Adecuación normativa ya empezó y no prevén beneficios recaudatorios.

En la fiscalidad internacional, se conoce con el término BEPS a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que hacen las grandes multinacionales para pagar impuestos en países de escasa o nula tributación, aprovechándose de los sistemas fiscales mundiales.

En una reciente reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Tokio, Uruguay se convirtió formalmente en un miembro BEPS, lo que compromete al país a incorporar un plan de acción elaborado por el organismo para combatir el problema de la evasión fiscal de las empresas multinacionales.

El profesor de Derecho Financiero y Tributación Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza, dijo a El País que más allá del trámite administrativo Uruguay ya estaba comprometido con la iniciativa BEPS por formar parte del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

En el encuentro en la capital japonesa del 30 de junio, el director del Centro de la OCDE para la Política y Administración Tributaria, Pascal Saint-Amans, expresó que comenzaba "una nueva era en la fiscalidad internacional". Fueron 32 los países que se "unieron formalmente" al proyecto BEPS durante la reunión, elevando a 82 la cantidad de jurisdicciones comprometidas, y hubo otras 21 que asistieron y "son propensos a unirse al marco inclusivo en los próximos meses", comunicó la OCDE.

Saint-Amans había dicho a El País en octubre de 2015 que los esquemas de evasión que realizan las grandes empresas "están mal" y señaló que "se necesitó una crisis (en 2008) para que los países se despierten y digan esto no es sostenible, necesitamos cambiarlo".

La OCDE estima que las pérdidas mundiales por la erosión de la base imponible están entre US$ 100 y US$ 240 billones por año, lo que representa entre 4% y 10% de los ingresos globales por impuestos. El proyecto BEPS busca brindar soluciones a los gobiernos para disminuir las brechas de las normas internacionales que permiten la evasión.

Para ello, Uruguay firmó el acuerdo "CBC AMCA" (intercambio automático de informes tributarios entre países) que intenta que los fiscos vean globalmente "cómo las empresas multinacionales estructuran sus operaciones".

Loaiza define al BEPS como "un proyecto ambicioso que pretende que los países desarrollados, donde se crean las empresas, preserven al máximo posible su recaudación". Para esto, se propone una "adecuación progresiva de las normas para evitar la erosión de las bases fiscales", explicó.

El profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica, Leonardo Costa, señaló que Uruguay al ser miembro BEPS "va a tener que fortalecer lo que se llaman normas de sustancia, lo que implica que cada empresa instalada acá tenga activos, riesgos y funciones asignadas a una determinada obtención de rentas".

Loaiza agregó entre las repercusiones en el plano local "la adecuación del concepto de establecimiento permanente (lugar de negocios donde una empresa realiza su actividad, lo que brinda derechos a un Estado para gravar sus rentas), y la actualización y especificación de la normativa de precios de transferencia (normas para evitar que compañías vinculadas manipulen los valores de intercambio para disminuir sus aportes impositivos)".

Costa aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya realizó consultas con especialistas para definir como adecuar la normativa local, y adelantó que se podría avanzar "para poner más exigencias y una gravabilidad de mayor monto de las rentas (de las compañías internacionales)".

El docente de la Universidad de Montevideo explicó que estos proyectos de transparencia internacional "son dinámicos", entonces un país puede adecuar su legislación "y tener que variar de nuevo porque se actualizan las normas".

Ambos especialistas coinciden que Uruguay brindará a los otros miembros BEPS más información útil que la que recibirá. "No es probable que los países importadores de capital, como Uruguay, incrementen su base tributaria, más bien se trata de proteger la recaudación de los países exportadores de capital", analizó Loaiza.

Las adecuaciones normativas que recomienda la OCDE dentro del proyecto BEPS incluye a los regímenes especiales de promoción de inversiones. Loaiza explicó que Uruguay "ya ha venido ajustando" la normativa referida a las zonas francas "para cumplir con estos requisitos".

En ese sentido, Costa informó que "varios de los cambios exigidos están incorporados" en el proyecto de actualización del régimen de zonas francas que está en tratamiento en el Parlamento. Hacia adelante, se requerirá cumplir con requisitos de generación de empleo y de sustancia (como medios materiales físicos) en el país.

"Si como país tenés un régimen promocional, los países desarrollados no tolerarán que renuncies a impuestos para atraer inversiones porque se generarán sociedades de papel. Aceptarán que tengas ese régimen bajo determinadas características para que (las firmas) no sean solo una dirección postal, sino que haya empleados y una oficina donde se realicen actividades", indicó Loaiza.

La adhesión al esquema de la OCDE "no significa que (Uruguay) no pueda defender" sus zonas francas, porque "ahora hay un control muy distinto del que había antes, lo que será esencial para preservar el sistema de cara al futuro", añadió.

El especialista en temas tributarios, Carlos Loaiza, dijo que en el mundo académico "comenzaron a surgir voces que acusan al proyecto (BEPS) de una complejidad desmedida". Además, reveló que otros técnicos ven en el trasfondo "la intención de favorecer a los países desarrollados ante la erosión" de sus bases fiscales. Tras estas críticas, Loaiza informó que parte de la academia propone un esquema tributario donde se graven las rentas pasivas (intereses y dividendos) en el país fuente y las demás rentas en el país de origen de la empresa. "Esto implicaría un cambio radical en el sistema tributario actual", analizó el profesor de la Universidad de Montevideo y agregó que de concretarse habría "una legitimación del proyecto de las grandes multinacionales que pagan pocos impuestos por su planificación".

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