ACELERACIÓN CON "FRAGILIDADES"

"Todos somos UPM": la idea de Talvi para más inversión

Es la llave para que el crecimiento de Uruguay se vuelva sostenido, dijo.

Talvi: celebró el contrato del gobierno con UPM pero manifestó "preocupación" por uno de sus artículos. Foto: F. Flores
Talvi: celebró el contrato del gobierno con UPM pero manifestó "preocupación" por uno de sus artículos. Foto: F. Flores

La economía uruguaya está atravesando una fase de aceleración, pero de la mano de un proceso de destrucción de puestos de trabajo. Además, si se miran qué fenómenos de fuera de fronteras están ayudando a esta recuperación de la actividad, el más sólido no es la importación de productos nacionales desde las principales economías mundiales o las regionales, ni tampoco una tonificación de los precios de los bienes que Uruguay más comercia con el exterior. Por el contrario, el "viento" que sopla con más fuerza es el que levantan los flujos de capitales, que llegan a países como Uruguay seducidos por altas tasas de interés y por el objetivo del gobierno de tratar de equilibrar el rojo de las cuentas públicas.

Ese fue el escenario que trazó ayer el economista Ernesto Talvi, en la conferencia del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), del cual es director académico.

¿Cuál fue la propuesta de Talvi para reactivar tanto la inversión como el empleo en momentos donde no se avizora una fase de expansión sostenida? Crear un ecosistema amigable para ello.

Con esto en mente, planteó la creación por dos años de un paquete de estímulos a la inversión parecido al que el gobierno uruguayo le otorgó a la compañía finlandesa UPM para la instalación de su segunda planta de celulosa en el país, pero para todos los proyectos nuevos de inversión que se presenten entre 2018 y 2019.

"Todos somos UPM", llamó a esta iniciativa el economista.

Entre otros, los proyectos que se pongan en marcha bajo el paraguas de esta propuesta gozarían de una ampliación de los beneficios que se brindan en el marco de la ley de promoción de inversiones. Por ejemplo, comentó Talvi, se podría aumentar el monto de la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividad Económicas (IRAE) entre 20% y 40%.

A su vez, también puso sobre la mesa la bonificación de algunas tarifas de empresas públicas. En esta línea propuso bajar el gasoil 12% y la electricidad 15% para estos nuevos proyectos.

Por el lado de infraestructura, en tanto, Talvi planteó la creación de un "fondo único de contrapartidas": por cada US$ 4 de inversión privada se destinaría US$ 1 para inversión en "bienes públicos complementarios". Esto podría alcanzar los US$ 500 millones por año en los dos años de otorgamiento de estos estímulos, según los cálculos de Ceres que divulgó ayer su director académico durante su disertación en Kibón.

Las empresas pequeñas, en tanto, accederían bajo este esquema a un beneficio impositivo también por el lado de los honorarios profesionales.

Finalmente, en el terreno laboral, Talvi sugirió que los cambios a nivel de prevención, solución de conflictos y "avances" en las ocupaciones de lugares de trabajo también se extiendan al resto de los proyectos de inversión que se presenten en estos dos años.

"El costo fiscal de esta propuesta es muy bajo porque apunta a proyectos que de otra manera no se realizarían", expresó Talvi.

Para el economista el empresariado uruguayo no está escaso de ideas sino que le faltan "estímulos para llevarlas adelante".

Justamente, Talvi dijo que el acuerdo al que llegó el gobierno uruguayo con la empresa nórdica adoptó la forma de un "paquete de estímulos" sin el cual UPM no analizaría construir otra planta en Uruguay.

Sobre este acuerdo Talvi compartió una "preocupación": el artículo 4.3 del contrato que se conoció a comienzos de noviembre, que estipula que la decisión final de inversión queda sujeta a la sola discreción de UPM, incluso cuando todas las condiciones planteadas para la instalación del complejo industrial hayan sido cumplidas por Uruguay.

"Esto nos preocupa porque no es obvio que Uruguay quiere embarcarse en hacer una vía férrea que cuesta US$ 500 millones de Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo para trasladar 2 millones de toneladas de celulosa que no se van a producir", señaló Talvi en referencia a una de los requisitos exigidos por la compañía.

Para dimensionar este monto, recordó que el presupuesto que la administración de Tabaré Vázquez había definido para todo el quinquenio para infraestructura ferroviaria era de US$ 360 millones.

Por esto, "UPM debiera hacerse parcialmente responsable de las inversiones hechas por Uruguay que son totalmente específicas para este proyecto y que en ausencia del proyecto no se hubieran hecho". Es algo de "sentido común", aseveró.

El descontento que provocó el ajuste

Ernesto Talvi recurrió ayer a una comparación para graficar qué sucedió con la economía uruguaya en los últimos años: era un vehículo que venía circulando a 120 kilómetros por hora, que producto de eso se esperaba que llegara a su destino a cierta hora, pero que en el medio del camino bajó la velocidad. Siguió en marcha, nunca frenó, pero sí enlenteció su andar.

Esto pegó tanto en las empresas como en las familias, que ahora están padeciendo lo que el economista llamó "sobredimensionamiento": se prepararon para un futuro que no resultó ser el esperado.

También pasó esto en el Estado, pero mientras que las empresas respondieron al enlentecimiento reduciendo personal e inversión, y las familias adaptando su consumo al nuevo escenario, "el gasto público aumentó a 150 kilómetros por hora".

Este "divorcio", señaló Talvi, "produjo un deterioro fiscal que para tratar de neutralizar el gobierno del doctor Vázquez al principio del periodo implementó varios ajustes". Esto cayo sobre empresas y familias que habían perdido tonicidad, lo cual "agravó el problema inicial", indicó el economista.

"Es por eso que el resultado de esta terapéutica es que después de tres ajustes el déficit fiscal es exactamente el mismo con el que estábamos hace dos años", dijo.

El déficit fiscal llegó en el año móvil a octubre a -3,5%, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Economía (MEF). Dos años antes el rojo de las cuentas públicas había sido de -3,9%.

Talvi añadió que este contexto generó descontento tanto a nivel de las empresas (que están "jugando al achique", recortando puestos de trabajo e inversión), de las familias (que aumentaron su endeudamiento para mantener el nivel de consumo que tenían antes de este enlentecimiento), y del gobierno (que asumió el costo político de aumentar tanto los impuestos como las tarifas pero no logró una reducción sustancial del déficit).

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