UNIÓN EUROPEA

Autoridades remarcan su deseo de que no sea necesaria y, en consecuencia, acabe en "las estanterías".

EFE

El Gobierno irlandés intensificó ayer sus planes para hacer frente a un "brexit" sin acuerdo con una batería de leyes "históricas" encaminadas a proteger a sus ciudadanos y sectores económicos clave, aunque aún confía en que Londres y Bruselas pactarán un divorcio ordenado.

El llamado proyecto de ley general del "brexit" incluye en sus 70 páginas 15 "mini-leyes" elaboradas por nueve ministerios, en las que que se identifican las áreas que más sufrirán el impacto de una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) a las bravas.

El Ejecutivo de Dublín tramitará este ambicioso paquete legislativo en las dos cámaras del Parlamento durante las próximas tres semanas, antes de que se consume esta separación en la fecha prevista del 29 de marzo "con o sin pacto", indicó el primer ministro irlandés, el democristiano Leo Varadkar.

A pesar de que esta legislación "sin precedentes" es fruto de casi dos años de "intensos esfuerzos", el viceprimer ministro irlandés y titular de Exteriores, Simon Coveney, expresó su deseo de que no sea necesaria y, en consecuencia, acabe en "las estanterías".

Por ello, ambos líderes subrayaron que seguirán trabajando para lograr que su colega británica, la conservadora Theresa May, ratifique el pacto de salida que selló con Bruselas en noviembre, si bien ese texto fue rechazado por el Parlamento de Londres dos meses después.

Entre otras cuestiones, Dublín quiere asegurar que, en un escenario de "brexit" duro, se mantengan, por ejemplo, los acuerdos de extradición entre los dos bloques o que los ciudadanos irlandeses sigan teniendo acceso a servicios sanitarios en el Reino Unido.

El Gobierno también aspira a que sus ciudadanos puedan cobrar sus pensiones y otros subsidios sociales en el país vecino, mientras que considera clave que la red eléctrica de toda la isla de Irlanda siga unificada, tal y como se acordó en 2007 en una reforma transfronteriza del sector energético.

Asimismo, la nueva ley busca dar continuidad al transporte de personas en autobuses y trenes entre las dos jurisdicciones, aún si el Reino Unido se convierte en un "país tercero de la noche a la mañana", recordó Coveney.

No obstante, uno de los sectores que más preocupa al Ejecutivo de Varadkar es el agroalimentario, que se juega más de 4.800 millones de euros anuales si Londres optase por un "brexit" sin acuerdo y asumiese las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Federación Irlandesa de Agricultores (IFA) ha recordado que más de la mitad de la carne de este país se exporta al país vecino, una actividad que podría dejar de ser rentable si se imponen nuevas tarifas y aranceles de la OMC o si el Reino Unido firmase acuerdos con otros proveedores más baratos, como Brasil.

A este respecto, Coveney celebró que la Comisión Europea (CE) haya aceptado excepciones para Irlanda, permitiendo a su Gobierno elevar el nivel de ayuda económica estatal para este sector, con vistas a que las empresas puedan reformar su modelo de negocio y reduzcan su dependencia del mercado británico.

"A pesar de que solo quedan 36 días para el 'brexit', nuestro objetivo sigue siendo la ratificación del acuerdo", subrayó el viceprimer ministro, quien advirtió de que el pacto de salida y su cláusula de salvaguarda para la frontera entre las dos Irlandas son innegociables.

Este mecanismo de seguridad ("backstop" en inglés) se ha convertido en el principal escollo para que Westminster ratifique el plan de salida de May, a la que ha pedido que regrese a Bruselas para obtener concesiones al respecto.

"La salvaguarda tiene el apoyo de la gente a la que quiere proteger, a nuestros ciudadanos en la República (de Irlanda) y a los británicos e irlandeses en Irlanda del Norte", recordó Coveney.

El "backstop" está diseñado para mantener abierta la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda en caso de que Londres y Bruselas no establezcan una nueva relación comercial al final del periodo de transición, en diciembre de 2020.

En ese contexto, todo el Reino Unido formaría una unión aduanera, pero Irlanda del Norte tendría un estatus especial más alineado con el mercado único europeo, a fin de proteger la invisibilidad de la frontera, clave para sus economías y el proceso de paz.

Los diputados conservadores euroescépticos y el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), cuyos diez diputados en la cámara permiten a May gobernar en minoría, rechazan la salvaguarda porque consideran que pone en riesgo la integridad territorial del país.