TELECOMUNICACIONES

Sector con ingresos de US$ 378 millones en el trimestre

El sector telecomunicaciones generó en Uruguay ingresos por US$ 378 millones en el segundo trimestre de 2016, con un crecimiento de 4,6% en relación al mismo trimestre de 2015, según un informe de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI).

Dicho monto ubica al país en el lugar 16 entre las 20 naciones relevadas, superando únicamente a Nicaragua (US$ 354 millones), Honduras (US$ 343 millones), El Salvador (US$ 258 millones) y Paraguay (US$ 209 millones).

El reporte indica que en toda Iberoamérica las telecomunicaciones registraron ingresos por US$ 36.175 millones entre abril y junio del año pasado, lo que representa un aumento interanual de 3,7%. Asimismo, en 15 de los 20 países analizados se verificó una facturación total superior a la obtenida en el segundo trimestre de 2015, oscilando las disminuciones en las cinco naciones restantes entre 0,1% y 6%.

El ranking de ingresos de la región es liderado por Brasil con un registro de US$ 9.936 millones en el trimestre, seguido por México con US$ 5.993 millones y España con US$ 5.254 millones. Luego aparecen: Argentina (US$ 3.407 millones), Colombia (US$ 2.194 millones), Chile (US$ 1.709 millones) y Perú (US$ 1.305 millones).

Pese a ocupar el primer puesto, Brasil sufrió una caída interanual de 1,8% en los ingresos por telecomunicaciones, debido principalmente a "la sostenida contracción del segmento móvil (que representa 46.7% de los ingresos totales del mercado)" por la crisis económica.

El informe de la OTI menciona que el impulso del mercado en Iberoamérica tiene como motor "el desarrollo de redes convergentes y crecientes esfuerzos de inversión, cobertura y calidad de las telecomunicaciones que resulta en un incremento de la adopción y consumo de servicios de banda ancha fija y de televisión restringida (para abonados) en la gran mayoría de los países". Pero señala que hay obstáculos a este proceso, como la desaceleración de la actividad en la región, inestabilidades sociales y políticas, y también la "incapacidad del marco legal y regulatorio para gestar condiciones de eficiencia y competencia efectiva en los mercados".

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