NUEVA NORMATIVA

Reglamentación de agencias de empleo genera debate

Tiene apoyo de las grandes firmas, pero no de consultoras independientes.

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Normativas exigen que agencias funcionen en locales adecuados. Foto: F. Flores

Desde mayo está vigente una nueva reglamentación para la actividad de las agencias de empleo privadas que aumenta los controles y requisitos, en especial para las empresas dedicadas al suministro de personal tercerizado. Las principales firmas del sector apoyan los cambios, aunque consultores independientes advierten que podría restringirse la actividad a "pocos jugadores".

Las modificaciones fueron introducidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a través de un decreto, que tiene como antecedente el Convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —que regula a las agencias de empleo privadas— al que Uruguay adhirió hace más de una década, aunque para cumplirlo faltaba la implementación de cambios en la normativa local.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Empresas Suministradoras de Personal (Cudesp), Daniel Charlone, informó a El País que en 2004 se elaboró un proyecto de reglamentación para cumplir el mandato de la OIT, pero quedó por el camino ante el cambio de gobierno y la asunción del Frente Amplio.

"El proyecto estuvo en un cajón durante años y la nueva administración (del Ministerio de Trabajo) quiso reglamentar el Convenio 181 y tomaron nuestro proyecto como base", señaló.

Entre las principales modificaciones, el decreto obliga a las agencias de empleo privadas a inscribirse en un registro que controlará el MTSS y obtener una licencia habilitante para la actividad que deberán renovar de forma anual.

A su vez, sostiene que las empresas suministradoras de personal deberán funcionar en un local o establecimiento adecuado y fácilmente identificable para los usuarios. También reglamenta la protección de los datos personales de los clientes y fomenta la no discriminación de los postulantes a cargos laborales.

Además, la reglamentación prohibe a las firmas el cobro de cualquier tipo de honorarios o tarifa vinculada a la intermediación o colocación de empleo.

Aparte, las empresas que brindan servicios de personal tercerizado no podrán hacerlo con el fin de reemplazar trabajadores en huelga ni los contratados tener una remuneración inferior de otros trabajadores que realicen la misma tarea.

Un informe del estudio Posadas, Posadas & Vecino —al que accedió El País— que analiza el decreto, indica que "la nueva reglamentación es más protectora del trabajador desempleado que recurre a este tipo de mecanismos para encontrar empleo".

Además, señala que los cambios en la regulación resultan relevantes "en momentos en los que el desempleo comienza a crecer y la población recurre a este tipo de agencias a los efectos de colocarse nuevamente en el mercado laboral".

Formalidad.

Charlone explicó que la nueva reglamentación busca que "las empresas que brindan el servicio (de consultoría laboral) tengan una cierta formalidad, porque en el mercado se ve de todo".

Añadió que el requisito de una sede adecuada intenta que no haya agencias de empleo que funcionen "en una habitación de dos por dos" y que en muchos casos tienen su actividad principal en otros rubros.

"Para brindar el servicio se necesita gente para las tareas de administración y también para la selección de personal", expresó y puso como ejemplo que en su empresa, Work Office, trabajan unas 12 personas.

La gerenta general de Manpower, Inés Arrospide, dijo a El País que los cambios son "un avance" para las firmas del sector. Explicó que "en líneas generales, para las empresa que ya veníamos trabajando en la formalidad, no implica cambios significativos" y señaló que se introduce "un marco más riguroso para las empresas que operan en la informalidad".

En la misma línea, el director de Advice, Federico Muttoni, indicó que el decreto "reafirma la manera ordenada en la que venimos trabajando las empresas más reconocidas" y agregó a las firmas "que estamos en ese camino no nos afecta".

Restricción.

Una fuente del sector —que prefirió no ser identificada— dijo a El País que la nueva reglamentación "podría llegar a generar limitantes para actuar a jugadores más pequeños dentro del mercado o consultores independientes que se dedican a la selección de personal".

Aseguró que detrás del decreto puede esconderse "una restricción" en busca de limitar la competencia a pocas compañías y señaló que existió mucho "lobby" de la Cudesp para que se concrete el cambio normativo.

La fuente manifestó que "algunas limitaciones van más allá de temas de buenas prácticas, sino que hacen a la libertad de poder ejercer una actividad si uno cuenta con las condiciones profesionales" para ejercerla.

"Una cosa es formalizar la actividad, lo que está muy bien, y otra es generar barreras de entrada para un perfil de organizaciones que desarrollan la actividad de forma absolutamente legitima", concluyó.

Consultado al respecto, el presidente de la Cudesp expresó que "acá no se busca atacar a nadie, solo se pide que la actividad sea tomada en serio y que haya empresas formales con cierta estructura como para brindar el servicio".

Tercerizaciones a nivel público

El presidente de la Cudesp, Daniel Charlone, dijo que las empresas irregulares que suministran personal trabajan "principalmente con el Estado". Esto es porque la ley de Tercerizaciones hace responsable a la compañía privada contratante ante un incumplimiento con los trabajadores de la empresa proveedora.

"Esa ley limpió el mercado, ahora (las firmas que solicitan personal) se cuidan, porque había empresas que contrataban gente y desaparecían", recordó. Charlone sostuvo que los cambios normativos no han surtido efecto en el ámbito público, donde se elige a las firmas que cobran menos por el servicio sin importar su condición. Informó que está previsto poner nuevas reglas para la contratación pública en la próxima ronda de negociación salarial.

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