CRISIS REGIONAL

El impacto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, vulneró aún más a los países de América Latina y el Caribe debido a las desigualdades ya existentes en términos de economía, educación, salud, género y otras dimensiones.

Así lo afirmó el BID en el estudio llamado “La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada”, cuyas principales conclusiones son por un lado, que es necesario que la región realice “reformas profundas para generar un nuevo contrato social”, que las mejoras en la igualdad de ingresos “pierden impulso” y que son los pobres los más vulnerables y afectados por la pandemia.

“Si no abordamos el reto de la desigualdad de manera multidimensional, la región continuará sufriendo episodios de malestar social y seguirá siendo vulnerable a choques externos, como deja en evidencia la pandemia”, manifestó Eric Parrado, economista jefe del BID.

En relación a la desigualdad en términos de ingresos, el BID destacó a Uruguay dado que señaló que junto con El Salvador y Argentina “están entre los más igualitarios” de la región. Es que los datos publicados señalaron que si se toma el país promedio de América Latina y el Caribe, “el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre”.

Entre los más desiguales de la región se destacaron Brasil, Honduras y Panamá, mientras que Nicaragua y República Dominicana se ubicaron cerca del medio de la distribución regional de la desigualdad.

No obstante, el estudio del BID aclaró que los países de la región que son más equitativos en términos de ingreso como Uruguay, Argentina y El Salvador, igual “muestran más desigualdad que los países más desiguales en las economías desarrolladas”.

Además, esos niveles también son “mayores que los del país más desigual en regiones con niveles similares de desarrollo económico, medido por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita”.

El reto, según el informe, es asegurar que la recuperación económica post COVID-19 logre beneficiar a todos los ciudadanos para obtener “sociedades más inclusivas y resistentes a los choques económicos y climáticos”.

Sobre este punto, el análisis del BID manifestó que “la región está muy rezagada” en comparación a las economías desarrolladas.

Por el lado del gasto, el informe destacó que el primer factor para poder explicar el poder redistributivo que tiene ese gasto, ese presupuesto, es el volumen del gasto social.

Y sobre eso afirmó que mientras que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Unión Europea destinan aproximadamente 28% del PIB al gasto social, América Latina gasta la mitad de ese monto.

Sin embargo, un mayor gasto no implica necesariamente mayor redistribución, y ese es el caso de Uruguay, Brasil, Argentina y Costa Rica, según indicó el BID al señalar que “gastan relativamente grandes cantidades (de dinero) en políticas sociales pero logran una redistribución menor de la prevista”.

Por lo que el problema radica en que “no son tan efectivos” como los desarrollados cuando se trata de reducir la desigualdad.

Con el objetivo de lograr mayor eficiencia en esa redistribución, “la política de gasto tiene un desafío crucial: garantizar que los subsidios y las transferencias lleguen a los segmentos más pobres de la población” y evitar los errores de inclusión y exclusión, sentenció el informe.