NÚMEROS

El Banco de Previsión Social (BPS) aprobó en la reunión de directorio del jueves pasado el balance 2019, que incluye una asistencia financiera por parte del Estado -si bien en términos contable es un déficit, debe ser cubierto por mandato constitucional- de $ 22.600 millones, equivalentes a US$ 605 millones al valor de cierre del dólar en el año.

“Los datos de 2019 son muy similares a los de 2018, inclusive en lo referido a la asistencia financiera requerida que vuelve a ubicarse en el entorno de 1 punto del Producto Interno Bruto (PIB)”, comunicó el organismo en un resumen que realiza de las reuniones del directorio y sus resoluciones.

Allí también destaca que se habían proyectado $ 24.700 millones de asistencia por parte del Estado, y se terminó requiriendo el 91% del monto.

Según supo El País, al igual que en los últimos años, el balance no fue votado por la representante de los empresarios, Elvira Domínguez.

En 2018 la directora del BPS había explicado que mantiene diferencias contables, respecto a criterios que “tienen impacto de magnitud” en los números, y por eso vota en contra del balance. Domínguez había pedido aquel año realizar una auditoría externa de los números del instituto previsional.

El documento que divulgó el organismo subraya que “por segundo año el balance fue sometido a una auditoría externa, la que resultó satisfactoria, mejorando la performance del balance anterior”.

Consultado al respecto, Carlos Clavijo, integrante de la representación de los trabajadores en el BPS -que participó de la reunión de directorio en reemplazo de Ramón Ruíz- dijo a El País que la auditoría externo revisó “todas las entradas y gastos, así como todo el funcionamiento”.

Señaló que “esto se implementó ante algunas denuncias” por abusos en las certificaciones médicas, y los resultados “dejan bien parado” al BPS en términos de gestión.

Clavijo agregó que en el quinquenio se alcanzaron los distintos compromisos de gestión asumidos, entre ellos la reducción de 15% respecto a 2014 de los gastos de funcionamiento -se lograron bajar 20%-.

“A través de la inversión en nuevas tecnologías, cada vez se acortan más los tiempos para los pagos o para otorgar una prestación”, dijo el representante de los trabajadores.

Sobre la asistencia financiera, indicó que “hace una década que estamos en una meseta” que ubica al monto en torno al 1% del PIB. “No creció (la cifra requerida al Estado) por más que se han dado más prestaciones y derechos”, resaltó.

El BPS había cerrado el 2018 con un déficit de US$ 614 millones, luego de haber requerido asistencia de Rentas Generales por US$ 582 millones en 2017, por US$ 440 millones en 2016 y por US$ 390 millones en 2015 -los datos no son comparables por el efecto de la variación del dólar-.

En 2017 el presidente del BPS, Heber Galli, había declarado que según las proyecciones del instituto hasta 2045 está previsto que la asistencia financiera se ubique en torno al 1% del PIB, para crecer hasta cerca del 2% hacia el año 2065.