RECLAMOS SOBRE EL FISCO

Proponen tribunal fiscal para “agilizar” procesos contra DGI

Tributaristas lo consideran necesario; el gobierno no lo tiene en agenda

Tributos: recaudación bruta llegó a $ 28.838 millones en agosto. Foto: Archivo El País
Foto: Archivo El País

Ante las nuevas herramientas y el mayor número de información que posee la Dirección General Impositiva (DGI) para fiscalizar, varios especialistas en tributación coinciden que hay un debe respecto al derecho de los contribuyentes. En ese sentido, en las últimas Jornadas Tributarias se planteó la necesidad de crear un tribunal especializado en temas fiscales que intervenga cuando existen reclamos sobre el accionar del fisco.

Pero pese al apoyo casi unánime que recibe en la academia esta propuesta, el gobierno “no lo tiene en agenda”, según manifestó a El País el ministro de Economía, Danilo Astori. Mientras que el director de Rentas, Joaquín Serra, defendió el sistema vigente porque dijo que “otorga garantías” a los contribuyentes, aunque aceptó que “el proceso podría ser modernizado” para agilizar los tiempos.

Actualmente, luego de una inspección impositiva si el sujeto controlado entiende que se le generó un daño o perjuicio, tiene un plazo de 10 días para interponer simultáneamente dos recursos administrativos: uno es el revocatorio y se presenta ante la DGI, y el otro es el jerárquico que debe presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Desde ahí comienza a correr un plazo de 150 días para que se falle sobre el primero de los recursos, y en caso de que la resolución se mantenga hay 50 días más para expedirse sobre el recurso jerárquico.

Según datos divulgados el año pasado por la DGI, entre un 10% y un 15% de los recursos interpuestos por los contribuyentes culminan con la revocación total o parcial de la resolución. Recién luego de recibir la confirmación del acto recurrido en esta instancia es que se puede acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), órgano judicial que entiende en las causas que involucran actos del Estado.

“El mayor problema hoy para el contribuyente es el tiempo que demora una disputa tributaria. Desde la inspección hasta que un tribunal decide pueden pasar cinco años”, dijo a El País el profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica, Leonardo Costa. Agregó que el plazo inicial para presentar un recurso de revocación ante la DGI o el MEF termina siendo muchas veces “200 días muertos”. Es que en dicha instancia existe la “denegación ficta”, es decir que el silencio o no respuesta tiene valor denegatorio.

En el mismo sentido se expresó Fabián Birnbaum, profesor de la cátedra de Impuestos de la Universidad ORT, quien señaló que “hoy día enfrentarse al fisco no es un trabajo sencillo”.

Si bien el TCA da la razón al contribuyente aproximadamente en el 40% de los casos que interviene, se trata de un “proceso muy largo”, indicó el profesor de Derecho Financiero y Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza.

Para Serra, pese a la “imparcialidad, independencia y amplias posibilidades de aportar argumentación y pruebas” que brinda el TCA, el proceso judicial “podría ser modernizado” porque el vigente data de 1878 y establece “instancias procesales escritas, instancia única y una duración aproximada total de tres años”.

Alternativas.

El consenso entre los tributaristas sobre la importancia de un tribunal fiscal se divide en dos propuestas: por un lado, los que pretenden que ese nuevo órgano intervenga con independencia técnica en la instancia de revocación ante la DGI y pueda revisar las resoluciones del organismo, y por otro, los que quieren un tribunal especializado en el ámbito de la Justicia que brinde mayor tecnificación al análisis que realiza actualmente el TCA.
Costa señaló que la existencia de un tribunal fiscal que analice los recursos administrativos “podría acortar los plazos”. Sostuvo que dicho órgano debería ser “independiente técnicamente de la DGI para poder decir en cada caso quien tiene la razón” y explicó que con esto “no se evita la posterior ida al TCA si el tribunal fiscal mantiene el criterio de la administración, pero para un montón de casos puede significar una revocación en menos tiempo”.

En las Jornadas Tributarias, el contador Juan Antonio Pérez Pérez (asesor del Departamento Tributario y Legal de KPMG) llegó incluso a proponer una posible integración para un tribunal fiscal de este tipo con dos representantes de las cámaras empresariales, uno por DGI, otro por el MEF y un quinto elegido por consenso.

Birnbaum defiende la otra propuesta: “Lo ideal sería un tribunal que intervenga en vez del TCA que sea especifico de temas fiscales, con jueces especializados en la materia, así es más rápido el fallo”. En la misma línea se encuentra Loaiza, que señaló que “sería bueno ir hacia una justicia especializada”, aunque se trata de algo “no tan simple porque exige una reforma muy profunda de la formación de quienes van a ocupar esos cargos y a la vez una actualización de las formas para acercarse al procedimiento oral y público previsto en el Código General del Proceso”.

El catedrático de la Universidad de Montevideo añadió que hoy día “existen una cantidad de aspectos tributarios que se resuelven por fuera del TCA” y quedan en la órbita de la justicia ordinaria, como las medidas cautelares o de clausuras que solicita la DGI. “Allí también habría que tender a la especialización y la abreviación de los procesos”, reclamó.

Serra opinó que la primera propuesta “no parecería posible de implementar salvo una reforma de la Constitución”, que establece que los recursos administrativos pueden ser revocados por el órgano que lo emitió o por su jerarquía. En cuanto a crear tribunales especializados con competencia en materia tributaria, dijo que “tiene ventajas y desventajas, pero no es una alternativa que sea a priori rechazable, más allá que debería estudiarse a fondo los posibles diseños y el costo de implementarla”.

El ejemplo de argentina

El Tribunal Fiscal de la Nación Argentina está integrado por abogados y contadores elegidos por los colegios profesionales e interviene en la etapa de revocación de la resolución del fisco. Según Leonardo Costa “ha mostrado independencia técnica y dio buenos resultados, ya que muchas contiendas se han logrado dirimir en esa instancia sin necesidad de llegar a una posterior discusión en un tribunal jurisdiccional”. El tributarista agregó que en la actualidad “casi todos los países tienen tribunales fiscales” y recordó que el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) propuso crear la figura del “ombudsman fiscal” para que defienda el derecho de los contribuyentes. Mientras que Fabián Birnbaum señaló que en la doctrina internacional se está proponiendo introducir “cláusulas de arbitrajes”, ante conflictos de intereses a nivel impositivo entre países.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)