Analizarán cuentas bancarias y traspasos de dinero entre el consorcio y OAS.

la Justicia decidió crear una junta asesora sobre lavado de activos que investigará los movimientos de cuentas bancarias entre GNLS (firma encargada del desarrollo del proyecto de la regasificadora) y OAS (contratada por la anterior para la construcción de las obras) para detectar si hubo maniobras ilícitas.

En agosto, la empresa local Costa Fortuna presentó ante Crimen Organizado una denuncia por estafa contra GNLS. Costa Fortuna había sido subcontratada por OAS.

Para Costa Fortuna, GNLS "engañó", "jugó su partido, al límite más allá de la legalidad", montó "una estratagema" y una "maniobra meticulosa y sofisticada" con "el objetivo principal de obtener un provecho injusto de sumas millonarias en dólares", según consta en la denuncia.

Las maniobras señaladas por la empresa uruguaya se refieren a multas cobradas cuando el proyecto de la planta regasificadora que se iba a construir en Puntas de Sayago se truncó.

La construcción de la regasificadora estuvo marcada por un complejo entramado de vinculaciones entre empresas, aspectos contractuales y multas.

El 17 de marzo GNLS desvinculó a OAS por diferencias técnicas en el desarrollo del proyecto. Pocos días después, el 6 de abril, OAS se presentó a concurso voluntario de acreedores. Allí todo hacía prever que la construcción del principal proyecto de infraestructura en la historia del país quedaría varado.

GNLS (consorcio conformado por la japonesa Marubeni y GDF Suez) había sido la ganadora de la licitación para la construcción de la planta, que debería realizarse bajo la supervisión de Gas Sayago (conformada por UTE y Ancap).

Con la desvinculación de OAS y los atrasos que llevaba la construcción GAS Sayago le canceló el contrato a GNLS a fines de septiembre.

Previo a esa desvinculación, GNLS le había ejecutado a OAS una garantía de US$ 126 millones, además de no pagarle un último certificado por avance de obra de US$ 16 millones.

Además, la terminación del vínculo contractual entre Gas Sayago y GNLS marcaba el pago de una multa del consorcio internacional al Estado uruguayo de US$ 100 millones.

Llegado ese punto, donde quedaron efectivizadas todas las cancelaciones contractuales entre las participantes, se entró en una etapa judicial.

Y allí llegó entre otras acciones legales- la denuncia de Costa Fortuna contra GNLS por estafa ante Crimen Organizado.

La empresa uruguaya consultó en ese momento a los catedráticos en derecho penal Gastón Chaves y Gonzalo Fernández. Este último estableció que GNLS se hizo de una "suculenta y apetecible ganancia" de US$ 40 millones luego de terminada su relación contractual con Gas Sayago, surgida de la diferencia entre la multa cobrada a OAS y el pago al Estado.

Ante eso, GNLS presentó una excepción de incompetencia con la intención que la demanda saliera de esa sede judicial.

Fuentes judiciales informaron a El País que recientemente la jueza Adriana de los Santos desestimó el recurso y resolvió que Crimen organizado es competente para investigar la denuncia de estada presentada por Costa Fortuna.

A partir de la resolución, Crimen Organizado pidió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) toda la información sobre los movimientos de dinero entre GNLS y OAS y también de las cuentas bancarias.

Las fuentes añadieron que se conformará una junta asesora sobre lavado de activos para este caso, integrada por un representante de la Secretaría Antilavado, otro del BCU y un contador del Instituto Técnico Forense (que cuenta con un equipo de especialistas que asesora a los jueces de Crimen Organizado en temas de lavado de activos).

Junta asesora sobre lavado de activos