El desafío más importante del gobierno". Así definió el ministro de Economía, Danilo Astori, a la tarea de reducir el déficit fiscal y llevarlo a 2,5% del PIB al finalizar el período —está en 3,6% en los 12 meses cerrados a septiembre. En el lenguaje técnico del jerarca, las finanzas públicas actualmente "están en tensión".

En este contexto debe enmarcarse la discusión que continuará en las próximas semanas a la interna del gobierno para discutir el ajuste de tarifas hacia 2018. Según informó Búsqueda y confirmó El País, UTE quiere bajarlas 5%, al tiempo que en Antel esperan un ajuste alineado con la inflación y en Ancap descuentan que habrá un aumento de los combustibles, publicó El Observador ayer.

Para el debate también debe tenerse en cuenta que habitualmente el equipo económico del Frente Amplio ha utilizado estos precios como una variable al servicio de los números macro-económicos —ya sea no ajustando las tarifas para contener la inflación, o haciéndolo para enfrentar el déficit global por las inversiones y pérdidas de Ancap.

El otro "tema país" en cuestión son los costos y la competitividad, una queja habitual de los sectores empresariales, que ya sienten que cargan con un peso importante en sus espaldas con los precios actuales de los servicios públicos que se suman al aumento impositivo implementado a principios de año. Esa sensación de molestia se vería incrementada de resolverse un nuevo ajuste tarifario, que hasta incluso podría tener un rebote en la inflación.

Ante este panorama, El País consultó a varios analistas sobre qué opciones tiene el gobierno y cuáles son las consecuencias en términos económicos de priorizar el déficit (subiendo las tarifas y afectando aún más la competitividad) o poner en primer lugar los "costos país" (manteniendo o bajando las tarifas, aliviando los costos internos y no bajando el déficit).

El economista Aldo Lema manifestó que "en la coyuntura actual, Uruguay enfrenta tanto problemas fiscales como de competitividad, en un contexto además de cierta baja de las tarifas en términos reales". Señaló que "la prioridad siempre debería ser" la reducción del déficit, aunque encarado de forma "eficiente, con tarifas competitivas y similares a países de ingreso per cápita similar en la región".

Acerca de la baja en términos reales que mencionó Lema, el socio de Deloitte, Pablo Rosselli, dijo el lunes en el programa En Perspectiva de Radio Oriental que aunque para algunos sea "un artilugio semántico, la realidad es que los costos de UTE, como en todas las empresas, tienden a subir todos los años por efecto de la inflación". Por eso, consideró que en una economía como la uruguaya con "una inflación apreciable, es razonable tener ajustes anuales de tarifas que más o menos recojan" el aumento anual de los precios. "Si no los hubiera, las tarifas bajarían 6% o 7% en términos reales, y para bajar eso todos los años, las empresas (públicas) deberían mejorar fuertemente", resaltó.

Por su parte, Pablo Moya de la consultora Oikos indicó que no tocar las tarifas ahora "obligaría al gobierno a tener que realizar ahorros que no hizo en los años previos", algo difícil porque ya redujo de forma relevante las inversiones atacando la parte en que puede incidir del gasto público. El resto son egresos como el pago de sueldos o pasividades, que son más rígidos y difíciles de bajar.

Mientras que Ignacio Munyo, economista y director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM (Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo), planteó que la disyuntiva entre déficit y competitividad "es una trampa" que condiciona la toma de decisiones. Además, sostuvo que las empresas estatales no están contribuyendo ahora con las cuentas públicas —luego que incrementaran el déficit hasta 2014 y aportaran para combatirlo los dos años siguientes— por lo que "es costoso el financiamiento (del déficit) mediante tarifas, porque le pegás a la competitividad y no lográs mucho".

El analista añadió que "el problema de fondo sigue siendo que las empresas públicas no pueden ser una herramienta de recaudación" del gobierno, sino que deberían fijar tarifas "que respondan a sus costos de producción".

"El déficit importa en la medida que no lo puedas financiar, y actualmente lo podés hacer porque hay una combinación de tasas de interés bajísimas (a nivel internacional, lo que atrae capitales hacia países emergentes como Uruguay) y un crecimiento importante de la economía", indicó Munyo.

En esa línea, dijo que "no habría problemas en mantener el nivel actual de deuda o incluso incrementarla un poco" incumpliendo la meta fiscal del gobierno —fuentes oficiales reconocieron a El País en abril que sería difícil cumplir ese objetivo—, siempre que el contexto antes descripto no varíe. "Por ahora, seguimos jugando en el mejor de los escenarios", sentenció.

Moya coincidió en que "en el corto plazo no luce como dramática" la situación del déficit, pero el debate actual podría servir como "un punto de partida para su reducción", sostuvo.

Lema auguró que la decisión final del gobierno será "privilegiar nuevamente la situación fiscal y sacrificar una rebaja de tarifas", lo cual tendría un "impacto negativo en la competitividad, sobre todo en la producción y exportación de servicios, y en menor medida a nivel industrial". De ocurrir esto, Moya lo definió como "claramente una transferencia de ingresos del sector privado al público de forma explícita".

El vicerrector de la Universidad Católica y miembro del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable, Omar Paganini, dijo a El País que lo ideal para la fijación de las tarifas públicas "es que sea un regulador independiente quien las proponga a partir de un estudio técnico y no se convine eso con la política fiscal". Señaló que al estar en un mercado monopólico, los costos de las empresas "deberían acompañar el precio" ofrecido a sus clientes. Recordó que la Ursea (reguladora de los servicios de gas, agua, electricidad y combustible) tenía hasta 2011 potestades legales para recomendar tarifas, pero esa facultad fue quitada.