TRANSPORTE

El pasado 1 de abril, las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), encabezada por Luis Alberto Heber, suspendieron el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran hermano” del sector, dado que refería a un sistema de monitoreo de horarios, cargas, recorridos, choferes, y otros datos, en tiempo real de toda la flota de camiones del país.

En ese momento, el decreto afirmó que la suspensión correspondía a que resultaba “actualmente inconveniente implementar de manera integral el sistema” y el propio ministro Heber había señalado en diferentes encuentros con la prensa que el sistema estaba “mal instrumentado”.

No obstante, el diputado Gustavo Olmos realizó un pedido de informes al MTOP con el objetivo de saber cuáles son los fundamentos que respaldan la decisión de suspender el Sictrac, ´cómo piensan las nuevas autoridades instrumentar la trazabilidad de la carga, cuántas unidades de monitoreo ya habían sido instaladas previo a la suspensión del sistema y si se previeron las consecuencias económicas que se le podrían generar a las empresas prestadoras del servicio, entre otras consultas.

El País accedió a la respuesta del MTOP en la que señalaron que “se está trabajando actualmente” a nivel ministerial, “a los efectos de implementar en el futuro, mecanismos de trazabilidad y control”.

Además, afirmaron que el combate a la “informalidad del sector” es un objetivo de las nuevas autoridades pero indicaron que como “no existen estudios académicos” que sean “científicamente rirgurosos” y que avalen cifras del informalismo, “se ha evaluado” la posibilidad de determinar “con exactitud y rigor técnico, el eventual grado de informalidad” a través del Proyecto de Asistencia Técnica que el MTOP mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En relación a la cantidad de dispositivos instalados en los camiones, previo a la suspensión del Sictrac, la respuesta al pedido de informes detalló que se habían colocado 1.952 dispositivos y que “si bien se ha tenido algunos contactos informales con prestadores del servicio, no existe ningún reclamo formal ante el Ministerio que evidencie la existencia de algún perjuicio”.

En reacción a esto, según indicó Olmos a El País, “la respuesta (al pedido de informes) es una no respuesta”, dado que entiende que hay preguntas que no fueron respondidas como las exactas razones que avalaban su suspensión.

“Simplemente dicen que van a estudiar el tema, pero no explican los fundamentos por los cuales tomó la decisión”, señaló el diputado frenteamplista y añadió que “tampoco se explica” si la cartera hizo una evaluación de las potenciales consecuencias de la suspensión.

“Estas empresas hicieron todas las inversiones (para poder ser homologadas y proveer el servicio) y de un día para el otro quedó con esa inversión muerta. Es claramente un desmonte de todo el sistema de control”, concluyó.