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