POLÉMICA TRAS NUEVA NORMATIVA

Tras el anuncio de que el pasado 3 de marzo el gobierno firmó un decreto en el que se eliminó la restricción general que existía hasta el momento sobre los cigarrillos electrónicos, permitiendo los dispositivos electrónicos para la administración de nicotina que emplean una tecnología de tabaco calentado, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) publicó un comunicado en el que afirma que el cambio en la normativa “implica un grave retroceso en la protección de la salud de los uruguayos”.

La normativa vigente hasta la publicación del nuevo decreto establecía la prohibición en Uruguay, tanto de la comercialización, importación, “el registro como marca o patente y la publicidad” de los cigarros electrónicos, así como también de cualquier otro dispositivo electrónico para fumar.

Sin embargo, en el decreto actual se aclara que la prohibición refiere a aquellos dispositivos electrónicos que vaporizan soluciones líquidas para su inhalación hacia los pulmones; y no quedan comprendidos por la prohibición (aunque sí alcanzados por la normativa general antitabaco) los dispositivos electrónicos para la administración de nicotina que emplean una tecnología de tabaco calentado.

En el comunicado se expresa disconformidad además porque el decreto “fue elaborado y aprobado sin consultar al Programa nacional de control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública, ni a la comisión interinstitucional asesora, que desde el año 2004 tiene el cometido de asesorar al Ministerio en lo concerniente a la política de control de tabaco”.

Además, agrega que con este decreto “se habilita a la industria tabacalera a comercializar un producto nuevo en el mercado”, sobre “el cual hay evidencia de sus daños a la salud y está dirigido acaptar consumidores jóvenes”.

Para la Facultad de Medicina, el decreto implica un “retroceso” a partir del cual “Uruguay continúa perdiendo su prestigio internacional en la protección de la salud de su población” y solicitan que el gobierno “y en especial el Ministerio de Salud Pública revea esta situación y tome sus decisiones en base a evidencia científica libre de conflictos de interés para proteger la salud de todos los uruguayos”.