enfriamiento de economía: el ajuste se procesa en privados, dice analista

Un "seguro implícito" ante las crisis: el empleo público

El enfriamiento de la economía uruguaya ha llevado a que en algunos sectores se pierdan empleos. Eso se vio reflejado en un aumento de la tasa de desempleo —que de todas maneras se mantiene en niveles históricamente bajos— al 7,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el segundo trimestre, el valor más alto en cinco años.

El propio gobierno reconoce el ajuste en el mercado laboral. "La tendencia es clara y se puede concluir que en los últimos meses ha habido un aumento de los niveles de desocupación", dijo el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller la semana pasada ante la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado.

"La economía uruguaya se está enfriando y algunos sectores, que ya en el pasado tenían problemas de competitividad, en esta coyuntura más desfavorable están sufriendo un proceso de pérdida de puestos de trabajo. Ese es un elemento fundamental a tener en cuenta en las negociaciones salariales. En esta nueva coyuntura el principal objetivo es el empleo", afirmó Masoller.

La historia reciente, muestra que este ajuste a un nuevo escenario —a nivel de empleo y salarios— se da básicamente en el sector privado y el sector público no sufre las mismas consecuencias, según datos elaborados por la consultora CPA Ferrere a los que accedió El País (ver gráficos).

A partir de esos datos, El País consultó al socio de CPA Ferrere, Bruno Gili quien señaló que "Uruguay recibió un conjunto de shocks internacionales negativos que están afectando la actividad económica, que empezaron a visualizarse desde hace más de 18 meses, pero no fueron incorporados totalmente en las decisiones económicas del gobierno ni por algunos agentes privados hasta bien entrado el 2015".

Por ello, "estamos asistiendo a una caída moderada de la cantidad de ocupados, que es parte del proceso de ajuste ante la nueva realidad", afirmó Gili.

El socio de CPA Ferrere expresó que "la historia indica que ante situaciones de enlentecimiento (más aún en casos de crisis) el empleo en el sector privado es la principal variable de ajuste".

Recordó que "en la crisis de 2002 pasaron dos cosas: el privado cayó, mientras el público se mantuvo y los salarios privados reales cayeron más que los salarios públicos". Esta "realidad sugiere que el empleo público opera como un seguro implícito ante las crisis", aseguró.

A su juicio sería "más razonable que la política pública disponga de capacidad financiera e instrumentos para atender la situación de los que efectivamente serán afectados por las pérdidas de empleo" (los trabajadores privados. Entre los instrumentos mencionó "no solo a los seguros de desempleo, sino a mecanismos de capacitación, reconversión y reinserción".

El caso de la industria pesquera Fripur que entró en liquidación —corre el plazo de 90 días para intentar su venta en bloque— es un ejemplo. Se perdieron 960 empleos, de los que 80% son mujeres con actividad de años en el rubro. Como es difícil que todos esos empleos puedan ir a otra industria pesquera, se necesitan planes de reconversión laboral. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) acumula casi US$ 90 millones, pero no le ha dado todo el destino posible a esos recursos.

Según Gili, "lamentablemente llegamos al 2015 con tres problemas: sin capacidad financiera suficiente, sin instrumentos adecuados a la nueva economía y sin un sistema de formación profesional y educativo transformado a la nueva economía".

"En este contexto, llama la atención que los mayores esfuerzos presupuestales respondan únicamente a demandas del sector público", agregó y recordó que "el crecimiento del empleo en la última década, vino del sector privado, que hoy ocupa 300.000 personas más que en 2003".

Salarios.

El poder de compra de los asalariados creció 50% desde 2003, los trabajadores privados lo aumentaron en 55% y los públicos en 47%. "Pero, hay que considerar que en la crisis de 2002, el poder de compra de los salarios privados había caído 25% y el de los públicos 20%", expresó Gili. De hecho, los empleados estatales recuperaron antes que los privados el salario real pre-crisis.

Para el consultor, "las pautas salariales que plantea el Poder Ejecutivo para ambos sectores, parecen consolidar los beneficios del seguro implícito en el sector público".

El Ejecutivo estableció para los privados aumentos salariales nominales según si el sector está "en problemas" (en ese caso es de 8% para el primer año del convenio, de 6,5% para el segundo y de 6% para el tercer año), "intemedio" (subas de 8,5%, 7,5% y 7% respectivamente) o es "dinámico" (subas de 10%, 9% y 8% respectivamente). Salvo que se logre bajar la inflación (en 9,02% actualmente), los trabajadores de los dos primeros sectores pueden perder poder de compra. En el caso de los públicos, la propuesta es de aumentar por el equivalente a la inflación más el reparto de $ 200 millones que el gobierno dispone para asignar a aumentos por sobre la inflación en 2016 e idéntica cantidad en 2017.

"¿Cómo el Estado se adapta a las restricciones derivadas de un contexto que supone mejorar la competitividad del país para adaptarnos ante un shock de demanda negativo?", se preguntó Gili y expresó que "las pautas salariales del sector privado parecen reconocer estas restricciones" con subas diferenciales que dan "mayor flexibilidad al sistema de precio y amortiguan el shock en los sectores en dificultades".

Sin embargo, "parecería que las pautas del sector público, en vez de adaptarse a esta realidad, priorizaron no abrir un nuevo frente de conflicto", afirmó y agregó que "en el área de Educación las pautas proponen un aumento real del salario docente (que seguramente sea justo), pero no se ha evitado un nuevo frente de conflicto".

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