TRANSPORTE

La decisión de Uber de dar más derechos a sus conductores, bien recibida en el Reino Unido, podría presionar a otras plataformas digitales del país y de Europa que prosperan en la denominada "economía gig", caracterizada por empleos precarios y mal pagados.

Uber concedió a sus más de 70.000 conductores británicos el estatuto de "trabajadores", que les da derecho a un salario mínimo, vacaciones y acceso a un plan de pensiones.

Se trata de un estatuto híbrido propio de la legislación laboral británica: más que el de autónomo que tenían hasta ahora pero menos que el de empleado.

La plataforma tuvo que actuar con rapidez, un mes después de una estrepitosa derrota en la Corte Suprema, que el 19 de febrero dictaminó que los conductores podían ser considerados "trabajadores" y, por tanto, beneficiarse de derechos sociales.

Para David Osbourne, conductor de Uber en Londres, este es "un paso en la dirección correcta".

"Por lo menos estamos recibiendo un poco más de dinero", dice. "Pero esto no es todo", asegura, ya que los beneficios comienzan a contar desde el momento en que el conductor acepta un viaje y no desde que se conecta a la aplicación.

Para el sindicato GMB, "otras empresas de la 'economía gig' deberían tomar nota". "El anuncio de Uber debería marcar el final de los falsos autónomos", afirma su responsable Mick Rix.

En opinión de Susannah Streeter, analista de Hargreaves Lansdown, la decisión de Uber "va a tener un impacto en toda la economía gig".

Es difícil estimar precisamente el número de personas que trabajan en esta economía digital pero la prensa británica menciona a veces la cifra de 5,5 millones.

Uber no ha dado ninguna indicación sobre el impacto financiero de la medida, pero difícilmente puede permitirse aumentar demasiado sus tarifas, especialmente en Londres, donde la competencia es feroz, sin perder cuota de mercado.

Las miradas podrían girarse ahora hacia las plataformas de reparto de comida.

De hecho, los repartidores de Deliveroo están a la espera de una decisión del Tribunal de Apelaciones de Londres para saber si pueden acogerse a un convenio colectivo.

Pero este movimiento también podría tener consecuencias en Europa, donde las cosas se están moviendo, particularmente en España, que ahora considera automáticamente a los trabajadores de reparto a domicilio de todas las plataformas como empleados.

La decisión de Uber "debería ser tomada en consideración por la Comisión Europea", afirma Streeter. Bruselas ha lanzado una consulta sobre los derechos de los trabajadores de las plataformas y podría decidir una nueva legislación a finales de año.

Pero Ludovic Voet, de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se declara contra el estatuto híbrido propuesto en el Reino Unido.

"Estamos en contra de promover un tercer estatuto que es un trabajador menos protegido que con el actual estatus de empleado pero también menos independiente y menos flexible que con el estatus de autónomo. No sería una mejora", dice.

Lo mismo ocurre en Francia, donde el Tribunal de Casación reconoció a un exconductor como empleado en 2020, aunque esta decisión no tuvo muchas consecuencias.

"El gobierno francés ha hecho todo lo posible durante más de un año para proponer un tercer estatuto. Le pedimos que deje de impedir que los conductores sean recalificados", afirma Jerome Giusti, abogado que defiende a los conductores de Uber.

Para Brahim Ben Ali, secretario del sindicato INV, que agrupa a unos 2.000 conductores y firme opositor a la empresa estadounidense, el anuncio de Uber "es solo humo".

"Quieren llevarnos al tercer estatuto para que la Unión Europea nos lleve a su vez en esa dirección. Un verdadero empleado tiene una verdadera protección social. No le corresponde a Uber decidir, hay una ley laboral, hay que respetarla", insiste.