Para el 2013, Chile ya había otorgado casi 70 proyectos de asociación pública-privado (APP) para carreteras, aeropuertos, cárceles, yacimientos, transporte urbano y hospitales por un valor total de inversión de US$ 14.000 millones, según datos recabados del Banco Interamericano de Desarrollo.

La Ley de Concesiones establece las responsabilidades institucionales y los procesos para desarrollar e implementar APP. La Unidad de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) actúa como organismo de implementación de todos los proyectos en el citado país sudamericano, y puede recibir propuestas de organismos gubernamentales o de inversionistas privados.

De acuerdo con los datos oficiales, el MOP sigue un proceso “claramente definido” para evaluar proyectos: si uno de ellos es un “buen candidato” para una APP, la Unidad de Concesiones del MOP prepara los documentos detallados de la licitación, lleva a cabo el proceso de licitación, y selecciona y anuncia por decreto al ganador de la misma.

Luego, la Unidad gestiona el contrato de APP durante el término del proyecto, recibiendo informes periódicos del concesionario –con la facultad de solicitar auditorías adicionales para verificar la información recibida– y gestiona cualquier cambio necesario en el contrato. La Autoridad Nacional de Planificación debe revisar y aprobar el análisis técnico y económico del proyecto.

El Consejo de Concesiones –dirigido por el Ministro de Obras Públicas, con un asesor seleccionado por el MOP y otros cuatro asesores que representan a los departamentos de Ingeniería Civil, Economía y Administración, Derecho y Arquitectura de la Universidad de Chile– debe aprobar la decisión inicial de llevar a cabo el proyecto como una APP.

El Ministerio de Hacienda debe aprobar los documentos de licitación de la APP antes de que estos se publiquen, cualquier cambio realizado durante el proceso de licitación y cualquier cambio significativo durante el término del contrato.

El ministro de Finanzas también debe firmar el decreto que otorga el contrato de APP al ganador de la licitación. Para administrar las responsabilidades de supervisión, el Ministro ha establecido una Unidad de Pasivos Contingentes, que se encarga de analizar todos los proyectos en detalle antes de su aprobación, y que calcula el valor de los pasivos del Gobierno al inicio y durante el contrato.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En el marco de una asociación público-privada en Chile, suscrita entre el Estado y el sector privado, cualquiera de las partes puede presentar a un “panel técnico” ante los conflictos que surjan durante la ejecución del proyecto. Si la solución que propone el panel técnico no resuelve el problema, las partes pueden apelar a la Comisión de Arbitraje o a la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo interesante del tema es que la legislación del país trasandino otorga una amplia facultad al Ministerio de Obras Públicas, donde el Congreso nada tiene que hacer.

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