Eficiencia", "desaceleración", "desafíos", pero sobre todo "confianza" (repetida al menos 18 veces) fueron algunas de las palabras más utilizadas ayer por el equipo económico para pautar la situación de Uruguay y cómo se encara la elaboración del Presupuesto quinquenal en el Foro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) en Punta Cala.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri lo resumió en una analogía: "en los próximos años el barco (la economía uruguaya) va a atravesar aguas más turbulentas" pero "está sólido y tiene un rumbo claro" y "el viento que infla sus velas es la confianza".

El gobierno dejó en claro que la disponibilidad de recursos no será la misma que se tuvo en la década pasada y eso se tendrá que reflejar en la planificación del gasto y las prioridades que fije cada uno de los ministerios y organismos del Estado. La posibilidad de aumentar la carga impositiva "no está en el menú" de la política económica, "lo volvemos a afirmar en el día de hoy", dijo tajante el ministro de Economía, Danilo Astori.

El director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía (MEF), Andrés Masoller sostuvo que el objetivo es elaborar un presupuesto que "no sacrifique crecimiento" y "agudice la desaceleración".

Advirtió que la recaudación crecerá en línea con el aumento previsto del Producto Interno Bruto (PIB). El MEF prevé que el PIB crezca 2,5% este año y que la recaudación neta privada de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social lo haga 2%.

Señaló que "buena parte" de la recaudación adicional de este año y los próximos "ya está comprometida para gastos vinculados a la incorporación de nuevos colectivos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el pago de jubilaciones y pensiones". A eso se le suman partidas por intereses de deuda que se esperan suban por el aumento de las tasas y endeudamiento adicional, entre otros.

Por otro lado, dijo que el 70% del gasto ya está comprometido por leyes o contratos previos.

Con la necesidad de financiar nuevos gastos comprometidos en el programa del gobierno, Masoller explicó que uno de los lineamientos principales que se ha trasmitido a los diferentes ministerios es que se abandone "la lógica incremental de la formulación presupuestal".

"Se acostumbraba a que la ejecución del último año del período anterior constituyera el piso a partir del cual se iban asignado partidas incrementales en diferentes años. Lo que se busca es reformular ese criterio, analizar cuál es la línea de base en cada uno de los rubros y asignar partidas exclusivas para los primeros años no comprometiendo recursos inciertos de futuro, en gastos permanentes hacia adelante", expresó.

Además, el jerarca también remarcó la importancia de "generar ahorros en todos los rubros y en todos los organismos", así como "la mejora de la gestión y la calidad de los servicios. El concepto de eficiencia es un concepto en que hay que seguir avanzando".

La línea que caracterizará el también quedó clara en el discurso del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García. "Hemos conversado con los compañeros que gestionan en el Estado de que la eficiencia (en el gasto) opera como incremento presupuestal", disparó.

Por otro lado, el Presupuesto priorizará aquellas propuestas "de acuerdo a su relevancia para el logro de objetivos prioritarios", indicó Masoller. Por otro lado, el déficit fiscal de 3,5% del PIB "es elevado", apuntó el jerarca.

Todo eso hace lucir al espacio fiscal para aumento del gasto como muy acotado.

Pero, explicó que el país tiene "una espalda financiera importante" lo que "permite realizar una corrección gradual" en ese plano. El déficit es "manejable", aunque "no es prudente mantener altos niveles de déficit durante varios años", dijo.

Para Masoller es "perfectamente compatible" tener una política que "gradualmente" apunte a una reducción del resultado fiscal con las definiciones presupuestales y la asignación de recursos para ir cumpliendo los compromisos de los programas de gobierno. El objetivo del gobierno es alcanzar un déficit de 2,5% del PIB en 2019, con un resultado primario (antes del pago de intereses) que pase de un déficit de 0,6% del PIB en 2014 a un superávit de 1% del PIB en 2019 lo que "permitirá consolidar el ratio deuda/PIB en niveles confortables".

"Es adecuado adoptar una política fiscal de sintonía fina. Tenemos la espalda para hacerlo y por lo tanto no nos parece razonable aplicar un ajuste fiscal que implique agudizar el ciclo económico", concluyó Masoller. El gobierno proyecta que la economía crezca en promedio un 2,7% anual en los próximos cinco años.

Por su parte Astori, destacó que la "coherencia" que se debe buscar no es solo por el lado financiero, sino por la capacidad de gasto. "Uruguay tiene una flexibilidad financiera absolutamente excepcional en su historia", pero "tener financiamiento no es lo mismo que tener capacidad de gasto", expresó.

Astori consideró que "no hay proyecto nacional sin confianza y sin autoestima. El mundo nos mira bien, firmas especializadas como las calificadoras de riesgo han distinguido al país. El tema luego es cómo nos vemos nosotros, qué vemos cuando miramos hacia adentro. No quisiera encontrar autocomplacencia, y tampoco encontrar la displicencia que nos lleva a flotar sin arriesgar, celebrando lo alcanzado".

A su turno, Ferreri, indicó que "Uruguay tiene bases sólidas" ya que "en la última década el crecimiento estuvo explicado por la inversión. Esto nos permite afrontar un futuro más adverso. Uruguay tiene que proteger y preservar los elementos que llevaron a esta inversión".

Recalcó que la "inversión es herramienta para generar empleo de calidad y bien remunerado", y este tipo de empleo es la "principal política redistributiva". Ferreri anunció que "las inversiones en energía, telecomunicaciones y transporte serán superiores al período pasado", al llegar a unos US$ 8.600 millones. Para eso será fundamental la modalidad de Participación Público-Privada (PPP).

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García dijo ayer que busca "recuperar" el "apellido" de ese organismo que es "la planificación". En ese sentido, dijo que "un país que no visualiza a dónde quiere llegar tiene dificultades para hacerlo" y por eso se crea la Dirección de Planificación que "es una unidad pequeña" para la que se toman "ejemplos internacionales importantes" de "Colombia, Ecuador, Irlanda" y de Uruguay con lo que fue la CIDE en los 60. Destacó que se elaborará un "Plan Nacional de Desarrollo 2020 - 2030" para poder tener "políticas de Estado" que vayan más allá de los presupuestos. Además, se elaborarán "estudios prospectivos hacia 2050" con el foco en energía, bioeconomía, software y madera en los primeros.

El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara marcó ayer como uno de los principales desafíos los temas vinculados al lavado de activos y la fiscalidad internacional. "Ahí pongo de manera un poco provocativa: ¿si en el horizonte de aquí a cinco años estamos ante el réquiem para el secreto bancario? Advierto que no lo estoy augurando ni proponiendo. Estoy hablando para el mundo. Las exigencias de los estándares de prevención de lavado y fiscalidad internacional seguirán erosionando un régimen que es de otra época", dijo Bergara. Uruguay encarará cambios legislativos graduales para poder intercambiar con otros países datos tributarios y financieros en forma automática dentro de dos años, de acuerdo con el compromiso asumido ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El intercambio automático supone pasarle a otro Estado datos de cuentas bancarias, compraventa de activos y estados financieros de empresas y personas físicas de ese país que residen en Uruguay. "Un país pequeño y abierto depende crucialmente de su reputación y credibilidad para seguir en el mundo. Tenemos escalones importantes en los próximos años", remarcó. Por otra parte, añadió que las exigencias en materia de prevención de lavado de activos son cada vez "más altas". Bergara dijo que las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) van a obligar a poner sobre la mesa la consideración del delito fiscal como precedente de lavado. "Habrá que ser fino en cómo se define cada cosa", dijo. Bergara también reconoció que existe "una debilidad" en el sector no financiero (escribanos , inmobilarias) que están obligados a realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado y que en muchos casos no lo hacen.

Equipo económico intentó transmitir “confianza” ante aguas “turbulentas”